La pelea judicial de dos gremialistas con un intendente

Dos delegados gremiales fueron despedidos por una administración municipal e iniciaron, cada uno por su lado, sendas demandas para ser reincorporados. 

En ambos procesos se exige el respeto por la Ley de Asociaciones Sindicales Nº 23.551, que establece una protección especial a quienes ocupan cargos electivos o representativos en las entidades gremiales. En tanto, el municipio apeló al respeto a la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El primer pleito judicial lo inició Sergio Fabián Fritzler, delegado de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); y el segundo, lo formuló Valeria Soledad Soto, delegada gremial del Sindicato de Empleados de la Administración Pública de la Provincia de Entre Ríos (Sedapper). Ambas denuncias son contra el intendente de Piedras Blancas, Fabricio «Gino» Mesquida, del PJ.

Sorpresivamente, en ambos casos, ningunos de los gremios mencionados han hablado públicamente del asunto que tiene a dos delegados batallando en la Justicia.

El primer caso arrancó el 27 de junio de 2019, cuando el entonces intendente César Weisheim (Juntos por el Cambio) firmó un decreto por el cual designó a Fritzler en planta permanente, categoría 4. No obstante, el 23 de diciembre de ese año, a poco de asumir la intendencia, Mesquida firmó el decreto Nº 085 y dejó sin efecto el pase a planta.

Así, el abogado del sindicalista presentó un amparo sindical en la Justicia para que se revoque el decreto puesto que al momento de tomarse la medida Fritzler se encontraba con mandato vigente como delegado, situación que lo colocaría «dentro de la Tutela Sindical contenida por el artículo 48 de la Ley de Asociaciones Sindicales».

El intendente Fabricio Mesquida rechazó las designaciones de los gremialistas y el municipio fue demandado.

Por su parte, el municipio solicitó el rechazo del recurso por entender que la designación del dirigente en planta permanente “contraría las obligaciones asumidas por la Municipalidad de Piedras Blancas relacionadas con la Ley Nacional Nº 25.917 de Responsabilidad Fiscal a la que la Municipalidad adhirió mediante Ordenanza Nº 110/2017, en el marco de la Ley Provincial Nº 10480″.

Además, el municipio afirmó que Fritzler no contaba con la antigüedad anual en su relación para ser designado delegado gremial.

El 20 de marzo de 2020, el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de La Paz dispuso hacer lugar parcialmente a la medida cautelar de reinstalación laboral de Fritzler como agente del municipio.

Sin embargo, poco después, el 12 de mayo de 2020, el juez Civil, Comercial y Laboral de La Paz declaró la incompetencia para analizar el caso en profundidad y mandó el expediente a la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, que el 5 de noviembre también rechazó analizar el tema.

Finalmente, el 4 de diciembre de 2021, la Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió el conflicto y dispuso que sea el juzgado de La Paz el organismo judicial que debe entender en el expediente.

El último movimiento en la causa se dio el 21 de diciembre del año pasado, cuando la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Sala I, de Paraná, le rechazó otro recurso a la Municipalidad de Piedras Blancas. El fallo fue firmado por Gabriela López Arango, Fabiola Bogado Ibarra y Santiago Morande (en disidencia).

Fuente: entreriosahora