Informe especial: irregularidades en la entrega de planes sociales, bonos y asignaciones

La política social del gobierno nacional se asienta en la entrega de subsidios o beneficios económicos de emergencia que no siempre llegan a los que más necesitan. La falta de registros y la deficiencia de una base de datos confiables, hace susceptible al sistema generando irregularidades y “avivadas”.

La historia de las asignaciones sociales en Argentina es la historia de muchos diferentes planes de apoyo social que distintos gobiernos crearon para paliar la falta de trabajo y la pobreza en el país.

En Argentina los derechos del trabajador y su familia tienen rango constitucional. 

Debido a las dificultades en el mercado laboral y a que una proporción muy significativa de trabajadores y familias quedaban por fuera de la seguridad social, en Argentina se estimuló, en los años 80 y comienzos de los 90, la transferencia de sus recursos a programas de ayuda social, como asignaciones asistenciales y familiares (asignación familiar por hijo, Ley Nº 24.714, que cubre a los hijos de trabajadores oficialmente registrados) o subvenciones por falta de trabajo.

Se incluyen la Asignación Familiar Prenatal, la Asignación Familiar por Nacimiento y Adopción, la Ayuda Escolar Anual, la Asignación por Embarazo para Protección Social, la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación Familiar por matrimonio, la Asignación Familiar por Maternidad y la Asignación Familiar por Cónyuge.​

En Argentina también existe la asignación por hijo con discapacidad, que es una suma mensual que recibe el trabajador en relación de dependencia por cada hijo con discapacidad que tenga, sin importar la edad de su hijo, por ello se cobra incluso si el hijo es mayor de 18 años, y sin que exista límite salarial en el ingreso del trabajador.​

Los movimientos sociales y organizaciones independientes introdujeron la discusión sobre las políticas de inclusión social para trabajadores informales con el objetivo de lograr una política pública de reducción de la pobreza extrema. 

De esta manera lograron que, además de programas de empleo, capacitación y formación, el Estado se ocupe de los ciudadanos con mayores necesidades, con trabajos informales o desempleados, mediante diversos programas de asignaciones sociales.

Estas ayudas sociales cubren a ciudadanos que viven fuera del circuito económico productivo y dependen directamente de las asignaciones sociales para sobrevivir, como la Asignación Universal por Hijo. 

Además existen los planes Progresar y la Asignación por Embarazo que otorga la ANSES, la Tarjeta Alimentar, el programa Argentina Hace, el Plan Nacional de Primera Infancia, el programa Creer y Crear y la Pensión Universal por Adulto Mayor.

Se agregan el Programa Nacional de Educación Alimentaria “Alimentar Saberes”; el programa Sembrar Soberanía; el programa Pro Huerta; el programa de fortalecimiento a comedores escolares y el de fortalecimiento a comedores comunitarios y merenderos; el programa de fortalecimiento de proyectos para personas celiacas. 

Existen también el Plan Federal de Ferias, Argentina Recicla, Plan Potenciar Trabajo, Mercados de Cercanía, Manos a la Obra, Microcréditos y otros.

Hoy, 3 de cada 10 familias argentinas recibe la asistencia de un plan social.

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se lanzó en el país el 24 de marzo de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, con el objetivo de compensar la pérdida de ingresos y atenuar la pobreza. Se otorgaron tres pagos de $ 10.000 pesos a casi 9 millones de personas entre trabajadores informales, monotributistas sociales, monotributistas de las categorías A o B, y empleados de casas particulares.

Según informó en la Cámara de Diputados el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, alcanzó a cerca de 9 millones de personas cada vez que se pagó. De aquí se desprende que fue una inversión total del Estado en asistencia social de 265.000 millones de pesos, equivalente a 0,77 puntos del PBI.

Un punto a destacar de la prestación monetaria de carácter excepcional es la política de paridad de género que se aplicó en la distribución. Si dos personas del mismo hogar lo solicitaban, se le dio prioridad a la mujer. Así, del universo total que lo percibió, el 55,7% fue destinado a mujeres (4,9 millones), mientras que los hombres beneficiarios fueron 3, 9 millones. 

Esto puede ser explicado también porque alrededor del 27% de los beneficios se otorgaron a titulares de AUH, entre quienes la porción de mujeres supera el 90%.

Por otro lado, la necesidad de servicios financieros digitales y la automatización de pagos que obligó la pandemia generó que el 53% del total de personas que cobraron la primera liquidación del IFE abriera una cuenta bancaria para recibirlo, de acuerdo al Informe de Inclusión Financiera del Banco Central (BCRA) que dio a conocer en noviembre.

En cuanto a la cobertura por rango etario, donde más se concentraron los beneficios fue entre 25 y 34 años, unos tres millones de personas (33,3%), seguido por entre 18 y 24 años (28,2%). El rango con menor concentración fue entre 55 y 66 años, con una participación del 7,1%. 

Sobre la situación laboral de la población, la ANSES informó que un 61, 7% pertenecía a sectores informales o desocupados, 27% a beneficiarios de la AUH, 7,8% a monotributistas y 2,1% a trabajadores de casas particulares.

