Cuadras de asfalto: definen competencia provincial y ordenan probation para empresarios

Se trata de la causa por presunto peculado en la que está imputado el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi; María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena).

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) dictaminó este 10 de noviembre la competencia provincial en la causa y ordenó en la misma resolución otorgar una probation al empresario Néstor Juan Szczech; el ingeniero y apoderado, de la empresa L&C Construcciones S.A., Carlos Alberto Lescano, se informó a ANÁLISIS.

En la resolución de este miércoles, los vocales Miguel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak coincidieron en el voto. 

Fundamentaron el primero y el segundo. Giorgio opinó en consonancia con el fiscal coordinador Álvaro Piérola. “Luce evidente que la justicia ordinaria es la que debe entender en la presente causa, resultando aplicable el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por cuanto el máximo tribunal del país ha sostenido que una vez que el Estado nacional remite o transfiere los fondos y son aceptados por los entes locales, ya pertenecen a su patrimonio y se excluye un perjuicio directo y efectivo a las arcas de la Nación”.

Por eso propició rechazar “los recursos extraordinarios planteados por los señores defensores de los imputados Domingo Daniel Rossi, María Inés Martínez y Roberto Carlos Méndez y hacer lugar parcialmente al recurso impetrado por los defensores técnicos de los imputados Szczech y Lescano; confirmando en consecuencia el resolutorio recurrido en cuanto a la cuestión de competencia introducida y revocándolo sólo en lo que respecta al rechazo del pedido de suspensión del juicio a prueba, disponiendo el reenvío de las actuaciones al Sr. Juez de Garantías para el tratamiento de esta particular cuestión conforme los lineamientos aquí expresados”.

La causa

La causa se inició en 2016 por una denuncia formulada por el ahora ex intendente de Santa Elena, Silvio Moreyra. La acusación del fiscal dice que durante la anterior gestión de Rossi al frente de la Municipalidad de Santa Elena, en 2014 y 2015, el Municipio pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de esas 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado es $18 millones y el mínimo de $14 millones.

Los delitos que se le endilgan a Rossi es el de peculado, falsificación de documentos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público atribuido en carácter de autor; y los mismos delitos, pero en carácter de partícipes necesarios a Roberto Carlos Méndez, María Inés Martínez, Adolfo Zenón Ortiz, a Néstor Juan Szczech, y a Carlos Alberto Lescano.

Se trató del segundo pedido de remisión a juicio presentado por el fiscal Alfieri. El primero fue realizado en abril del año pasado, pero en la audiencia el juez Carballo había ordenado reformular la acusación.

El nuevo pedido de remisión a juicio se realizó el 12 de junio del año pasado y, tras una larga espera, en febrero y marzo de este año hubo dos instancias de la audiencia, que se retomó el 2 de julio, cuando finalmente se resolvió remitir a juicio la causa.

Días antes trascendió que había caído la causa civil, por un acuerdo firmado entre el municipio y la empresa L&C. En la causa civil el ahora exintendente Silvio Moreyra le reclamaba a los acusados – entre ellos Rossi- que paguen más de $$10.937.255,46 en concepto de perjuicio económico al Estado municipal. 

La presentación judicial la formuló por medio del abogado Guillermo Mulet, que era abogado del municipio y del entonces intendente. Lo que ocurrió es que tras cuatro años de proceso, el demandado, en este caso Rossi, volvió al poder y se preveía que no iba a sostener una demanda en su contra.

Según dio a conocer el abogado Carlos Guillermo Reggiardo, abogado de Rossi y asesor legal de la Municipalidad, se firmó un acuerdo con la empresa L&C, quien “se compromete a financiar parte de las reparaciones que debía ejecutar en 2016 y no lo hizo por capricho del entonces intendente”.

Además, indicó que “la empresa aportará materiales por más de $6.000.000 para sanear 5 años de odio, desaprensión y persecución política”.