La historia que no puede ser contada no es una buena historia

El Poder Ejecutivo provincial ha puesto en discusión un proyecto de ley que apunta a impedir nombramientos en el último año de una administración gubernamental. Lo hace intentando lograr una “transición ordenada” y con eso, queriéndolo o no, pone en jaque decisiones de la anterior administración, relanzando un interesante debate.

El objetivo de evitar problemas ante los cambios de un período de gobierno a otro no es un tema nuevo. En 2019 se pidió desde el Concejo Deliberante de Paraná una modificación de la ley orgánica de municipios (Ley 10.027), para ofrecer garantías ante cada recambio constitucional. 

El entonces edil Juan Enrique Ríos lanzó una discusión mirando hacia el Congreso entrerriano.

Tiempo después, Adán Bahl, cumpliendo una de sus promesas de la campaña para ser presidente municipal, puso el tema en el centro de la escena. En mayo de 2020 presentó un proyecto de ordenanza para restringir gastos y nombramientos durante el último año de una gestión.

En noviembre de ese año el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que creó la Comisión de Transición de Gobierno, que con la firma de la entonces vice intendenta, Andrea Zoff, y del secretario del cuerpo, Gerardo Pastor, pasó al Departamento Ejecutivo para su promulgación. Es la Ordenanza 9.935, promulgada a través del decreto 2.040 del 2 de diciembre de 2020.

Una muestra clara de que las transiciones conllevan tensiones que intentan, al menos en parte, ser subsanadas, para evitar situaciones no deseadas al tomar posesión o dejar un gobierno.

Estos ejemplos muestran claramente que no se trata de una situación novedosa la que se da durante los recambios institucionales.

Por sus fallos, habló la Justicia

En las últimas horas la Jueza de Feria Cecilia Bértora rechazó amparos que fueron presentados por personas que habían ingresado de forma llamativa a la Cámara de Diputados.

Un capítulo más de una serie de movimientos que tienen como protagonistas al Poder Ejecutivo (por las posturas del gobernador) y a ambas cámaras legislativas.

No debemos dejar de mencionar que las acciones de la vicegobernadora entrerriana, Alicia Aluani, provocaron el alejamiento, por diferentes razones, de dos ex legisladores que habían sido incorporados a la planta permanente del cuerpo que preside desde diciembre de 2023.

ANÁLISIS se viene ocupando de un tema que, en el marco de los acontecimientos generados por las tensiones que promueve el Estado Nacional, puede parecer secundario.

Las situaciones que hemos mencionado más arriba muestran que no.

Son de rigurosa actualidad porque tienen que ver con la administración de recursos públicos, por eso ocupan y preocupan a fuerzas de diverso signo político.

El fallo de la jueza Bértora, que puede ser el principio de más movimientos en los planos legislativo y judicial, contiene situaciones que son, por lo menos, llamativas.

Vale detenerse (invitamos a los lectores a leer los fallos en ANÁLISIS) en las explicaciones lanzadas por los abogados de la Cámara de Diputados, Alejandra Viola y Víctor Berta. Este último con extensa trayectoria legislativa. No es menor la intervención de la Fiscalía de Estado, a través del fiscal adjunto, Sebastián Trinadori.

Es preocupante, en la lectura, encontrar la mención a la posible falsedad ideológica de los documentos que acreditan el control de las asistencias laborales, generando así el punto de partida para todo tipo de suspicacias en un tema que no debe admitir ni el más mínimo cuestionamiento.

Privilegio y arrogancia parecen parte de un sistema que genera una especie de urticaria administrativa de origen interno e indeterminado. Habrá que hacer los análisis correspondientes, para encontrar los remedios adecuados.

Ya dijimos en esta página que, pese a todo, se abre una oportunidad al Poder Legislativo para avanzar hacia la transparencia. Parece que no han sido oídas las consideraciones de un alto dirigente que se mostró de acuerdo con dar publicidad a los listados de empleados de ambas cámaras, tal como sucede en el Congreso de la Nación.

Así el ciudadano entrerriano podría saber quienes son los empleados de Diputados y Senadores. En qué año ingresaron, en qué categoría revistan.

Ante la consulta, un empleado legislativo que lleva más de una década prestando servicios, bajo administraciones de diverso matiz, explicó que sería muy doloroso ver que empleados que nunca estuvieron presentes en los recintos u oficinas de la Legislatura, revisten en categorías superiores a las que tienen los que están todos los días.

Como anticipamos, la Justicia entrerriana da los primeros pasos en un tema que se repite una y otra vez. Son dificultosas las transiciones, por eso representantes de signos políticos opuestos, no han dudado en promover normativas que les pongan claridad.

Quizá en un futuro mediato la Judicatura deba analizar situaciones, cuanto menos, pintorescas. Es que algunos decretos que permitieron a ex funcionarios de la anterior administración ser nombrados en las cámaras legislativas, mantenían, en un mismo acto, “las designaciones dispuestas” en cargos políticos.

Es decir que, en el mismo instrumento, conseguían un preciado empleo de resguardo futuro, mientras trabajaban lejos de lo legislativo.

Todo esto cobra vital importancia porque se pone en juego, una vez más, el alcance del artículo 42 de la Constitución Provincial. Ahí se habla de “un año consecutivo de servicio”, algo que muchos deberán comprobar ante autoridad administrativa y judicial.

Los listados de empleados y su publicidad que son aceptados por encumbrados dirigentes, obtienen esperas indefinidas como respuesta.

Son historias que parecen eternas por repetidas. Pero las historias que no pueden ser contadas, no son buenas historias.

Fuente: analisis