Juró el nuevo Juez de Garantías y Transición de La Paz

El Acto fue hoy a las 12 horas en el Salón de Audiencias del Edificio de Tribunales de calles Sáenz Peña y San Martín de esta jurisdicción. Previamente el Superior Tribunal entrerriano celebró en esta ciudad su reunión de Acuerdo General.

Hoy 28 de agosto el Presidente del Superior Tribunal de Justicia entrerriano, Dr. Emilio Aroldo Castrillón, tomó Juramento y puso en posesión de su cargo al Dr. Walter Daniel Carballo, quien fue designado Juez del Juzgado de Garantías y Transición de La Paz, por Decreto Nº 2276 GOB.

El Acto se realizó a las 12 horas en el Salón de Audiencias del edificio de Tribunales de La Paz, ubicado en la intersección de las calles Sáenz Peña y San Martín.

Además, los Vocales del STJER realizaron en la localidad su reunión de Acuerdo General, a las 9.30 horas.

En la publicación del día Martes, 22 de Mayo de 2018 por www.lasexta.com.ar podemos leer lo siguiente:

Walter Carballo fue funcionario del último gobierno de Jorge Busti y, luego, de Sergio Urribarri. Recientemente, una fiscal calificó de negligente su rol como asesor jurídico en el Ministerio de Comunicación, que dirigía Pedro Báez. Fue en el marco de una causa por contratación irregular de publicidad.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara de Senadores de Entre Ríos publicó en el Boletín Oficial (BO) los antecedentes de Walter Daniel Carballo, propuesto por el Poder Ejecutivo para ser juez de Garantías y Transición de La Paz. El abogado tiene una larga trayectoria en la función pública, que muy pocos recuerdan. Ingresó al Estado en la tercera gobernación de Jorge Busti (2003-2007) y continuó en los gobiernos de Sergio Urribarri (2007 a 2015). 

Por su rol durante la gestión de este último, recientemente, Carballo fue cuestionado por una fiscal que interviene en la causa en la que está procesado el exgobernador Sergio Urribarri y actual presidente de la Cámara de Diputados; el diputado y exministro de Comunicación Pedro Báez y el empresario Germán Buffa.

La crítica partió de la Fiscal General de Coordinación de Paraná, Matilde Federik, quien consideró que Carballo, y otros asesores jurídicos del Ministerio de Cultura y Comunicación, no pusieron atención a las contrataciones que realizaba el entonces ministro Báez.

Fue durante una audiencia que se desarrolló el 20 de abril en los Tribunales de Paraná, en el marco de la causa que investiga la contratación de publicidad oficial con la firma Global Means SA, cuyo presidente es Germán Buffa. Este empresario, además, es señalado por la Fiscalía como testaferro del legislador.

En aquella audiencia, la fiscal Federik afirmó que las irregularidades en esta contratación fueron “groseras”, puesto que se contrató a una empresa que no existía. Y remarcó que los entonces asesores jurídicos del ministerio no actuaron correctamente . En aquella época, los asesores eran Pablo Dimier, María del Carmen Teruel y Walter Carballo, el devenido en Juez del Juzgado de Garantías de La Paz.

Federik explicó que la firma Global Means SA se constituyó el 16 de septiembre de 2011 y que apareció inscripta en el Registro de Medios del Gobierno el 1° de julio. Lógicamente, la acusadora subrayó que ello era imposible: “No se pudo haber inscripto el 1° de julio en ese Registro de Medios una firma cuyo registro de inscripción en la Dirección de Personas Jurídicas se da recién el 16 de septiembre de 2011. Salvo que el señor Buffa tuviera poderes de adivinación, y supiera cuáles eran los números que le iban a asignar en Personas Jurídicas”, ironizó en ese entonces.

Enseguida, reprochó la declaración de los asesores legales del Ministerio de Cultura y Comunicación - Dimier, Carballo y Teruel-, “que vinieron a declarar y trataron de defender su propia negligencia”.

Por el contrario, el abogado de Urribarri, Marcos Rodríguez Allende, destacó el rol de los asesores para justificar la contratación de la firma de Buffa. “De los tres testimonios jurídicos, de María del Carmen Teruel, Pablo Dimier y Walter Carballo, se coincide que las publicidades necesitan una rapidez, por eso la regla es la excepción. Esto no lo decimos nosotros, no lo dice Urribarri: lo dicen los representantes jurídicos del Ministerio de Cultura”, planteó aquella vez.

La última novedad en esta causa es que el juez de Transición Gustavo Maldonado pidió a la Cámara de Diputados el desafuero de Sergio Urribarri y de Pedro Báez, paso previo para ser llevados a juicio oral y público.

De funcionario a juez

Según los antecedentes difundidos en el Boletín Oficial, Carballo nació el 15 de diciembre de 1964, en Pergamino, Buenos Aires; y cuenta con el título de abogado recibido en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, en el año 2000; más el de Martillero Público y Mediador.

Entre los antecedentes laborales, el pliego de Carballo detalla que se matriculó en el Colegio de Abogados de Entre Ríos el 9 de febrero de 2001; que ingresó a trabajar en el Poder Judicial de Santa Cruz el 16 de mayo de 2005; y el 8 de julio de ese año arribó al Poder Judicial entrerriano. Su primer trabajo en la Justicia provincial fue como Defensor Adjunto Suplente (Penal) en la Defensoría de Pobres y Menores de Concordia.

El pliego de antecedentes también da cuenta de su larga trayectoria en la función pública, donde ocupó diferentes cargos durante los gobierno de Jorge Busti, primero; y Sergio Urribarri, después.

En diciembre de 2003, durante el bustismo, Carballo fue designado como Director de Política Legislativa y Judicial, dependiente de la Secretaria de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos que estaba a cargo de José Carlos Halle –hoy titular del EPRE-; en julio de 2004, en tanto, fue designado Director General de la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito; más tarde, en 2007, ya en el gobierno de Urribarri, fue designado Subsecretario de Justicia; un año después, en febrero de 2008, asumió como Secretario de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos; cuatro años después, en marzo de 2012, fue nombrado Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Cultura y Comunicación, que comandaba Báez.

En unas semanas, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara de Senadores, que preside Lucas Larrarte, fijará la audiencia pública en la que Carballo deberá responder las preguntas de los legisladores. Habrá que ver, entonces, si algún senador le consulta sobre su rol como asesor jurídico en el Ministerio de Comunicación en tiempos de Báez, donde hubo contrataciones irregulares que están cerca de llegar a juicio.