Trepó a 5 mil millones la deuda judicializada de las constructoras y siguen los embargos

De los 22 mil millones de pesos de deuda de obra pública que quedó de la gestión de Gustavo Bordet, están judicializados 5 mil millones. Un puñado de empresas concentra los principales reclamos y tres estudios jurídicos se ven beneficiados con importantes honorarios. Los intereses crecen día a día y llueven los embargos. El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley de emergencia para detener la sangría, pero no se pudo tratar esta semana por la situación derivada de la denuncia de la diputada Laura Stratta.

El 21 de diciembre, Frigerio recibió en el Salón de los Gobernadores a la Cámara Argentina de la Construcción. Posteriormente se informó que “la deuda de obra pública heredada” ascendía a más de 22 mil millones de pesos y se acordó con el sector hacer una “neutralización” de obras. También se estructuró un plan de pago de las obligaciones vencidas.

Como quedó en evidencia con las continuas noticias sobre embargos y juicios, ese primer ordenamiento no fue aceptado por la totalidad de las constructoras. Muchas acudieron con sus certificados a Tribunales y reclamaron sus deudas por esa vía.

Por imperio de la Ley de Obra Pública Nº 6.351 que rige desde 1979, en Entre Ríos portar un certificado de obra pública es casi como tener un cheque. La norma les da carácter de títulos ejecutivos y el Código Procesal Civil y Comercial manda ese tipo de instrumentos a juicio ejecutivo.

El acreedor de obra pública, vía embargo, cobra en no más de 30 días, a diferencia de cualquier otro proveedor del Estado que tiene que acudir a la vía ordinaria y esperar plazos larguísimos.

La tasa de judicialización de la obra pública se duplicó en cuestión de semanas, según pudo saber este medio. En ese escenario es que el gobierno diseñó la ley de emergencia que, entre otras medidas, apunta a ordenar la deuda de obra pública, a autorizar el pago con títulos de deuda y a frenar los embargos.

Actualmente hay en curso 128 juicios de obra pública en los Tribunales entrerrianos, según se informó. Dos tercios se iniciaron entre diciembre y febrero y el número aumenta cada semana.

El monto reclamado por esta vía ronda los 5 mil millones de pesos. De ese total, 752 millones corresponden al Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV), 988 millones a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), 3.118 millones al Gobierno de Entre Ríos y otros 189 millones corresponden en conjunto a Gobierno y Vialidad.

Las empresas reclamantes son, entre otras, Antolín Fernández SA, Luis Lossi SA, Cemyc SRL, Antonio Caballi SA, Del Litoral SA, Hornus y Cía SA, Szczech S.A y OICSA Construcciones.

Tres estudios jurídicos concentran la mayor parte de los juicios: Krochik, Pedrotti y De Bueno. Los abogados se quedan con no menos del 15% de los montos reclamados en concepto de honorarios.

La noticia de que el gobierno impulsaría un proyecto de ley de esta naturaleza intensificó el ritmo de las presentaciones judiciales. Y más se aceleró cuando la iniciativa finalmente fue elevada a la Legislatura. Por eso la premura del gobierno en su pronto tratamiento: entienden que cada día importa.

Con dictamen favorable, la emergencia iba a ser tratada esta semana en el Senado y en la Cámara de Diputados. 

Las dos sesiones ya habían sido convocadas, pero se suspendieron producto de la situación derivada de la denuncia por violencia de género de la diputada peronista María Laura Stratta contra el presidente del cuerpo, Gustavo Hein (JxER).

Fuente: Análisis