Barrandeguy propuso una comisión investigadora por los dichos de Castrillón

El abogado y exconvencional constituyente Raúl Barrandeguy consideró que no deben pasarse por alto las declaraciones del presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón, quien refirió que en el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Jorge Amilcar García, existen causas penales que involucran a políticos que fueron supuestamente armadas o que se demoran o avanzan según alguna conveniencia política. También afirmó que existiría injerencia de la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, en el organismo encargado de la acción pública en la provincia.

“Podría ser que el Poder Legislativo creara una comisión, no investigadora en el sentido sancionatorio, pero sí una investigación evaluadora", propuso.

Consultado por Entre Ríos Ahora, Barrandeguy, que ejerce la defensa del exgobernador y diputado provincial saliente Sergio Urribarri en diferentes causas por corrupción, opinó que podría conformarse una comisión legislativa a los fines de evaluar los dichos de Castrillón y darle una respuesta a la ciudadanía sobre el funcionamiento de la justicia.

No obstante, consideró que el supremo debería dar más precisiones sobre sus explosivas declaraciones a los fines de que se esclarezca más rápidamente el asunto que denunció en declaraciones periodísticas. 

“Cuando una persona en el ejercicio de esta magistratura dice lo que ha dicho Castrillón, no nos podemos hacer los desentendidos”, aseveró el abogado.

Este miércoles, tres dirigente de Juntos por el Cambio expresaron su preocupación por los dichos del alto magistrado: Raymundo Kisser, senador provincial saliente por el departamento Paraná; la diputada nacional Gabriela Lena; y el senador electo por el departamento Federación, Rubén Dal Molín. 

En cambio, aún ningún dirigente peronista se ha manifestado al respecto.

Consultado sobre qué opina sobre los dichos de Castrillón, dijo: “La verdad que el doctor Castrillón ha venido haciendo afirmaciones un poco ambiguas e imprecisas, pero siempre claras en el sentido que adjudica al sistema de la persecución penal de la provincia (Procuración) responsabilidades significativas y que se tienen que esclarecer y determinar. 

No es posible que un presidente del Superior Tribunal diga las cosas que ha dicho, no sé si son ciertas o no, pero tampoco podemos pensar que son absolutamente falsas y que a nadie le moleste ni le preocupen”.

En ese marco, el abogado puntualizó que el Estado y el Poder Judicial Republicano deben: “Iniciar algún tipo de actuaciones tendiente a determinar qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que en realidad está imputando Castrillón, si es que imputa algo a alguien. 

Y qué elementos de convicción hay para tomar alguna decisión institucional. No estoy hablando ni de disciplina ni de causas penales. Las afirmaciones que ha hecho sobre los sueldos, las afirmaciones sobre la velocidad o lentitud de algunas causas y la posibilidad de que algunas sean usadas por fines políticos. 

Todo ese tipo de afirmaciones, además en el contexto nacional en que se están dando, merecen algún tipo de atención. Creo que estas cosas no es que se deban dejar pasar, se deben tener en cuenta”.

Al señalarle que la diputada nacional Gabriela Lena (Cambiemos) dijo que el Procurador debe abrir una investigación de oficio, pero precisamente Castrillón acusa a García, Barrandeguy fue consultado sobre quién debería tomar cartas en el asunto.

“La investigación de oficio es si se determinara algún delito entre las cosas que ha dicho (Castrillón). Si se determinara, correspondería una investigación de oficio. Pero, sin llegar a tanto, nada más que con lo que ha dicho es evidente que los poderes del Estado, sobre todo el Judicial y Ejecutivo, en los aspectos que Castrillón ha señalado, tienen que hacerse cargo y dar alguna explicación. 

No puede ser que si el presidente del Superior Tribunal ha dicho todas las cosas que ha dicho, pasemos la hoja como si está hablando Riquelme de Carlitos Tévez. Le dan más importancia a la opinión de Riquelme sobre Tévez, que a la opinión de Castrillón sobre el funcionamiento de la potestad de investigar y perseguir delitos y contravenciones en la provincia”, sostuvo.

En esa línea, Barrandeguy opinó que “podría ser que el Poder Legislativo creara una comisión, no investigadora en el sentido sancionatorio, pero sí una investigación evaluadora del funcionamiento del Poder Judicial en los aspectos a los que el presidente del Superior Tribunal se ha referido”.

A su vez, entendió: “La Cámara de Diputados podría perfectamente hacerlo. Son absolutamente constitucionales las comisiones investigadoras con facultades de allanamientos, secuestros y de designar personal. Es un mecanismo constitucional que se arma institucionalmente en 24 horas. Hay antecedentes. 

Por lo menos una comisión que dijera ‘acá hay afirmaciones de una persona que debemos tener en cuenta por su investidura, que no son favorables a la idea ciudadana de que en el Poder Judicial la persecución de los delitos no funcionan bien’”.

“Hagámonos cargo de eso y veamos qué respuestas le debemos dar al justiciable, a los ciudadanos, para que todos estemos tranquilos acerca de que no nos va a caer un allanamiento porque en política estamos en el bando de enfrente de algún funcionario”, agregó el letrado y remarcó que “hay varias autoridades que están convocadas por el cargo que ejercen a asumir que esto es serio y a dar una respuesta a la ciudadanía”.

“¿Cree que en la provincia se dé vuelta la página después de estos dichos?”, fue inquirido. A lo cual observó: 

“Podría pasar una cosa o la otra, pero debemos asumir que un punto de degradación institucional como el que suponen las declaraciones de Castrillón, si se corresponden con una situación de la realidad, hay que corregirlas. Sin no se corresponden, si son opiniones de una persona que está enojada, que está resentida, y que no quiso decir lo que dijo, también hay que aclararlas para que estemos todos seguros de que las cosas no están mal”.

“En definitiva, usted está de acuerdo con lo que dijo Castrillón o no está de acuerdo en cómo lo dice. ¿Qué opinión tiene en general?”, fue la última pregunta al letrado, quien señaló: “A Castrillón lo conozco hace mil años. Él tiene un estilo confrontativo. Un estilo desordenado en la forma de manifestarse y así ha sido legislador. 

Eso no le ha significado ningún inconveniente para hacer una carrera política, ganarse un nombre, ser respetado y ser elegido presidente del Superior Tribunal. 

No tengo amistad ni tampoco enemistad con Castrillón, pero si él ha estado preocupado por el funcionamiento de las cosas que señala me parece que debería ser un poco más preciso para facilitarle a los que tienen que hacer la tarea de investigar. 

Tengamos la opinión que tengamos, no podemos dejar de asumir que cuando una persona en el ejercicio de esta magistratura dice lo que ha dicho Castrillón, no nos podemos hacer los desentendidos”.