Megajuicio: el misterio del disco rígido

La sexta jornada de audiencias públicas del megajuicio que se sustancia contra el exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri, tuvo las ausencias de varios de los imputados. 

Ya tenían permiso para no estar presentes, ni de forma presencial ni de modo remoto, el exministro de Turismo, Hugo Marsó, y el empresario Gerardo Caruso, que fundó la firma El Juego en Que Andamos y montó el pelotero en Mar del Plata, que le costó a la Provincia $14 millones, y que según Fiscalía, se utilizó para el lanzamiento de la precandidatura a presidente del exgobernador.

Tampoco fueron de la partida el exministro de Comunicación y Cultura, Pedro Báez –por malestar de salud-; el empresario Maximiliano Sena, según el Ministerio Público Fiscal, un “prestanombre” para las empresas que se atribuyen al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, Tep SRL y Next SRL, sospechadas de un manejo “cartelizado” de las pautas publicitarias durante el urribarrismo. 

Tampoco estuvo el empleado de Turismo Gustavo Tamay, ni el funcionario Gustavo Tortul. La esposa de Aguilera, Luciana Almada, fue autorizada a ausentarse hasta que se disponga su presencia en Tribunales.

Respecto del imputado Hugo Céspedes, que falleció el fin de semana, el Tribunal conformada por José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón aguardará contar con el certificado de defunción para dictar el sobreseimiento por extinción de la acción penal. 

Céspedes fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur, desde donde se contrató, en 2014, a la empresa de Jorge “Corcho” Rodríguez para difundir 4 spots publicitarios por la Cumbre Mercosur que ese año se realizó en Paraná. 

La Fiscalía asevera que los spots fueron, en su mayoría, una promoción de la figura de Urribarri en el marco del “Sueño Entrerriano” –su aspiración a suceder a Cristina Kirhner en la Presidencia-, y en eso se gastaron más de $28 millones.

El tribunal –que había propuesto dejar de transmitir las audiencias por el canal de YouTube del Poder Judicial y permitir el ingreso de periodistas a la sala de audiencias, propuesta rechazada por los defensores de los imputados- decidió que seguirá transmitiéndose on line el megajuicio pero que no quedarán en la web los videos para evitar que futuros testigos contaminen su testimonio con lo ya escuchado por los jueces.

Este martes fue el turno de los primeros tres testigos aportados por la Fiscalía. El primero fue un oficial de la Policía Federal, Enrique Maximiliano Pepe, que prestó servicios en la Delegación Paraná de esa fuerza pero que ahora está destinado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Pepe participó de los allanamientos ordenados por la Justicia el 1° de agosto de 2016 en las empresas Tep SRL y Next SRL, en Feliciano al 800 y Racedo al 400, y dio detalles de esos procedimientos.

No aportó demasiados datos de relevancia, aunque como ocurrió con los dos testigos que siguieron, las preguntas y repreguntas ocuparon varios minutos. El defensor Miguel Cullen llegó a interrogarlo si sabía quién estaba al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación en 2016. El testigo Pepe dijo no recordar.

Luego, siguió Teresa Pot, una empleada doméstica que trabaja en la casa de una docente jubilada que habita en una vivienda ubicada en calle Irigoyen al 800, contiguo a los galpones de Tep SRL. 

La mujer, mientras hacía la limpieza de la casa, halló un adminículo que primero pensó que se trataba de un juguete, y con esa idea se la entregó a la dueña de casa.

La propietaria de la vivienda, al enterarse que aquel 1° de agosto de 2016 se realizaba un allanamiento a los vecinos, acudió a la Policía y dijo que tenía algo para entregar.

“Era una cajita negra”, alcanzó a describir la empleada.

El disco rígido hallado el 1° de agosto de 2016, eje del debate en la sexta jornada del megajuicio.

El tercer testigo de la jornada, el delegado judicial Ignacio Andrés Fariña, que participó del allanamiento a la firma Tep SRL, acudió a la vivienda de la docente jubilada, de apellido Brambilla, por indicación del fiscal Santiago Brugo. 

Allí recogió el “juguete”: se trataba de un disco rígido. “Nos entrevistamos con la señora Brambilla. 

La dueña de la casa nos informa que su empleada había encontrado en el momento que estaba realizando limpieza algo que en primera instancia habían pensado que se trataba de un juguete. 

Le pidió a la empleada que baje el juguete, que estaba en una canaleta del techo”, relató.

Cuando lo tuvo en sus manos, Fariña cayó en la cuenta de que se trataba de un disco rígido extraíble, “bastante sofisticado”.

Maximiliano Sena.

¿Cuál es la hipótesis del Ministerio Público Fiscal respecto a cómo llegó ese disco rígido al techo de la casa de la docente jubilada Brambilla?

El lunes 27 de septiembre, en el alegato de apertura del megajuicio, la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche responsabilizó a la contadora Corina Cargenal de haber arrojado ese disco rígido. 

