Enriquecimiento: Rossi recusó tres jueces y aún no se discute su pedido de sobreseimiento

El intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y su esposa, la senadora Patricia Díaz, recusaron a tres jueces en el marco de la segunda investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En la audiencia de este miércoles, el abogado defensor Carlos Reggiardo, fundamentó sólo uno de esos recursos. Dijo que no estaba preparado para los tres planteos porque nadie le avisó que se tratarían juntos.




—Es una cuestión de economía procesal—respondió el presidente del Tribunal.


El Ministerio Público Fiscal (MPF) a cargo de Gonzalo Badano, pidió que se refuten las tres recusaciones del defensor. Santiago Brugo, Paola Firpo y Gervasio Labriola, los magistrados que integran el tribunal, deberán tomar una decisión al respecto.


Los apuntados por Reggiardo son los jueces Marina Barbagelata, Alejandro Grippo y Carolina Castagno. 


El defensor pidió que se los aparte a los tres de las discusiones de forma que abre la parte investigada. 


En efecto, la cuestión de fondo que debe resolverse es un nuevo pedido de sobreseimiento en la segunda causa por presunto enriquecimiento ilícito. 


Ese punto iba a discutirse en una audiencia, en abril pasado, pero Reggiardo recusó al juez de Garantías a cargo de la causa, Eduardo Ruhl, y al fiscal Álvaro Piérola. Este juez rechazó la recusación en su contra y la discusión escaló un peldaño. 


Fue entonces cuando el abogado de Rossi continuó con las recusaciones. En otras palabras, hace cuatro meses (feria judicial de por medio), que no se conformaba un tribunal para resolver las recusaciones contra Barbagelata, Grippo y Castagno.


Por otro lado tramitó la denuncia que en la audiencia de abril pasado, Reggiardo anunció contra el fiscal de la causa, Álvaro Piérola, a quien acusó ante el Jurado de Enjuiciamiento, un instituto que hasta ese momento era presidido por la propia Patricia Díaz. El planteo contra Piérola fue rechazado y está para resolverse ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ).




Contra todos

La audiencia de este lunes estaba citada para las 9. El tiempo de tolerancia es de 15 minutos. Carlos Reggiardo llegó a las 9.12, caminando lento por los pasillos de Tribunales, observando los números en las puertas de los salones. Buscaba el 2. Atravesó el umbral con un saludo casi imperceptible. 


Se sentó en la silla que le corresponde a la defensa. Colocó una pequeña computadora sobre el escritorio. La encendió. Se acercó el micrófono y esperó a que lleguen los jueces.


El abogado expuso en primer lugar, luego de que se constituyera la audiencia. Argumentó sólo el planteo recusatorio contra Marina Barbagelata. 


Pero, como es de costumbre, no ahorró críticas a dirigentes políticos, al Procurador General, y al director de ANÁLISIS, entre otros. 


Todos integrantes de una supuesta “mesa judicial” que lo tiene a su jefe, el exvicegobernador Domingo Daniel Rossi, como víctima de una persecución que comenzó hace más de 20 años, según su parecer de la realidad.


“Recusamos a la doctora Barbagelata. En su momento la doctora (Matilde) Federik, se excusó de intervenir porque Rossi fue defendido de su padre y eso compromete la apariencia de imparcialidad. 


En un primer momento le rechazaron la excusación a Federik pero el STJ le hizo lugar. Cuando recusamos a Barbagelata entendemos que hay una situación similar porque trabajaba en ese estudio, incluso se recibió antes que la doctora Federik. 


La causa de enriquecimiento ilícito de Rossi empezó con una nota de ANÁLISIS de fines de la década del ’90, hace 25 años”, dijo Reggiardo.


Agregó que la primera condena estuvo en cabeza del actual procurador Jorge García, en 2006, cuando se lo penó a Rossi por enriquecerse con “5 millones de dólares”. 


Julio Federik que era el defensor llegó como tal hasta la confirmación de la condena, en marzo de 2007. “La primera causa se inició en el ’97. Cuando llegó al STJ y Federik concluyó su defensa, en 2007 o 2008, asumí yo con 24 o 25 años. 


Entonces hicimos un planteo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se revise esa condena. Estamos convencidos que fue una condena ilegal”, subrayó.




