Otra causa que involucra a Carmelitas: allanaron un convento y rescataron a una monja
El fiscal Ramiro Ramos Ossorio intervino ante la denuncia por privación ilegítima de la libertad de una monja de clausura en el Convento San Bernardo, de las religiosas Carmelitas Descalzas en la ciudad de Salta.
El fiscal Ramiro Ramos Ossorio intervino ante la denuncia por privación ilegítima de la libertad de una monja de clausura en el Convento San Bernardo, de las religiosas Carmelitas Descalzas en la ciudad de Salta.
La jueza Ada Zunino ordenó que se allane el Convento para rescatar a la religiosa denunciante.
Las actuaciones comenzaron con una denuncia de la hermana de una monja que ya había pedido retirarse del Convento pero aseguró que estaba siendo retenida contra su voluntad.
El abogado Guillermo Alberto representa a la denunciante.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, la monja manifestó a sus familiares, oriundos de la provincia de Mendoza, que quería abandonar el Convento, pero se le negaba la posibilidad de hacerlo.
A inicios de este mes y en un primer acercamiento, las autoridades religiosas habían manifestado que debían contar con una autorización proveniente del Vaticano, sin embargo, cuando esta documentación estuvo disponible, le negaron a la mujer la posibilidad de retirarse.
El Ministerio Público señaló que fueron infructuosas las iniciativas en búsca de un acuerdo, al punto que desde el Convento se llegó a prohibir directamente el contacto con los familiares de la mujer.
Por este motivo, el martes 20 de diciembre, el fiscal Ramos Ossorio dio la directiva a la Policía para que se entrevistaran con las autoridades del Convento, pero tampoco los efectivos fueron recibidos.
Esto determinó que el miércoles el fiscal enviara auxiliares fiscales al claustro, y también fueron rechazados y no se les permitió el ingreso al lugar para dejar una notificación.
El fiscal solicitó entonces al Juzgado de Garantías de turno que ordene allanar el Convento.
La jueza Zunino autorizó el procedimiento y con esta decisión policías y bomberos ingresaron al edificio, aunque no fue necesario forzarlo de manera física.
Con esta medida las autoridades judiciales lograron entrevistar a la mujer que reclamaba poder abandonar el Convento, quien ratificó su intención de retirarse de allí, por lo que fue trasladada a un lugar seguro.
Según informó el diario La Nación, la mujer manifestó "Me quiero ir de acá”, ante la comisión que conversó con ella.
Este medio indicó que el texto de la denuncia hace referencia a diferentes tipos de “irregularidades” en el trato y que la monja que dejó el lugar llevaba 31 años de clausura, transitó un cáncer y venía pidiendo tener un contacto más fluido con su familia, así como más facilidades de atención médica, por eso quería dejar el claustro.
El fiscal explicó que las actuaciones continúan su trámite y que dispuso el cumplimiento de numerosas medidas tendientes al esclarecimiento del hecho denunciado.
Con esta causa judicial ya hay varias que involucran al Convento San Bernardo.
Este año las monjas denunciaron por violencia de género al arzobispo Mario Cargnello, al obispo emérito Martín De Elizalde, al cura Lucio Ajalla, y al juez único del Tribunal Eclesiástico de la arquidiócesis Loyola Pinto y de San Cristóval.
Además, hay otra investigación en curso de la Fiscalía de Delitos Económicos a los administradores del Convento, Carlos Obeid y Marcelo Mentesana.
Antecedente en Nogoyá
Cabe recordar que el convento de Nogoyá tomó notoriedad en los medios de prensa del país y el mundo a partir de una reconocida investigación periodística del director de este medio, Daniel Enz, que expuso malos tratos y privación ilegal de monjas en claustro.
La investigación judicial en San Bernardo, a partir de la denuncia de una religiosa, es comparable al caso nogoyaense que concluyó con un juicio y condena a la madre superiora del convento, Luisa Toledo.
