Megajuicio: empresario dijo que la campaña del FpV en Entre Ríos le dejó “un clavo”

Carlos Eduardo Vitagliano, presidente de Visual Ilusión SA, contó este martes que ofreció a Juan Pablo Aguilera ser socio de su firma, luego de concluir la campaña política del Frente para la Victoria (FpV) en 2015. 

“Yo se lo ofrecí. Después Juan Pablo Aguilera desapareció. Está bien, yo lo entiendo, se quedó sin nada”, dijo en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia.

Unos minutos después, la fiscal Patricia Yedro le mostró al empresario un contrato donde Visual Ilusión vendía el 50 por ciento de sus acciones a Tep SRL. 

En ese documento, Emiliano Giacopuzzi aparece como gerente de Tep. En las cláusulas, debajo del documento, se establecía “que no se incluya la actividad textil y los bienes afectados a ella”.

–¿Emiliano Giacopuzzi que figura como gerente de Tep en ese contrato es el mismo Emiliano que usted declaró que fue a visitarlo en Visual Ilusión? –preguntó la fiscal Yedro.

La consulta no fue respondida por oposición de los defensores que no podían ver el documento completo.

–Señor presidente, acá hay algo raro porque yo no tengo cónyuge, soy soltero. El documento dice de conformidad de su cónyuge presente en el acto –interpuso el testigo.

–¿Conoce este documento, lo firmó, sabe a qué se refiere? –repreguntó la fiscal.

–No, yo no vendí mi empresa nunca. Le cedí el 50 por ciento a mi sobrino hace dos años, él la levantó. Este tipo de operaciones, cuando usted está en el mercado viene alguien y le dice que quiere, usted le dice ponga la plata y te doy la empresa. Yo no vendía, la opción que siempre busqué fue capitalizar mi empresa.

El testimonio de Vitagliano fue extenso y confuso. Se mostró ofuscado. En reiteradas oportunidades apeló a su trayectoria profesional y empresarial. “Soy el segundo en gráfica digital del país”, soltó. 

De hecho, contó que su empresa provee puntos de venta a Carrefour, Jumbo, YPF, y presta servicios a otras empresas grandes con asiento en el país, a las que mencionó. “No sabía que ustedes tenían mis conversaciones privadas con otro privado”, se encolerizó cuando le mostraron chats de WhatsApp con la contadora Corina Cargnel.

Desconoció vínculo entre Juan Pablo Aguilera y Formato Urbano. Se limitó a decir que toda su relación con Aguilera se debió a la campaña política del PJ, aunque reconoció que Corina Cargnel estaba vinculada tanto a Aguilera como a la empresa Tep. 

Dijo también que trabajar con la campaña política del Frente para la Victoria en Entre Ríos, con Aguilera como intermediario, le dejó “un clavo” pero decidió pasar página. “La etapa de Entre Ríos se terminó en mayo de 2016 y dejó un clavo. 

La sigo peleando y gracias a Dios tengo a Leonardo -de la Casa, su sobrino- que se hizo cargo del 50 por ciento de la empresa, removió a todos, echó a todos y tomó personal nuevo”.

Cuando comenzó su testimonial, el fiscal Gonzalo Badano le preguntó por la empresa El Juego en que andamos y por Gerardo Caruso. El empresario dijo no recordar nada. Entonces le hicieron leer un correo que él mismo envió a Fiscalía, en el cual refirió trabajos con esa empresa. 

Cabe señalar que El juego en que andamos de Caruso contrató con el gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Turismo. 

A fines de 2014 el Gobierno destinó dinero con carácter de urgencia para instalar el parador en la playa La Perla de Mar del Plata. 

“No tengo idea del trabajo para El juego en que andamos. Si contesté esto, lo debo haber buscado en su momento.

Me hicieron una consulta, seguramente pregunté, me dieron el detalle y contesté”, dijo, en referencia al mensaje que él mismo escribió, donde habló de un trabajo promocional para la provincia de Entre Ríos y en el cual envió una factura emitida por Visual Ilusión a El juego en que andamos. Agregó que “por práctica no trabajo con gobiernos”.

En otro tramo, su relato giró sobre la empresa Tep y Next. “Tep y Next son dos impresores pequeños de Entre Ríos.

Recibí una llamada de un especialista colorimetrista por esas empresas. Me preguntó si podía, permitía que mi exsocio -Reynaldo Aguirre- le fuera a dar mano a empresas de Entre Ríos en impresión, creo que de cama plana”, recordó.

“Creo que  habló con un chico que se llama Emiliano e hicimos como pseudo alianza porque lo que hacíamos para supermercados, lo podían vender Tep y Next. Creo que nos hicieron algo para Carrefour cuando se nos quebró una máquina”, ahondó. Declaró que ese vínculo comenzó entre 2014 o 2015.

La empresa de Vitagliano realizó trabajos en el marco de la campaña del Frente para la Victoria en Entre Ríos. 

