“Presentamos la denuncia porque es deber de funcionario público hacerla ante cualquier indicio de delito que radique en la Administración Pública”, señalaron y aclararon que “esto fue antes de que Uriburu se presentara ante la Justicia (el 19 de abril se hizo la denuncia desde el gobierno provincial; Uriburu lo hizo la semana siguiente)”.
“También nos presentamos ante la Oficina Anticorrupción de Paraná, dónde nos informaron que no era necesario hacer una ampliación de la denuncia, sino dejar que la investigación siga su curso en el Juzgado de Concepción del Uruguay”, indicaron.
Luego aseveraron que se están iniciando procesos de información sumaria por vía administrativa en el Instituto y en el Puerto de Concepción del Uruguay “para evaluar la posibilidad de apartar de sus cargos a las personas denunciadas, que forman parte de la planta de la Administración Publica Provincial”.
“En Entre Ríos ya no hay lugar para los corruptos y somos implacables en este sentido.
El dinero de los entrerrianos no va a ir a parar al bolsillo de ningún funcionario. Por ese motivo impulsamos leyes como la de Acceso a la Información Pública y el Régimen Legal de Transparencia y Ética de la Función Pública”, aseveraron.
Sobre las declaraciones de Uriburu acerca de su imposibilidad para operar en el puerto, expresaron: “Uriburu no puede ser permisionario ni operar en el puerto porque, además de acumular deudas con AFIP y ATER, su empresa está en quiebra y, por lo tanto, se encuentra desapoderado”.
Fuente: APFDigital |
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