Es Ley: El nuevo régimen penal se aplicará a partir de los 14 años
El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, promulgó la ley nº 10.450, que regula los principios, derechos y garantías de los menores de 18 años que cometan delitos en la provincia. Fue iniciativa de un grupo de jóvenes profesionales, que celebraron la noticia.
La ley 10.450 establece un nuevo procedimiento penal de menores para la provincia de Entre Ríos, que reemplaza lo dispuesto por el Código Procesal Penal vigente en lo concerniente a menores de 18 años, fue aprobado por las cámaras de diputados y senadores de la provincia y ahora promulgado por Bordet. Así, el nuevo sistema entró en vigencia y generó el festejo del grupo de profesionales que impulsaron el proyecto.
La ley promulgada dispone que el nuevo régimen procesal penal es aplicable en el territorio provincial a todo adolescente mayor de 14 años y menor de 18 años al momento de la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal de la Nación.
Asimismo, contempla que los adolescentes mayores de 14 y menores de 16 “únicamente podrán ser sujetos a proceso penal por delitos dolosos que se perpetraren contra la vida, contra la integridad sexual, lesiones graves y gravísimas y/o cometidos con armas”, entre otros hechos detallados en un texto publicado por uno de los jóvenes impulsores del proyecto.
Asimismo, se ordena que “en ningún supuesto se aplicarán medidas de protección en el proceso penal” y que “el juzgamiento oral en única instancia de los adolescentes acusados de un delito, estará a cargo del juez o tribunal con competencia especializada”. Se destaca en la nueva legislación el abandono de la perspectiva “tutelar” (menor igual a objeto de tutela) en pos de la adopción del paradigma de la Protección Integral (niño igual a sujeto de derechos y garantías).
El juez penal de Niños y Adolescentes Pablo Barbirotto, uno de los promotores y autores del proyecto, celebró en su cuenta de Facebook la promulgación de la norma, que ubica a Entre Ríos “a la vanguardia legislativa en la materia, no solo a nivel nacional sino regional”. El jurista ponderó que a partir de ahora “se reconozca a los adolescentes a quienes se les imputa un delito como ciudadanos con derechos y garantías en el marco de un proceso penal seguido contra ellos”.
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