Falta de controles y base de datos ineficientes

Junto al IFE también se dispuso por la pandemia el pago de la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), y luego de su aplicación se conocieron diversas irregularidades, lo que hizo visible las falencias que existen en Argentina por la falta de registros y bases de datos confiables.

Este tipo de aportes que el Estado hace en una situación de emergencia, deja en evidencia la falta de controles para evitar “avivadas”. Si bien ANSES suspende el pago de las ayudas cuando se detectan casos que no corresponden, el problema se genera porque se desconoce la cantidad de situaciones irregulares que hay realmente y entre 9 millones de personas, que se baje a un puñado de personas no hace la diferencia.

Sucede por ejemplo en las provincias fronterizas como Formosa donde se implementa una “trampa” que hace la clase política en los años electorales con los extranjeros. Anotan gente y le dan DNI argentino para que puedan votar, lo cual significa darle derechos como a cualquier ciudadano argentino.

En este sentido, la articuladora del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Entre Ríos, Jimena Osuna, destacó ante Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) “la amplia cantidad de programas que se administran vía el Ministerio lo cual hace que la aplicación efectiva pueda ir variando en el tiempo por intermedio de quienes se aplica, sea por otro organismo provincial, nacional o municipal, u organizaciones sociales determinadas”.

Puntualizó que “los programas con más impacto en la provincia de Entre Ríos son la Tarjeta Alimentar, Potenciar Trabajo, Programa Mi Pieza y el Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares)” y mencionó que “cada programa tiene su particularidad, su sistema de información para aplicarlo, evaluando diversas situaciones de los posibles beneficiarios”.

“La base de datos y la definición de quién encuadra o qué persona entra o no en cada programa es definido a nivel central, a la par de una base de datos que brinda Anses”, explicó.

Jimena Osuna, articuladora del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Entre Ríos.

En cuanto a la injerencia de las organizaciones sociales en este tipo de planes, la funcionaria sostuvo que “el Ministerio de Desarrollo a nivel nacional es el que define mediante acuerdos o convenios determinados cómo se hace la aplicación efectiva de los programas, y a partir de ahí hace acuerdos con organizaciones sociales y con entidades gubernamentales”.

“Mediante esos acuerdos define cómo va a ser la aplicación y la magnitud de esa aplicación, y cuáles son los controles. Se define la administración y el control de los recursos, y a partir de ahí se establece cuál será el plan de actividades de trabajo, la cantidad de programas que se administran, y según la organización y según la magnitud es como se define la administración y el control”, aseveró.

Consultada por qué tipos de controles se realizan y a cargo de quien están, Osuna afirmó que “atrás de un pedido de informe mensual a cada organización, que a su vez informa cual es el cumplimiento de las actividades que lleva adelante cada persona, el Ministerio hace un seguimiento permanente –no solo de las organizaciones sociales sino también de los organismos gubernamentales que administran los programas- pero el nexo es con la organización de forma directa porque los convenios se hacen a nivel central”.

“Nos puede pedir intervención en cierta situación pero el seguimiento efectivo, el cumplimiento del plan de actividades y el seguimiento de los proyectos de las unidades de gestión, los hace el Ministerio”, aclaró.

Ante situaciones concretas de “punteros” políticos o de las organizaciones que se quedan parte de los planes o con las claves de Anses de los beneficiarios para manejar los recursos, Osuna admitió: “Como organismo recibimos un montón de cuestiones, no son muchas en términos generales pero por supuesto que siempre se está planteando alguna u otra cosa. Hay información que trasciende al Ministerio como es la clave de seguridad social de Anses pero como todos los organismos tenemos los canales habilitados donde protegemos la identidad de la persona y le explicamos y ayudamos a que genere la denuncia cuando lo considera apropiado. Hay mucha gente que no quiere o no se anima pero nuestra obligación es acompañar a esa persona en ese momento, y en eso las puertas están abiertas y los teléfonos disponibles”.

“Permanentemente estamos orientando ante eso y también enseñamos a la gente a que pueda administrar sus claves, sus páginas, porque a veces por miedo le dan a otros. Se detectan puntualmente situaciones irregulares de este tipo, y también orientamos sobre qué cuestiones están bien que se soliciten y qué cuestiones no. En términos generales las organizaciones trabajan muy bien, aplican los planes de actividades conforme a lo que se planteó y suele ser muy interesante la aplicación de los programas”, definió.

“Hay que quitar prejuicios y en esto es importante también saber cómo trabajan las organizaciones sociales y cuáles son las actividades que principalmente llevan adelante. Esto es uno de los principales diálogos que tengo en el día a día con las organizaciones y sus referentes, pero estamos en el medio: escuchamos a la persona, asesoramos si no le gusta algo o si no se siente cómoda con la organización le ayudamos a cambiar de unidad de gestión”, reconoció.