“La contadora era tan consciente de la ilicitud de este hecho que el día de los allanamientos, el 1° de agosto de 2016, en las oficinas de Racedo al 400, arrojó por el ventiluz de uno de los baños, un disco rígido. 

No se imaginó que la vecina de la casa lindera, convocó al personal policial y a los fiscales, y permitió el secuestro de ese disco rígido. 

Una vez que se abrió, se descubrió por qué lo arrojó. Era la caja negra de las maniobras ilícitas para la sustracción de dineros públicos”

Aquel allanamiento se dio en el marco de la denominada «causa de la vaca», una de las tres grandes investigaciones penales que sentaron en el banquillo de los acusados al exgobernador Sergio Urribarri.

Maximiliano Sena.

¿Cuál es la hipótesis del Ministerio Público Fiscal respecto a cómo llegó ese disco rígido al techo de la casa de la docente jubilada Brambilla?

El lunes 27 de septiembre, en el alegato de apertura del megajuicio, la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche responsabilizó a la contadora Corina Cargenal de haber arrojado ese disco rígido. “La contadora era tan consciente de la ilicitud de este hecho que el día de los allanamientos, el 1° de agosto de 2016, en las oficinas de Racedo al 400, arrojó por el ventiluz de uno de los baños, un disco rígido. 

No se imaginó que la vecina de la casa lindera, convocó al personal policial y a los fiscales, y permitió el secuestro de ese disco rígido. Una vez que se abrió, se descubrió por qué lo arrojó. Era la caja negra de las maniobras ilícitas para la sustracción de dineros públicos”.

Aquel allanamiento se dio en el marco de la denominada «causa de la vaca», una de las tres grandes investigaciones penales que sentaron en el banquillo de los acusados al exgobernador Sergio Urribarri.

Emiliano Giacopuzzi.

La fiscal habló de maniobras de Urribarri y de Báez para «desviar» fondos a favor de las empresas del cuñado Aguilera, y de las firmas de Montañana y de Bustamante, «con las que Aguilera había realizado aquel acuerdo de cartelización. 

Las tres empresas , Tep y Nex eran una única firma, absorbieron toda la publicidad estática en vía pública. Y actuaban bajo la ficción de un reparto de publicidad».

El mecanismo fue aceitado con la decisión de «ordinarizar» las contrataciones. Así, especificó Goyenehche, la contratación directa fue la regla. 

De las 142 contrataciones imputadas como irregulares, todas fueron discrecionalmente definidas por estos dos funcionarios. Transformaron exprofeso la excepción establecida en la contratación de publicidad en algo habitual. 

Cada una de estas contrataciones ilícitas implicaron también implicaban sustracción de dineros públicos, por el direccionamiento y el retorno del dinero».

En ese marco, apuntó, «prestó colaboración relevante el imputado Gustavo Tamay, que era responsable de certificar la publicidad en la vía pública». En ese sentido, sostuvo que Tamay «expidió falsas certificaciones que daban cuenta de la realización de la publicidad contratada, cuando en realidad las publicidades no estaban realizadas o estaban sustituidas para un fin individual. Es por estas falsificaciones que en la opinión publica esta causa se la conoce con el nombre de la ‘causa de la vaca’».

Después, apuntó contra los empresarios Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena, a los que sindicó como «prestanombres» para las empresas de Aguilera, y a la contadora de las firmas Tep SRL y Next SRL, Corina Cargnel, «responsable de obtener los reintegros de lo que cobraban las empresas cartelizadas. 

La contadora era tan consciente de la ilicitud de este hecho que el día de los allanamientos, el 1° de agosto de 2016, en las oficinas de Racedo al 400, arrojó por el ventiluz de uno de los baños, un disco rígido. No se imaginó que la vecina de la casa lindera, convocó al personal policial y a los fiscales, y permitió el secuestro de ese disco rígido. Una vez que se abrió, se descubrió por qué lo arrojó. Era la caja negra de las maniobras ilícitas para la sustracción de dineros públicos».

Global Means y Buffa

Después, apuntó a la contratación de la firma Global Means, del empresario Germán Buffa,que siguió las audiencias vía remota. El caso se originó a partir de una denuncia del exdiputado nacional Jorge D´Agostino.

Buffa fundó la empresa Global Means SA junto a Leonardo Víctor Poma. El acta de constitución de esa empresa está fechada el 15 de agosto de 2011. Pero extrañamente , un mes antes la firma ya operaba como proveedora del Estado entrerriano. 

Todo fue extraño, a decir verdad: la orden de publicidad que le pagó la administración Urribarri/Báez está fechada el 1° de julio de 2011; Global Means SA presenta presupuesto recién el 15 de julio de 2011, y la sociedad se constituiría el 15 de agosto de ese año.

 

Según la fiscalía, para la presunta contratación amañada también se sortearon los mecanismos legales de contratación, como la competencia de oferentes, es decir la licitación pública. 

