Por las renuncias sucesivas de dos defensores podría suspenderse el juicio contra Rossi

El juicio oral y público que iba a iniciarse el lunes contra el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, estaría a punto de suspenderse por las sucesivas renuncias de dos abogados defensores.

La acusación contra quien es presidente municipal de la localidad paceña por sexta vez es por presuntos sobreprecios en una obra de asfalto realizada en 2014. 

También hay un pedido para que el juicio se mude a La Paz, que fue avalado por la OGA y rechazado por la Fiscalía.

Para este lunes 11 de marzo está programado el inicio del juicio contra Rossi, ante un tribunal conformado por los jueces María Carolina Castagno, Juan Francisco Malvasio y Alejandro Grippo, con los fiscales Santiago Alfieri y Álvaro Piérola a cargo de la acusación. 

Los delitos que se imputan al intendente son peculado, falsificación de documentos y violación de los deberes de funcionario público por supuestas irregularidades en 20 cuadras de pavimento ejecutadas en 2014, en la anterior gestión de Rossi.

Semanas atrás renunció a la defensa el histórico abogado de Rossi, Carlos Guillermo Reggiardo, lo que fue visto en ámbitos judiciales como una maniobra dilatoria para lograr la postergación del juicio. 

A cargo de la defensa del intendente quedó el letrado Roberto Fabián Alsina, que hoy también renunció a su función “por tener diferencias irreconciliables en torno a las formas de ejercer esta defensa”, según expresó en una nota a la que accedió ANÁLISIS.

Alsina defendía también a otros tres imputados: los ex funcionarios municipales María Inés Martínez, Roberto Carlos Méndez y Adolfo Zenón Ortiz. 

“La defensa de estas personas fue asumida solamente para poder llevar adelante un acuerdo de salida alternativa con la Fiscalía, que en principio estaba definido y que luego por alguna razón no pudo concretarse”, explicó el abogado Alsina en su carta de renuncia.

A las maniobras dilatorias se suma el pedido de la defensa de uno de los imputados para que el juicio oral se haga en la localidad de La Paz. 

Según pudo saber este medio, la solicitud fue aceptada en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA). La determinación motivó que la Fiscalía presentara una revocatoria de la decisión, argumentando que la decisión de variar el lugar corresponde al tribunal, no a la OGA, que es un organismo de carácter administrativo.

Fuente: Análisis