Consultada por la utilización política de este tipo de planes, dijo que “para estas cuestiones que las personas consideren que no se cumple con el objetivo del programa, es una de las cosas por las cuales estamos día a día escuchándolos; en términos políticos el trabajo en un merendero o en un comedor es una actividad política y tiene también su parte social que es lo principal a llevar adelante en el barrio, y hay veces en que la persona cree que está mal lo que le hacen hacer y nosotros los orientamos que está bien mientras tenga determinado encuadre”.

“En esto hay muchas cuestiones de relaciones humanas, las personas se conocen en los barrios, pero esto de la mediación ayuda a que a la persona la escuche alguien, la oriente y le diga si está bien o mal tal cuestión, o si corresponde o no determinada actividad, pero ante la duda habilitamos los canales de denuncias pertinentes. En eso pedimos a las personas que no tengan miedo de acercarse y los vamos a orientar como corresponde”, concluyó.

Si bien Osuna no pudo brindar un detalle de la cantidad de beneficios que llegan a la provincia, Cuestión de Fondo pudo saber extraoficialmente que, sólo en la ciudad de Paraná hay unas 20.000 personas que cobran planes sociales.

Casos emblemáticos

En 2020, cuando el gobierno nacional otorgó beneficios para paliar las consecuencias de la pandemia se detectaron irregularidades en el cobro de la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Algunos de los casos más escandalosos fueron los de:

- Romina Villena Rodríguez, es argentina (Salta) y concejal en Bolivia. Cobraba el IFE de $10.000. Para el Estado argentino se encuentra desempleada y previamente tenía acceso a una Asignación Universal por Hijo (AUH), con lo cual pasó automáticamente a cobrar el IFE.

-Alejandro Granados, intendente de Ezeiza, tiene una empresa volcada al turismo y se acogió al régimen de ATP. Lo llamativo es que en la nómina de empleados que cobraban el beneficio, se encuentran el intendente, su hijo Gastón, que fue intendente interino, y su hija Bárbara.

Los tres cobraron el ATP durante mayo y junio de 2020, y en cuanto comenzó a generarse ruido al respecto, fueron eximidos del beneficio.

- Luis Adolfo Benítez Perrier, de 79 años, es tío del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. Cobraba el IFE y una asignación familiar. Cobra su jubilación en Paraguay, pero al contar con un DNI de extranjero argentino, también cobra una jubilación argentina y los otros beneficios. Fue funcionario público en Paraguay y nunca vivió en Argentina.

Otros casos

Según supo Cuestión de Fondo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) suele detectar irregularidades pero son casos excepcionales, no es la regla general.

Para el caso de mujeres separadas con hijos a cargo donde la ex pareja cobra la asignación y ese dinero no llega al niño, existe un formulario denominado “Madres” por el cual la mujer efectúa en el organismo una declaración jurada brindando los datos correctos y automáticamente pasa a cobrar el beneficio. De los reclamos de este tipo detectados, solo uno fue de un hombre.

Ante la consulta por integrantes de la comunidad gitana que poseen vehículos 0km o de alta gama, e incluso viviendas, que cobran planes como la Asignación Universal por Hijo (AUH), se explicó que en ese caso, los bienes no están registrados en AFIP.

En el caso de extranjeros, deben tener tres años de residencia en el país y estar nacionalizados. Con DNI extranjero provisorio no pueden tramitar beneficios sociales.

Beneficios de Anses. 

Información actualizada mensual a octubre 2021

Jubilaciones y pensiones

En todo el país

Total beneficiarios: 7.298.545

Jubilaciones y pensiones del SIPA: 6.831.094

Pensiones no contributivas: Por invalidez: 1.114.096

Otras: 615.803

En Entre Ríos

Total beneficiarios: 234.757

Jubilaciones y pensiones del SIPA: 212.041

Pensiones no contributivas: Por invalidez 39.220

Otras: 21.675

En Paraná

Total beneficiarios: 45.120

Jubilaciones y pensiones del SIPA: 42.561

Pensiones no contributivas: Por invalidez: 6.016

Otras: 3.626

Asignaciones familiares

En todo el país

Total beneficiarios: 4.342.132

Titulares: 2.694.530 / Hijos: 4.053.954

Titulares: 272.090 / Hijos con discapacidad: 288.178

En Entre Ríos

Total beneficiarios: 121.294

Titulares: 73.381 / Hijos: 114.147

Titulares: 6.776 / Hijos con discapacidad: 7.147

En Paraná

Total beneficiarios: 25.226

Titulares: 15.623 / Hijos: 23.735

Titulares: 1.409 / Hijos con discapacidad: 1.491

Asignación Universal

En todo el país

Total beneficiarios: 4.403.153

Titulares: 2.474.457 / Hijos: 4.362.796

Titulares: 47.914 / Hijos con discapacidad: 50.357

En Entre Ríos

Total beneficiarios: 109.065

Titulares: 62.142 / Hijos: 108.121

Titulares: 908 / Hijos con discapacidad: 944

En Paraná

Total beneficiarios: 21.847

Titulares: 12.664 / Hijos: 21.603

Titulares: 235 / Hijos con discapacidad: 244

Asignación por embarazo

Total país: 76.186

Entre Ríos: 2.578

Paraná: 453

Fuente: Análisisdigital