La AFIP desplazó a 40 funcionarios que investigaron a Cristina Kirchner y a Lázaro Báez

Al menos 40 funcionarios y empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fueron desplazados de sus cargos, reasignados a funciones menores o, incluso, humillados. 

Mercedes Marcó del Pont Desde diciembre de 2019 es la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos.​​​

¿Motivo? Haber investigado a la familia Kirchner, al holding de Cristóbal López, a Lázaro Báez o al ex titular del organismo, Ricardo Echegaray, y en ciertos casos haber testificado sobre ellos ante la Justicia, según confirmaron a La Nación seis fuentes al tanto de lo ocurrido durante el último año.

Las represalias abarcaron a personal de la AFIP en la ciudad de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Mar del Plata, Bahía Blanca, Mercedes, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. 

A algunos les asignaron tareas administrativas. Otros ni siquiera cuentan con computadora o escritorio asignado. Pero todos cumplen una función: sirven de mensaje disuasorio para los restantes empleados del organismo.

Las represalias llegaron a extremos humillantes. Ese fue el caso de Jaime Mecikovsky, quien ocupó uno de los cargos más altos y sensibles dentro de la AFIP durante la gestión de Alberto Abad. 

Como subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior lideró las investigaciones sobre los Kirchner y Báez. 

Lo enviaron al área de “almacenes”, donde los históricos no recuerdan que un funcionario de tan alto rango haya jamás sido enviado allí, según reconstruyó dicho diario.

Pero la ofensiva fue más allá de Mecikovsky. Alcanzó a contadores, abogados, auditores y hasta un informático. Y en repetidas ocasiones, las represalias conllevaron un descenso escalafonario –con la consiguiente merma salarial-, hasta ubicarlos en el nivel más bajo del convenio laboral. Es decir, como analistas, el rango con que se suele ingresar al organismo.

La Nación consultó al círculo íntimo de la actual titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, con precisiones sobre los desplazamientos, aunque 24 horas después de recibir la consulta, declinaron hacer comentarios. 

Pero la posición oficial del organismo es conocida: sostiene que hubo un “lawfare” administrativo en contra de la familia Kirchner y figuras representativas de ese espacio durante la Presidencia de Mauricio Macri y que un “grupo de tareas” llevó adelante un “hostigamiento fiscal” contra un grupo de personas y empresas (de lo que se informa por separado).

Los funcionarios y empleados desplazados, sin embargo, comenzaron a reaccionar. 

Algunos presentaron impugnaciones administrativas a sus traslados, su descenso en el escalafón o sus bajas calificaciones por desempeño, medidas que conllevaron mermas salariales. Pero fueron rechazados o, incluso, ni siquiera resueltos. También derivó en al menos una presentación judicial, que tramita en los Juzgados Federales con asiento en La Plata.

En el extremo patagónico

En la Patagonia, la purga incluyó a toda la línea que acató la orden que emitió la Justicia Federal de Río Gallegos en 2017. Dispuso que la AFIP analizara las declaraciones tributarias de Cristina Fernández y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Esa orden provocó una revisión que, a mediados de 2019, derivó en una determinación de impuestos por $8 millones.

Con el arribo de Alberto Fernández a la Casa Rosada y Cristina Fernández al poder, llegó la represalia. 

Terminaron apartados y con sumarios el funcionario a cargo de la delegación Comodoro Rivadavia (y, por tanto, encargado de la fiscalización a los Kirchner), el funcionario que firmó el acto administrativo determinando esa deuda tributaria, la funcionaria que suscribió el dictamen jurídico que refrendó ese acto administrativo y hasta la funcionaria a cargo de impulsar el cobro ejecutivo de los $8 millones adeudados.