¿Es ético obligar a los ciudadanos a vacunarse contra el COVID-19?

Cada vez más gobiernos, organizaciones y empresas deciden imponer la vacuna contra el coronavirus. Una polémica que pasa por argumentos de ética, eficacia, sanciones y costos. ¿Vacunarse es una decisión personal?

Pedir el código de acceso sanitario, que certifique vacunación contra el COVID19, se está volviendo común para ingresar a cualquier local. Discoteca en San Francisco, California.
AFP

¿Es más eficaz la vacunación obligatoria, los incentivos o las sanciones para quienes no quieran inmunizarse contra el coronavirus?

El debate está abierto, pero varios gobiernos de países amenazados por un aumento de contagios por la variante delta decretaron que vacunarse es una obligación, en especial para ciertos grupos poblacionales, incluso empresas como Google y Facebook determinaron que los empleados que vuelvan a la presencialidad deben estar vacunados.

De acuerdo con sociólogos, obligar a poblaciones adultas a vacunarse es poco frecuente por una buena razón:

“Los beneficios no son muchos frente a una comunidad que puede tomar sus propias decisiones”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que la obligatoriedad para lograr objetivos de salud pública debe ser “proporcionada”, es decir, en ciertos grupos como niños, viajeros o ciertos trabajadores.

Un estudio de la Universidad de McGill en Canadá encontró que antes de la pandemia de COVID-19, 105 países tenían una vacuna obligatoria para adultos, donde 62 imponían sanciones por incumplimiento, y los resultados no eran mejores que sin decretar la obligatoriedad.

Hoy, cuando el número de muertos en el mundo por coronavirus asciende a más de 4 millones y los contagios crecen por cuenta de la variante delta, varios países decidieron ser radicales.

El Reino Unido tiene planes de obligar a la inmunización a todos los trabadores de la salud y a los cuidadores de ancianos y niños, medida que se aplicaría a partir de octubre y, de acuerdo con The Guardian, incluiría también a estudiantes que quieran ir a clases presenciales.

En Francia, un proyecto de ley que deberá ser promulgado en los próximos días contempla la obligación de la vacuna en el sector sanitario y profesionales que trabajen en contacto con personas vulnerables, quienes deben tener el esquema completo de dosis para el 15 de septiembre.

En Grecia, los trabajadores de los centros de adultos y centros de salud deben tener las dos dosis de la vacuna. El viceministro de Educación, Angelos Syrigos, aseguró que a las universidades solo tendrán acceso personas vacunadas o que hayan superado el virus.

Desde junio, Australia obliga a los trabajadores y empleados de atención a personas mayores de alto riesgo a vacunarse;

Indonesia hizo obligatorias las vacunas anti-COVID-19 en febrero, y la capital, Yakarta, amenazó con multas de hasta 5 millones de rupias (US$357) por rechazar la vacuna;

en Italia, un decreto aprobado por el gobierno en marzo, ordena que los trabajadores de la salud, incluidos los farmacéuticos, se vacunen. Aquellos que se nieguen podrían ser suspendidos sin paga por el resto del año.

Hungría es otra nación que obliga, desde el 23 de julio, a los trabajadores de la salud a inmunizarse. Malta prohíbe la entrada de visitantes sin vacunas, Polonia se plantea obligar a personas de alto riesgo a recibir las dosis antiCOVID.

En Moscú hay un plan que requiere que el 60 % de los trabajadores de servicio público estén vacunados antes del 15 de agosto, según el Moscow Times.

En Arabia Saudita los trabajadores que quieran volver a sus oficinas deben demostrar que están vacunados e igual se requerirá la vacunación para ir a centros educativos, oficinas públicas o si se quiere usar el transporte público.

Turkmenistán impuso a partir del 7 de julio vacunación obligatoria para los mayores de 18 años.

Canadá anunció el 20 de julio que estaba considerando obligar a ciertas profesiones y trabajadores del gobierno federal a vacunarse;

en Portugal y Alemania está descartada la vacunación obligatoria, aunque sí se debate, en cambio, la posibilidad de dar más libertades a quienes tengan las dosis completas.

Por su parte, el presidente Joe Biden descartó, por el momento, la obligatoriedad de la inmunización pero tomó una serie de medidas, como exigir a millones de empleados federales que se vacunen o se sometan a llevar tapabocas en el trabajo, mantener distanciamiento físico con otros empleados y hacerse pruebas de detección dos veces por semana.

En estados como Nueva York y California los gobiernos están tomando medidas. Empresas como Google informó a sus más de 130.000 empleados en todo el mundo que tienen la obligación de vacunarse contra el COVID-19 para regresar a las oficinas en octubre. Facebook, Netflix y Uber dicen que exigirán a sus empleados vacunarse.

Pero, ¿hasta qué punto los gobiernos pueden obligar a las personas a vacunarse?

“Pueden hacerlo en la medida que la legislación lo permita. En EE. UU., por ejemplo, ya hay precedentes que permiten al gobierno federal y a los gobiernos estatales requerir estas inmunizaciones, y no estamos hablando de la vacuna contra el coronavirus, es decir, este asunto no es nuevo”, dijo David Mauricio Castrillón, profesor de la Universidad Externado.

“Además de entender si es legal o no, aquí hay un debate sobre cuáles son los derechos que deben prevalecer, si los derechos individuales o los colectivos, que también están en la Constitución.

Es una discusión en la que ya vimos decisiones de la Corte Suprema de EE. UU. en el pasado, que determinó que sí se podía exigir la vacunación.

Sería interesante ver qué pasaría con este tema en la Corte Suprema actual, si el caso llegara a ese nivel”, agregó el profesor.

Desde 1905, cuando la Corte Suprema de EE. UU. aprobó una ley de Massachusetts que imponía multas a las personas que se negaban a vacunarse contra la viruela, las cortes han ratificado la autoridad de los estados para hacer cumplir la vacunación.

Un siglo después, con la pandemia de la gripe porcina en 2009, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de ese país sostuvo que los empleadores podían exigir a sus empleados ciertas vacunas. (Sin olvidar que en todos los estados otorgan exenciones médicas y en 45 otorgan exenciones religiosas).

Sin embargo, algunos académicos sostienen que con esta pandemia del coronavirus el manejo no debería ser distinto.

Alberto Giubilini, investigador sénior del Centro Uehiro de Ética Práctica de la Universidad de Oxford, explicó que “la vacuna contra el COVID-19 debería ser obligatoria, al menos para ciertos grupos.

Esto significa que habría sanciones por no vacunarse, como multas o limitaciones a la libertad de movimiento”, según una entrevista publicada en The Conversation en 2020.

El investigador comentó que a diferencia de la vacunación obligatoria, la cuarentena implica costos individuales y sociales muy grandes.

“Es inconsistente que una persona acepte el bloqueo, pero rechace la vacunación obligatoria; esta última puede lograr un bien mayor a un costo mucho menor.

Y no solo eso, estar vacunado reduce drásticamente el riesgo de dañar gravemente o matar a otras personas”, sostuvo.

Anthony Skelton, profesor asociado de filosofía de la Universidad de Western, se refirió a la vacunación obligatoria para niños en Canadá y sostuvo que “debemos protegerlos de los efectos mentales y físicos de la cuarentena.

O de los resultados de restricciones insuficientes, como el cierre de escuelas debido a la propagación de infecciones”, dijo Skelton al mismo medio estadounidense.