De magistrado enjuiciado a magistrado jubilado

Bordet y sus espadas jurídicas se refugian en el silencio. Pero por lo bajo alientan el trámite del juicio político promovido contra el controvertido vocal Castrillón. Sin embargo no todos los legisladores oficialistas están convencidos de avanzar con la acusación. 

El Poder Ejecutivo saldará un conflicto concediendo el beneficio previsional al juez Castrillón

A paso redoblado, mientras tanto, prospera en la Caja de Jubilaciones el trámite del beneficio previsional solicitado por el miembro del Superior Tribunal. 

Formalmente el expediente ingresó hace una semana, pero Castrillón viene aportando la documentación desde febrero cuando en forma oral comunicó su voluntad de jubilarse. 

Crece la impresión que sería una salida salomónica: el gobierno oxigenaría al Poder Judicial y Castrillón evitaría la destitución. 

Pero al mismo tiempo perdería la oportunidad única de revolear acusaciones en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, un sentido deseo personal. 

Castrillón sorprendió ayer al llegar a la oficina de su viejo adversario, el procurador García, para pedirle que sea él quien le tome declaración en el expediente en el que se investiga la gresca que protagonizó en La Paz en marzo de este año.

Antonio Tardelli

Los interesados en la suerte de Emilio Castrillón, el polémico vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) sobre quien pesa una denuncia que puede costarle la destitución, intentan descifrar el silencio en el que se sumieron los funcionarios del gobernador Gustavo Bordet en el mismo instante en que se inició en la Cámara de Diputados el proceso de juicio político. 

Sus colaboradores más estrechos juran que la actitud del primer mandatario es de absoluta prescindencia y que se limita a seguir con atención las alternativas del trámite. 

Ocurre que no hacer nada es un concreto modo de comportarse: el gobierno estaría actuando por omisión. Pero no es la verdad completa. Bordet hizo un par de cosas más.

Un funcionario curioso intentó conocer el pensamiento del gobernador horas antes de que la Comisión de Juicio Político admitiera el planteo del periodista Daniel Tirso Fiorotto, quien denunció a Castrillón por mal desempeño de sus funciones en virtud de una serie de hechos que incluyen el alboroto callejero del que fue parte en La Paz el 28 de marzo. 

“Yo no me meto”, respondió el gobernador. Es difícil de creer que el primer mandatario, que a través de un par de funcionarios mantuvo varios entredichos con el locuaz Castrillón, se esté limitando a un rol de mero observador. 

Pero su silencio, contagiado a algunos de los diputados justicialistas que deberán decidir si acusan o no al vocal del STJ, es motivo de múltiples conjeturas. También de algunas conclusiones provisorias.

Que el gobernador no intervenga significa, por lo pronto, que desde la Casa Gris no se ha desplegado estrategia alguna para sostener a Castrillón, un juez que antes de revistar en el Poder Judicial fue legislador por el Partido Justicialista (PJ). 

Esa inacción se correspondería con la decisión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político de declarar admisible la denuncia formulada contra el miembro del Superior. 

Los diputados justicialistas se han mostrado hasta acá como soldados obedientes del Poder Ejecutivo y no han llegado aún los tiempos políticos en que afloran las rebeldías.