Se reinicia el megajuicio, y entra en etapa final

El 27 de septiembre de 2021, cuando se abrió el megajuicio que sentó en el banquillo de los acusados al exgobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri, la ahora suspendida Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Andrea Goyeneche -está sometida a un proceso de jury por supuesto mal desempeño en sus funciones- dijo en el alegato de apertua que las cinco causas por hechos de corrupción que investiga la Justicia tuvieron un costo de u$s 8.660.600, según la matemática del Ministerio Público Fiscal. 

Ese monto, a valores históricos -aún dolarizado- es el perjuicio total de las maniobras que le reprochan a Urribarri, sus parientes, sus exfuncionarios y los empresarios ligados a su gobierno en el marco del megajuicio.

Goyeneche no estará este martes 1° de febrero en la reapertura del megajuicio a Urribarri, ni tampoco el próximo lunes 7, cuando se espera la declaración del exgobernador, ni el martes 8, para cuando está previsto que se inicien los alegatos de clausura. 

La funcionaria judicial batalla ahora con el Jurado de Enjuiciamiento, que le abrió un proceso de jury y la suspendió en el cargo. 

La acusación quedó en manos de los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badajo y Juan Francisco Ramírez Montrull, que tendrán la tarea de sostener las imputaciones frente al tribunal que conforman José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón.

La Justicia provinciana es, por este tiempo, un capítulo de Games of Thrones, con personaes de reparto.

Pero caben otas lecturas posibles también de este escenario turbulento.

«Vamonos», dijo. «Volando, que aquí no nos quiere nadie», le dice el personaje Simón Bolívar de «El general en su laberinto» a su asistente José Palacios. Algo de eso debe pensar Urribarri de este megajuicio y de su suerte en los Tribunales entrerrianos.

“En esta causa se ha instalado a través de algunos medios que son delitos distintos actos de gobierno absolutamente normales que no merecieron ninguna objeción por parte de los organismos de control existentes. 

Además, no se han tenido en cuenta ninguno de los planteos de las defensas y hasta se ha fijado fecha del juicio oral y público en medio de un proceso electoral», dijo el exgobernador a través de un comunicado el día del inicio del megajuicio, el 27 de septiembre pasado.

Claro que Urribarri no es el general en su laberinto y de los que se trata es de un juicio donde cada parte dice lo suyo: la acusación y las defensas, y un tribunal decidirá.

Qué sigue

El 28 de diciembre pasado, con la declaración, entre otros, del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, se cerró la etapa de testigos y lo que quedan son dos instancias clave. 

El 1° de febrero se aguarda la declaración de imputado del empresario Maximiliano Sena, ligado al cuñado Juan Pablo Aguilera, sindicado por el Ministerio Público Fiscal como un «prestanombres»; la esposa del cuñado, Luciana Almada, y su hermano, el funcionario de la Cámara de Diputados Alejandro Almada. 

En tanto, para el lunes 7 de febrero se aguarda la declaración de Aguilera y del exgobernador Urribarri.

Finalmente, el martes 8 arrancarán los alegatos de clausura del Ministerio Público Fiscal y de los abogados defensores. 

Entonces se conocerá un dato relevante: qué penas pedirá la Fiscalía para cada uno de los imputados. 

Las distintas causas penales se habían elevado a juicio en forma separada, pero después hubo un intríngulis judicial que derivó en la unificación de todos los proceso que se sustanciaron contra el exGobernador.

Todo en uno

El megajuicio incluye tres grandes causas unificadas en un único expediente: e N° 11.808, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Tórtul, Gustavo Javier; Céspedes, Hugo Félix; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeth; Marsó, Hugo José María; Caruso, Gerardo Daniel. S/Peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”; N° 4.385, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeht; Montañana, Hugo; Tamay, Gustavo; Almada, Luciana; Giacopuzzi, Emiliano; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano. S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública”; y N° 6.399, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Buffa, Germán Esteban. S/Negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública”.

Urribarri, sus exministros Pedro Báez, extitular de Cultura y Comunicación, y Hugo Marsó, responsable de la cartera de Turismo, otros funcionarios de menor rango, empresarios, amigos y familiares cargan con la acusación del Ministerio Público Fiscal en cinco causas de corrupción, agrupadas en tres grandes expedientes.

Primero, la “causa de la vaca”: el direccionamiento de las pautas de publicidad estática en vía pública a través de un procedimiento “cartelizado” en la que participaban siempre las mismas firmas publicitarias: Tep SRL y Next SRL, propiedad de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, que tuvo socios “prestanombres”, en palabras de Goyeneche, Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena, y la valiosa colaboración para llevar adelante la maniobra en la contadora Corina Cargnel. 