Le hicieron leer un correo que él mismo mandó a los fiscales contando que en determinado momento, en su empresa lo visitó Cargnel y Giacopuzzi, interesados en comprar máquinas, que la contadora le presentó a Aguilera que era “jefe de la Casa de Entre Ríos”.

También le mostraron numerosos pasacalles impresos en Visual Ilusión con candidatos del peronismo.

Unos minutos más tarde, respondiendo a las preguntas de la fiscal Yedro, el testigo negó un vínculo contractual entre Visual Ilusión y Tep. Inmediatamente le mostraron un contrato de managment entre las dos firmas. Es decir un acuerdo de poder de administración entre las dos empresas.

“Usted ya explicó que es socio con su sobrino de su empresa. Pero en algún momento ¿cedió acciones de su empresa?”, consultó la fiscal.

“En realidad pasamos muy mal la etapa de -Mauricio- Macri. Cuando terminó la etapa de Aguilera, teníamos un proyecto. Había hablado de un proyecto de continuidad con equipamiento y máquinas. 

Toda la estrategia la tengo en la cabeza. Habíamos hablado que cuando se terminara la campaña política, Juan Pablo Aguilera podía ser socio. Yo le había dado esa posibilidad. Y la verdad fracasó, se terminó la campaña y Aguilera despareció. Yo lo entendí, se quedó sin nada.

Yo le di la posibilidad si quería ser socio de Visual pero para eso nos tomamos la campaña política para ver cómo funcionábamos como socios. En ese momento estaba buscando una salida porque estaba cansado de la gráfica, no me daba los resultados que esperaba. Lo que ofrecía es que el dinero se ponga en la empresa, se compren máquinas, se restructure y vaya para adelante. Pero eso no funcionó”, contó.

Refirió en ese sentido a la compra de una máquina de mesa de corte Esco del exterior, por la cual tomó un crédito que aún no terminó de pagar. “Me costó 230 mil euros, puse 20 mil euros a fines de 2015 y lo demás se financió. Se refinanció tres veces. Hoy debo 125 mil euros. 

El año 2017, 2018 y 2019 fueron muy malos para mí y toda la ganancia que saco en mi estudio de abogados la puse en Visual Ilusión”, acotó.

Manifestó además que mientras Aguilera estaba en la Casa de Entre Ríos, “el Instituto del Seguro estaba por perder contrato de la ART de San Juan, había salido en los diarios. A raíz de eso hablé con Juan Pablo Aguilera.

Eso no salió bien porque ustedes perdieron el contrato a manos de Sancor, porque había temas de corrupción entre el Instituto y San Juan. Aguilera me dijo que representaba a Entre Ríos y que podíamos hacer una gran campaña política. 

En todos mis negocios, a las personas les pido media medalla pero a la otra media medalla me la gano. Le dije a Aguilera que había que comprar una máquina, polietileno, el mejor y más barato. Le dije que podía mostrarle al partido que se puede hacer una campaña barata sin robar. Eso fue como un acuerdo de trabajo.

Si después el PJ ganaba, quedábamos con la posibilidad de hacer más cosas. Siempre con la misma consigna”, recordó.

Certificaciones

Por otro lado, este martes declaró el bioingeniero Juan Federico Rossi, de la oficina pericial del Superior Tribunal de Justicia. 

Refirió al trabajo de cotejo comparativo en fotos que hizo a pedido del Ministerio Público Fiscal. “Nos enviaron legajos, había fotos impresas en papel, en cartulinas, eran muchos expedientes, superaban los 200. 

Nos requerían comparar fotografías para detectar igualdad o similitud. Lo que hicimos con el equipo fue agrupar los expedientes por tema. Separamos a medida que veíamos las fotos y armábamos grupos.

Trabajé con el perito Carlos Orzuza, y con Eduardo Reales, fotógrafo por una de las partes. Diseñamos un procedimiento para abordar la cantidad de fotos y nos pusimos de acuerdo para trabajar sobre eso. Fijamos días para empezar y tener ritmo, porque el volumen era muy importante. 

Observamos mucho más que 2000 fotos. Cada expediente tenía en promedio 8 o 10 fotos, y algunos más de 30”, describió. “Eran expedientes relacionados con certificación de publicidad. Estaban las empresas Montañana, Bustamante y Formato Urbano”.

Agregó que entre los tres definieron la compatibilidad en las fotos. “Cuando hay elementos comunes, es decir son iguales o similares. El encuadre; el tiempo y lugar; y la manipulación.

Sobre ese menú de definiciones, una vez separados los expedientes en distintos grupos -asustaba porque daban toda la vuelta de la oficina del fondo y no teníamos lugar para movernos-, tomábamos un expediente de cada grupo, lo desarmábamos y lo poníamos en la mesa. 

