Extorsión a beneficiarios de planes sociales: el Gobierno se presentó como querellante

El Gobierno se presentó como querellante contra los imputados ya identificados en la causa que investiga presuntas extorsiones y coacciones a beneficiarios de planes sociales. Lo hizo a través de una acción legal realizada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

La investigación fue iniciada a raíz de las denuncias recibidas a través de la Línea 134, algunas anónimas y otras por personas que se identificaron. 

Todos manifestaron haber sido amenazados con perder los beneficios del Potenciar Trabajo u otras asignaciones en caso de no sumarse a las marchas de distintas organizaciones sociales.

“Ahora, el Ministerio de Seguridad de la Nación es querellante para seguir estos y los miles de casos de punteros enriquecidos con los impuestos de la gente de trabajo. El que las hace, las paga”, manifestó Bullrich en sus redes sociales.

En su presentación, Bullrich destacó que se recibieron “miles de llamados” desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Catamarca, Misiones, Jujuy y Chaco, entre otras.

“Las modalidades denunciadas consisten en ofrecer subsidios a cambio de concurrir a marchas y movilizaciones; obligando a asistir a movilizaciones, como la del día 22 de diciembre de 2023, bajo la advertencia expresa de ‘dar de baja al Plan Potenciar’; de cobrarles una suma de dinero fija o mensual como ‘castigo’ por no asistir a una movilización; el requerir el pago de aportes con periodicidad mensual para el mantenimiento de un subsidio; etc”, indica el texto.

Para Bullrich, “resulta necesario asumir el rol de querellante con el objeto de coadyuvar en la investigación de los hechos ilícitos aquí investigados, que causan graves perjuicios a la Nación en su conjunto”.

“En virtud de ello, la ministra solicitó asumir como querellante contra los imputados ya identificados: 

Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo ‘Toto’ Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza; 

Como así también respecto de las personas que, con el avance de la pesquisa, resulten identificados como autores, coautores, cómplices o encubridores de las maniobras delictivas oportunamente denunciadas”, se indicó.

Específicamente, se refiere a “los delitos de amenazas agravadas, extorsión y defraudación al Estado (arts. 149 bis, segundo párrafo, 168, y 174, inc. 5to. del Código Penal de la Nación), y los que surjan con las medidas a desarrollarse en autos, como podría ser el delito de asociación ilícita previsto en el art. 210 del Código Penal de la Nación”.

En el final de su presentación, Bullrich solicitó que también “se tenga por asumido el rol de querellante del Ministerio de Seguridad de la Nación en las presentes actuaciones contra los imputados ya identificados en autos, como así también respecto de las personas que, con el avance de la pesquisa, resulten identificadas como autores, coautores, cómplices o encubridores de las maniobras delictivas oportunamente denunciadas”.

Fuente: Análisis