Sobre el cumplimiento de la condena de Toledo
El 25 de agosto de 2016 el semanario ANÁLISIS publicó en tapa un artículo que derivó en un inmediato allanamiento al convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá, Entre Ríos.
Exactamente cinco años después de ese hecho, que conmocionó a la opinión pública nacional e internacional, esta historia llega a su final con el ingreso a la Unidad Penal N° 6 de la Ciudad de Paraná de Luisa Toledo.
La ex priora de las carmelitas de Nogoyá fue condenada por privación ilegítima de la libertad agravada en dos casos.
Nueve jueces en tres instancias la condenaron -sin disidencias- a tres años por estos hechos, sin que la defensa pudiese hacer nada más que dilatar los tiempos del proceso.
El Obispo de la Arquidiócesis de Paraná -Juan Alberto Puiggari- conocía en detalle lo que ocurría, ya que en abril de 2013, cuando la primera denunciante pudo por fin salir del claustro, le informó lo que ocurría dentro del convento: privación de alimentación, de acceso a la salud, de acceso a bienes culturales, castigos corporales, violencia verbal, privación de contacto familiar, violencia sobre animales domésticos -incluido sacrificios de perros y aves-, uso de mordazas, uso de cilicios, etc.
Como se supo luego, al momento en que fue informado sobre esto, la segunda denunciante permanecía en el convento del cual escapó en abril de 2016.
Por este interés personal en el proceso, sostenemos que el testimonio de Puiggari en el juicio, no debe ser considerado por tener como único objetivo procurar su propia impunidad.
Esta historia de malos tratos no es una historia aislada de un monasterio de monjas. Se repite en muchas casas religiosas donde hay mujeres que someten a otras.
En últimos años, hablando con gente cercana al poder en la Iglesia -sacerdotes, por ejemplo- supimos que otros tres monasterios de carmelitas en Argentina fueron intervenidos por el Vaticano -cuatro contando la tardía intervención que se dio en Nogoyá, luego del allanamiento-.
Citamos también como ejemplo el libro “Cuidemos la vida consagrada” (Círculo Rojo, 2020), de Hortencia López -por veinte años carmelita descalza en España-, en cuyos párrafos describe hechos muy similares a los relatados por Silvia Albarenque, Roxana Peña y Laura Lestrade -ex carmelitas de Nogoyá- durante el juicio a Luisa Toledo.
El hecho de que Luisa Toledo tenga por defensa a onerosos profesionales hace pensar en quién se los provee y, qué es lo que están defendiendo.
Ante ambas preguntas la respuesta es la misma: el arzobispo de Paraná, encargado de supervisar la vida comunitaria en el Carmelo de Nogoyá a través de visitas y charlas individuales con cada religiosa (según lo dictan las Constituciones de 1990, 155 – 157).
Él mientras fue titular en la Diócesis no lo hizo nunca, ni siquiera después de que Silvia Albarenque le informara en abril de 2013 lo que sucedía.
Recién reaccionó después del allanamiento. ¿De qué manera? Negando públicamente los hechos y proveyendo la defensa de la -ahora- condenada.
A pesar de los intentos de la defensa de llevar el expediente al fuero federal, de la apelación a la primera condena en juicio oral, del recurso extraordinario provincial denegado, de la queja denegada, del recurso extraordinario federal denegado y del -inminente- arribo en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no se logró exculpar a Toledo de la imputación de privación ilegítima de la libertad agravada.
Que tiene el penoso privilegio de ser unas de las más largas de la historia penal de nuestro país -cerca de siete años y, más de diez años en sumatoria de hechos-.
Por último, creemos que el desenlace de este proceso no puede entenderse sin contemplar las altas cuotas de misoginia que lo atraviesan.
Ahora, cabría preguntarse si el obispo pagó la defensa pensando en la suerte de la ex priora o lo hizo pensando en su propia suerte y reputación.
Más allá de la respuesta, la única certeza es que Puiggari -el hombre- sigue en su puesto al frente de la arquidiócesis. Y Toledo -la mujer- está en la cárcel.
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