Cuando desarmábamos, mirábamos de a uno y visualmente cuando encontrábamos similitudes tomábamos nota. Legajo uno parte 5 con legajo 8 con parte inferior. Esa lista se hacía primero a mano después se pasaba y se controlaba. Cuando se agotaba el expediente, se tomaba otro y se comparaba con el que estaba.

Se desarmaba uno y se comparaba con el resto del universo, fue un proceso repetitivo. Si tengo un grupo de 30 legajos, hacía 435 veces esa operación. Esa operación se realizó infinidad de veces para comparar todos contra todos”, detalló.

Más adelante agregó que en el transcurso de la actividad “afinaron” la vista. “El trabajo consistió hacer un listado anotando donde se encontraron compatibilidades, reencuadres, compatibilidades de lugar y tiempo. Encontramos muchas coincidencias. Si tomamos los criterios de compatibilidad, manipulación, más de 1900 imágenes confirman lo que habían pedido desde Fiscalía”, apuntó.

Parador

En referencia al legajo por el Parador de Mar del Plata, Rossi dijo que consensuaron que había un logotipo y se trataba de la palabra Urribarri y un isotipo y se trataba del sol que acompañaba el apellido del exgobernador. Le mostraron fotos de las instalaciones en la playa La Perla y reconoció la jerarquía de la marca Urribarri asimilable a la marca de Entre Ríos.

“Desde el momento que se infla está vendiendo, si se armó así era para que la gente concurra con todos los elementos de propaganda.

La foto se saca antes de que vaya la gente, después cuando hay gente también pero es comparable a cuando las personas se visten para ir a una fiesta, la foto se saca antes”, recalcó cuando le mostraron la foto del parador con el rostro del exgobernador, imágenes que fueron bajadas antes de que sea inaugurado.

Causas acumuladas

El megajuicio acumula cinco legajos por presunta corrupción en el gobierno de Entre Ríos, bajo los mandatos del exgobernador Sergio Urribarri -quien está exceptuado de participar de la audiencia para cumplir con sus tareas en las embajadas de Israel y Chipre, donde vive actualmente con su esposa Ana Lía Aguilera-.

El primero de los legajos investigados en el Ministerio Público Fiscal -representado en este debate por la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, y los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull- se conoce como “causa de la vaca” o “causa delas imprentas”. 

Tiene como imputados al exgobernador Urribarri; el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador y empleado del Senado; a Alejandro y Luciana Almada; a Maximiliano Sena; a Emiliano Giacopuzzi -los cuatro como directivos de las empresas Tep y Next-; a Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la vía pública del exMinisterio de Cultura y Comunicación; y a Corina Cargnel, contadora de las empresas.

La hipótesis principal apunta al direccionamiento de publicidad estática en las calles y rutas, en favor de las empresas que adjudican a Juan Pablo Aguilera. En esta causa también está imputado el publicista de Concepción del Uruguay, Fernando Montañana, pero fue apartado del debate oral y se lo juzgará oportunamente porque atraviesa una situación de salud comprometida. 

También estuvo imputado en este proceso el publicista paranaense Jesús Bustamante quien, en febrero de 2018 arribó a un acuerdo de juicio abreviado con Fiscalía por el cual aceptó una pena condicional de 2 años y 8 meses. Estos dos publicistas, sostienen los fiscales, aceptaron aparecer como beneficiarios de diversas contrataciones con el Estado entrerriano siempre y cuando retornaran parte del dinero percibido a las empresas Tep y Next que, de ese modo, concentraron toda la publicidad en la calle. La investigación abarca un período que va de 2010 a 2015.

Se ventila también el legajo conocido como “sueño entrerriano” que acumula tres expedientes: la causa Cumbre del Mercosur; Parador Playero en Mar del Plata; y Solicitada. Los imputados son Urribarri; Báez; Gustavo Javier Tórtul; Aguilera; Cargnel; el exministro de Turismo; Hugo Marsó; y Gerardo Caruso. La hipótesis acusatoria sostiene que a través de gastos del Gobierno de Entre Ríos se financió la campaña presidencial del exgobernador Urribarri.

El último legajo del megajuicio es el conocido como “Global Means”, a partir del cual se investigó la adjudicación de publicidad en 18 medios gráficos del país a una empresa que, cuando recibió el beneficio, no estaba constituida como tal y tampoco aparecía en el registro de proveedores del Estado.

En el debate intervienen, además de los fiscales, los defensores Raúl Barrandeguy; Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende; Emilio Fouces; José Velázquez; Ignacio Díaz; Juan Méndez y Miguel Cullen.

El tribunal está compuesto por José María Chemez, carolina Castagno y Elvio Garzón. La audiencia comenzó el 27 de septiembre pasado y no se sabe bien cuándo concluirá, debido a la complejidad de los delitos investigados, a la profusa prueba documental que se va exponiendo en el debate y a la cantidad de testigos previstos.

Los delitos acusados son Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. Los fiscales calculan un desfalco que supera los 7 millones de dólares.