Pidieron que Báez sea enviado a la cárcel junto con Urribarri y Aguilera

Los representantes del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos solicitaron la prisión preventiva para Pedro Ángel Báez, exministro de Comunicación y Cultura durante la gestión de Sergio Urribarri. El exfuncionario fue condenado en el marco del megajuicio realizado en 2022 cuando recibió una pena de seis años y medio por delitos contra la Administración Pública.

La medida cautelar busca equiparar a lo que dispuso este martes la Cámara de Casación Penal de Paraná en el caso de Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera. Ambos ya se encuentran entre los muros de la cárcel.

La petición fue formulada esta tarde del 19 de noviembre en los Tribunales de Paraná por los fiscales Ignacio Aramberry, Francisco Ramírez Montrull, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, quienes se presentaron ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por Carolina Castagno, Julian Vergara y Elvio Garzón.

En tanto, los abogados defensores Ignacio Esteban Díaz y José Velázquez solicitaron el rechazo de la medida por considerarla arbitraria. 

Báez siguió la audiencia de manera remota. Entre los argumentos, también mencionaron la imposibilidad de cumplimentar la medida por razones de salud y edad del exfuncionario, hoy de 62 años. Como alternativa, en caso de que se haga lugar al pedido, plantearon la posibilidad de que se disponga la prisión domiciliaria.

Tras oír a las partes, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes para dar a conocer la resolución.

Argumentos de los fiscales

En primer lugar, el fiscal Aramberry argumentó el pedido de prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. En primer lugar, explicó que la sentencia de primera instancia que aplicó prisión efectiva se encuentra ahora ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No obstante, subrayó que “existe un claro riesgo de fuga que puede ser acreditado a través de diversos elementos objetivo que hemos recopilado en la causa, que hemos dado a conocer en esta y la audiencia de Casación, riesgo que solamente pueden ser compensados a través de la prisión preventiva en la unidad Penal”.

“Hay que destacar que hoy los coencausados que se encuentran en la misma situación procesal que el condenado Báez se encuentran en la Unidad Penal con prisión preventiva. 

Es un dato que además de ser novedoso, consideramos de peso si lo confrontamos con los diversos elementos de la causa que hemos dado a conocer en audiencias anteriores. 

Si vinculamos esta situación con el complot en la forma de comisión de delitos, y hacemos la prognosis de posibles riesgos de fuga y, yendo a la situación concreta de Báez, nos parece que su situación personal así como la de los coprocesados es prácticamente idéntica”, fundamentó.

Por su parte, la fiscal Yedro aportó: “Tenemos que manejarnos en base a pronósticos, elementos concretos y ciertos y que es un posible riesgo de fuga. 

La situación de Báez ha cambiado por el fallo de Casación del día de la fecha, pero también debemos valorar no solamente la pena a la cual ha sido condenado, sino también las características personales”.

“Estamos hablando de una persona que tiene sobrados recursos técnicos, económicos y vínculos. Se ha desempeñado como funcionario público de alto rango, con personas que podrían colaborar con esa fuga, y cuenta con recursos económicos suficientes como para poder salir del país fácilmente”, subrayó.

Además, mencionó que el exministro tiene una causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que “se observó que no puede justificar su patrimonio”. “Podemos sospechar que va a eludir el cumplimiento de la condena. Son personas en los que la ciudadanía han depositado la confianza para que los represente y la han defraudado, no estamos ante ciudadanos comunes sino ante personas condenadas por delitos graves que a los estados se nos impone investigar, juzgar y condenar”, completó.

En tanto, Ramírez Montrull enfatizó que “el interés de la ciudadanía es que se condene a los culpables y no haya impunidad” y planteó también que debe valorarse que “la presunción de inocencia se fue desvirtuando” a raíz de los fallos adversos contra Báez.

“Habiéndose respetado rigurosamente el debido proceso es que se debe priorizar este interés y la ciudadanía no debe correr riesgos de que se deba cumplimentar la pena y que no sea una declaración abstracta”, puntualizó.

El representante de la Fiscalía también señaló que Báez “tiene una causa en trámite por enriquecimiento ilícito, donde se lo intimó a justificar una suma mayor a 500.000 dólares. 

Los recursos los tiene y esto acrecienta el peligro de fuga”.

Por último, el fiscal Badano subrayó que el Estado debe cumplir con los tratados internacionales a los que adhirió el país en cuanto a la necesidad de prevenir, sancionar y erradicar la corrupción. 

“Se procura garantizar la posibilidad de sanción, de la pena que en este caso es de cumplimiento efectivo. 

Los deberes que tiene el Estado argentino deben ser garantizados”, remarcó.

Fuente: Análisis Digital