Familiares de líderes criminales entregados por México a EU denuncian supuesto “destierro”

Familiares y abogados de cuatro de los 37 líderes criminales entregados por México a Estados Unidos el pasado 20 de enero presentaron una denuncia penal en contra de autoridades del gabinete de seguridad por supuesto “destierro”.

La denuncia de hechos fue presentada la mañana de este lunes 26 ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria y coalición de servidores, supuestamente cometidos por funcionarios como Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (Segob).

En el documento también se menciona como probables responsables a Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), y a Raymundo Pedro Morales, secretario de la Marina (Semar), así como a la fiscal Ernestina Godoy,

La denuncia fue presentada por Vanessa Guzmán, identificada como pareja sentimental de Juan Pedro Saldívar Farías, alias “Z27”, y los representantes legales de Pablo Edwin Huerta Núñez, alias “El Flaquito”; Itiel Palacios García, alias “Compa Playa”, y Daniel Menera Sierra, señalado como uno de los líderes de Los Z.

Cuestionada sobre esta tercera entrega masiva de líderes criminales, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el miércoles 21 de enero que este “traslado” obedeció a una “decisión soberana” tomada a “conveniencia para México”, aunque reconoció que se hizo a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

“Fueron desterrados, no extraditados”, aseguran familiares

Durante una conferencia de prensa, Vanessa Guzmán aseguró que no se trató de un proceso de extradición, sino de un “destierro”, pues aunque su concubino había sido sentenciado en México, no tenía “en trámite o pendiente por resolverse” ninguna otra causa penal. “Se lo llevaron sin que pudiéramos despedirnos de él”. dijo.

“Mi concubino fue desterrado a los Estados Unidos de América, ya que fue trasladado del Centro de Reclusión con sede en Tepic, Nayarit, e ingresado al Centro de Reclusión con sede en el Estado de México (Altiplano), para de ahí ser llevado por vía aérea hasta la ciudad de Houston, Texas, y fue entregado a autoridades de aquel país”, se puede leer en la denuncia a la que Animal Político tuvo acceso.

Yarei Sánchez Laguna, representante legal de Pablo Edwin Huerta Núñez, alias “El Flaquito”, y de Itiel Palacios García, alias “Compa Playa”, acusó a las autoridades mexicanas de cometer un delito al vulnerar el artículo 22 de la Constitución, que prohíbe expresamente el destierro.

La abogada sostuvo que, tanto en los casos de sus representados como en el de Juan Pedro Saldívar, no se respetó el debido proceso legal, pues estas entregas masivas de presos responden a un contexto de creciente presión internacional en materia de seguridad y cooperación con Estados Unidos.

Finalmente, durante la conferencia, Hugo Dionisio Guadalupe, abogado de Daniel Menera Sierra, señalado como uno de los líderes de grupo criminal conocido como “Los Z”, sostuvo que su representado fue incluido en el último segmento de traslados con un procedimiento interno inconcluso, pese a haberse promovido un amparo indirecto por posibles actos de entrega fuera de la vía legal.

El litigante advirtió que este tipo de decisiones están, en los hechos, anulando el juicio de amparo, “el único medio de defensa que los mexicanos teníamos frente a actos de autoridad”, y alertó que de mantenerse esta práctica el país podría entrar en un “estado de in-derecho”, donde la ley se ejecute “a capricho”, dejando a los ciudadanos sin protección efectiva ante el poder del Estado.

Pablo Edwin Huerta Núñez  Foto: Especial

Sheinbaum asegura que entrega fue una “decisión soberana”

El 20 de enero de 2025, Donald Trump inició su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. Ese mismo día informó que firmaría una “serie de órdenes ejecutivas históricas” en las que incluiría una para designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras.

Exactamente un mes después, el Departamento de Estado designó al Cártel del Golfo (CDG), Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste (CDN), Cártel de Sinaloa y Cárteles Unidos (CU) y a La Nueva Familia Michoacana (LNFM) como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGTs).

Apenas una semana después de la designación, el 27 de febrero de 2025, el secretario Marco Rubio sostuvo una reunión con una delegación mexicana para asuntos de seguridad y agradeció a México por la “expulsión de 29 importantes figuras de los cárteles”, indicando un esfuerzo coordinado en la entrega de objetivos.

Meses más tarde, el 12 de agosto de 2025, México realizó la segunda entrega masiva de personas con supuestos vínculos con el CJNG y el Cártel de Sinaloa, incluyendo a personajes como el líder de los “Cuinis”, “La Tuta” y cercanos a “Los Chapitos”.

El 20 de enero de 2026, mismo día en que Donald Trump cumplió un año como presidente, México realizó la tercera entrega masiva del gobierno de Sheinbaum, entre los que destacaron 37 integrantes del Cártel del Noreste, CJNG, los Beltrán Leyva y el Cártel del Pacífico.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, han sostenido que las personas entregadas a Estados Unidos representaban un riesgo para la seguridad interna del país y que sus traslados se realizaron bajo los mecanismos de cooperación bilateral, sin la participación de fuerzas extranjeras en territorio mexicano.

Sin embargo, para las familias y las defensas legales, la narrativa oficial no logra explicar la suspensión de procesos judiciales que, advierte, deja a los ciudadanos en un estado de indefensión dentro de su propio territorio.

Más allá de los delitos imputados, recuerdan que la presunción de inocencia es una garantía constitucional que no debería ceder ante presiones externas, menos aún cuando provienen del extranjero.

Expertos en seguridad han señalado que desde hace años México y los Estados Unidos han violado, ambas partes, el tratado de extradición entre ambos países, incluso recordando el caso de Juan García Ábrego, jefe del Cártel del Golfo, que en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo fue capturado y extraditado a Estados Unidos bajo el argumento de que se trataba de un “ciudadano estadounidense”.

Para las defensas de los capos, esta creciente cifra de personas “trasladadas” a los EU refleja una política sostenida de entregas aceleradas que, lejos de responder a procesos judiciales concluidos, busca atender exigencias externas en materia de combate al crimen organizado, incluso a costa del debido proceso.

Fuente: animalpolitico