De ese ardid participaban las empresas Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay, y Jesús Bustamante, de Paraná. Este último zafó de la causa mediante un juicio abreviado en el que reconoció que pagaba coimas a Aguilera para seguir en el circuito de la contratación desde el Estado entrerriano.

La Fiscalía sostiene que esa maniobra de direccionamiento ocurrió entre 2010 y 2015. Durante esos años, dice la acusación, “se desarrolló una maniobra sistemática destinada a favorecer a un grupo de empresas dedicadas a realizar publicidad estática en vía pública”. 

En esos años, y con esas maniobras, se manejaron pautas de publicidad por $21.500.000, cifra que dolarizada, da la suma de 3.250.000 dólares.

Las empresas Tep SRL y Next SRL fueron creadas en 2009 por Aguilera con el objetivo de centralizar las contrataciones de publicidad estática en vía pública por parte del Gobierno provincial, plantea la acusación.

La segunda causa relaciona a Urribarri, Báez y el empresario Germán Buffa, que obtuvo una pauta de publicidad del Gobierno provincial mucho antes de que su empresa tuviera existencia real. 

Buffa “una persona del entorno” de Báez, según la Fiscalía, consiguió el direccionamiento el 1° de julio de 2011 de una orden de publicidad a favor de la firma Global Means SA, y se contrató por vía directa la publicación de dos avisos, por un total de $118.000, cifra que dolarizada da la suma de 26.900 dólares.

Luego, suceden las tres causas agrupadas en el expediente del “Sueño Entrerriano”.

El primer caso es el de la solicitada contra los fondos buitre. En 2014, el Gobierno pagó una solicitada por $4.308.500, que dolarizado es una cifra de 504.700 dólares. Esa operación es la primera acción de Urribarri por instalar su imagen a nivel nacional, en opinión de la Fiscalía, en el marco del “Sueño Entrerriano”.

El cuarto caso, dentro del subíndice “Sueño Entrerriano”, alude a la contratación de la empresa Nelly Entertainment SA para la promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en diciembre de 2014, trámite por el cual la Provincia pagó $28.400.000. 

Lo gastado equivale a 3.221.000 dólares. La contratación fue con “el supuesto objetivo” de difundir políticas públicas. Tres de los cuatro videos no aludieron a la Cumbre sino a instalar la imagen de Urribarri, entonces embarcado en llegar a la Presidencia de la Nación.

El último de los hechos por el que se sentó a Urribarri en el banquillo se refiere a la instalación de un parador en las playas de Mar del Plata también para la promoción de la figura del exgobernador, en el verano de 2015, gasto que supuso la distracción del erario público de la suma de $14.561.870, que dolarizado suma 1.658.000 dólares.

Oficialmente, la instalación, montaje y puesta en funcionamiento de un parador en las playas de Mar del Plata fue para promocionar turísticamente a la Provincia, pero en los hechos, dijo Goyeneche, se trató de un ación más tendiente a instalar a nivel nacional la figura de Urribarri como candidato a Presidente de la Nación.

En ese marco, el 5 de diciembre de 2014 se inició expediente administrativo: el exministro de Turismo, Hugo Marsó, pidió la contratación del montaje del parador playero. 

Pocos días después, el 30 de diciembre, Marsó y Gerardo Caruso, responsable de la firma El Juego en que Andamos, firmaron el contrato para el parador. 

La firma no tenía experiencia, poseía un capital mínimo y no tenía domicilio en la Provincia: por eso, puso como domicilio la vivienda, en la ciudad de Larroque, del exsecretario de Justicia de Urribarri, Rubén Virué. 

Goyeneche dijo que antes y durante la contratación hubo “múltiples comunicaciones entre el propio exgobernador y el señor Gerardo Caruso, contactos que se iniciaron mucho antes que la gestión administrativa para la contratación. 

Se iniciaron el 20 de octubre de 2014 y siguieron hasta mayo de 2015. También Marsó se contactó con Caruso. 

El entorno, la familia Urribarri, también mantuvo contactos previos. A tal punto que su hijo Franco, Juan Pablo Aguilera y Caruso viajaron juntos a Mar del Plata en noviembre de 2014, un mes antes de publicarse la licitación para esta contratación. 

Este viaje fue abonado por Relevamientos Catastrales, la empresa del señor Diego Armando Cardona Herreros, que pertenece al círculo íntimo de Urribarri, imputado en dos causas”.

Fuente:entreriosahora