Reggiardo después dijo que las investigaciones a Rossi por corrupción son “obra” de la intendenta de Paraná, Rosario Romero, que “maneja la Justicia” con designaciones irregulares en el Ministerio Público Fiscal como la de Maximino Ledesma. 


“Los fiscales se autoperciben que no pueden cumplir la ley que está hecha para los mortales pero no para los fiscales. No puede ser puesta en tela de juicios sus actuaciones”, dijo.


“En diciembre de 2016 la CIDH decide que hay un hecho suficiente para revisar la condena y correr traslado al Estado argentino para que conteste sobre las irregularidades denunciadas: robo de testigo, del perito que no fue a declarar”, sostuvo y después apuntó contra la exprocuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, a quien también ubicó “detrás de todo esto” integrando “la mesa judicial de Paraná con (José Carlos) Halle y Romero”.


El abogado siguió con su teoría conspirativa. “Tres días después de la decisión de la CIDH, Daniel Enz que también autopercibe como cuestión personal y propia de ANÁLISIS, porque ANÁLISIS hace denuncias como las de Diego Lara con las que se callan y esconden debajo de la alfombra -acotó-, Enz dice que la senadora Díaz debía 300 mil dólares. Cuando la familia se había enriquecido por 5 millones de dólares. Es un empobrecimiento. El patrimonio de hoy no es, ni por las patas, aquel por el que lo condenaron en 2006 y por lo que está revisando la CIDH”.


Reggiardo volvió después al planteo recusatorio contra Barbagelata. Y enseguida insistió con el reclamo por Diego Lara. “Leen ANÁLISIS sólo cuando hablan de Rossi pero no cuando dicen que Lara contrató al integrante del Jurado de Enjuiciamiento Gonzalo García Garro”, cuestionó. 


Y lamentó: “Estas causas por enriquecimiento no son gratuitas. La gente no sabe, no conoce a Lara o lo que pasa con las cajas de Enersa, del Iosper, que son cajas que ha denunciado Rossi”. “Barbagelata fue parte del estudio como la doctora Federik”, reiteró.


Que rechacen las tres recusaciones


El fiscal Badano se ocupó de pedir el rechazo de las tres recusaciones. “No se verifican las causales previstas en el Código Procesal Penal y tampoco el temor de parcialidad. 


Los planteos carecen de fundamentación”, adelantó. Citó una resolución del STJ, que fijo causales de recusación contra jueces, en el marco del legajo por el “megajuicio por corrupción”, entre otros antecedentes.


“Un cuestionamiento que atraviesa la totalidad de los planteos es el temor de parcialidad. El caso que se alegó fue de Grippo. 


Se dijo que pertenecía a un órgano querellante desde el que se pidió pena de prisión. Pero él no participó en dicho carácter en el juicio, ni solicitó pena. Sólo formar parte de oficina querellante no es suficiente”, dijo el fiscal.


Refirió después a una inhibición del juez (Mauricio) Mayer, que argumentó “disipar eventualmente cualquier sospecha de parcialidad”. 


Agregó que al juez Rafael Cotorruelo “lo recusaron dos veces, una porque fue fiscal coordinador cuando Piérola quedó a cargo de la causa. 


La segunda recusación fue por una nota que se publicó por parte de Asociación de Magistratura. No hay causal en el primer supuesto. 


Cotorruelo dijo que nunca supo, ni tomó decisión en la causa, que no puede ser recusado por haber sido parte del MPF. 


En segundo caso, no hubo adelantamiento de opinión que es el motivo de la defensa”, contestó.


Sobre la recusación contra la jueza Carolina Castagno, Badano señaló que “no hubo adelantamiento de opinión ni prejuzgamiento”. 


Por último, retomó el planteo contra Barbagelata. “Argumentan que la doctora atendía a Rossi en el estudio. Pero ella dijo que lo saludaba y que el trato fue normal, un trato social de cualquier persona. 


No es una causa que llevaba ni conoció. No hay causal que amerite su apartamiento”, manifestó el fiscal.


Remarcó que el abogado “no ofreció prueba sobre los planteos recusatorios, ni explicó cómo se causaría un agravio concreto”. Por lo tanto, insistió a los jueces para que rechacen las recusaciones.



Fuente: Análisis

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