Otro detalle que surgió, es que el pago de los $118 mil se dio cuando la empresa beneficiada ni siquiera se encontraba inscripta en el Registro de Medios.

«Báez direccionó una contratación hacia la empresa Global Means», fustigó Goyeneche. «La elección de esta empresa no fue casual. Existió un vínculo estrecho entre el titular Germán Buffa y Báez. Esto llevó a contratar y sortear las cuestiones legales, para incurrir en groseras irregularidades administrativas, que ocultaban el direccionamiento», dijo.

Al final, la Procuradora Adjunto detalló de qué modo Urribarri financió el «Sueño Entrerriano» con fondos del Estado provincial, y que retrató en las tres causas agrupadas en un único expediente. «El denominador común es la desviación hacia interese particulares. 

El objetivo fue promover el conocimiento de su imagen personal como posible futuro candidato a presidente de la República», detalló.

En ese marco se dio la contratación de una solicitada en varios medios nacionales que le costó al Estado $4 millones, 504.700 dólares.

La solicitada y las contrataciones para la Cumbre

Más adelante, la fiscal refirió que en junio de 2014 Urribarri, en su calidad de gobernador y precandidato a presidente, difundió una solicitada contra los Fondos Buitre pagada con fondos públicos.

«Vamos a demostrar que Urribarri y Báez sustrajeron de la partida presupuestaria que tenían en custodia la suma de 4.504.700 dolares», señaló.

Luego también mencionó la investigación abierta por las contrataciones durante la Cumbre del Mercosur que se desarrolló a fines de 2014 en Paraná. «En noviembre de 2014, Urribari y Báez sustrajeron fondos públicos que destinaron a la Cumbre de Mercosur. 

Fueron $28,4 millones para la contratación de cuatro spots publicitarios para instalar la imagen de Urribarri a nivel nacional. Ese dinero equivalía a 3.221.000 dólares», aseveró.

Aguilera

Al respecto, manifestó que con «el fin de soslalyar los procedimientos de control, se encuadró esa contratación en el marco de la Ley 10326, la que declaró de interés provincial la Cumbre».

Enseguida, recordó que para la realización de los spots se contrató a la firma Nelley Entertainmaint, cuyo titular era Jorge Ernesto «Corcho» Rodríoguez, quien accedió a una suspensión del juicio a prueba en diciembre de 2018.

«La contratación fue una fachada a través de la cual se ocultó que se negoció directamente, brindando ventajas solo al empresario con que se quería contratar. No solo se negoció antes con Rodríguez y su empresa, sino que además la publicidad del llamado a licitación fue tan genérica que ninguna empresa podía presentarse sin conocer cual era el objeto», subrayó Goyeneche.

Sobre esta causa, dijo que «no se rindió a la Legislatura el gasto de la Cumbre» y que lo rendido fue oro dinero de campaña publicitaria.

El parador en Mar del Plata

Por otra parte, la fiscal también pasó revista a la causa iniciada por la instalación de un parador playero en Mar del Plaza, en enero de 2015, cuando Urribarri estaba en plena campaña por su precandidatura a presidente. 

En este caso también están imputados el exministro de Turismo, Hugo Marsó; y el empresario Gerardo Caruso, de la firma ‘El juego en que andamos’.

Al respecto dijo que se desvió dinero públio con interés particular: «Vamos a demostrar el direccionamiento de la contratación hacia la firma ‘El juego en que andamos’. 

Hubo una adjudicación de $14 millones a una empresa con patrimonio de $60 mil. Y que no tenía antecedentes, porque había empezado actividades seis meses antes».

Sostuvo luego que en noviembre de 2014, el cuñado de Urriabrri, Juan Pablo Aguilera y Franco Urribarri, hijo del entonces gobernador, viajaron con Caruso a Mar del Plata «un mes antes de publicarse la contratación» y que el viaje «fue abonado por la empresa Relevamientos Catastrales SA, de Diego Armando Cardona Herreros, del círculo íntimo del señor Urribarri vinculados con la corrupción».

Explicó que el dinero se sustrajo de dos maneras: «La primera porque se convirtió la contratación pública en una con un destino particular. El auténtico objeto fue la promoción de la imagen de Urribarri».

También afirmó que en esa contratación hubo «retornos» de $2 millones -de los $14 millones- en efectivo a Aguilera, que era titular de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires y jefe de campaña.

Indicó que una parte del dinero fue para contratar las imágenes de la campaña de Urribarri en las rutas de la provincia de Buenos Aires. 

Para el servicio de cartelería en el vía pública se contrató a la firma «X la plata Publicidad», a la que se le pagaron $338.800; y agregó que una tercera parte del retorno hacia el círculo de Urribarri «está dada por el retorno de $2.468.000 que se devolvieron por el Juego en que andamos, a terceras empresas, vinculadas a Aguilera».

Tras oír a la Fiscalía, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta este martes, cuando será el turno de los alegatos de los abogados defensores.

Fuente: entreriosahora