Condenaron al ex funcionario Juan Ruiz Orrico a 5 años y 8 meses de prisión por la muerte de cuatro jóvenes

La sala del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay estuvo colmada mucho antes de que comenzara la audiencia de adelanto de veredicto. Familias enteras, amigos, allegados y vecinos de las víctimas ocuparon cada espacio disponible. Algunos sostuvieron fotografías; otros apenas un pañuelo o las manos entrelazadas. El silencio tuvo una densidad particular, esa mezcla de expectativa y dolor que suele preceder a los momentos decisivos en la vida de las personas.

Allí, el vocal del tribunal, Darío Crespo, pronunció una decisión que llevaba muchas jornadas gestándose en el ámbito judicial: declaró a Juan Enrique Ruiz Orrico autor material penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas, en relación con el siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 en el kilómetro 123 de la Ruta Provincial 39.

En aquel episodio murieron cuatro jóvenes trabajadores: Brian Adrián Izaguirre, Lucas Marcelo Izaguirre, Leonardo Iván Almada y Axel Maximiliano Rossi. La sentencia fijó una pena de 5 años y 8 meses de prisión efectiva, además de 9 años de inhabilitación especial para conducir vehículos con motor y una serie de conductas que deberá respetar hasta que la sentencia quede firme.

Ruiz Orrico no se presentó a la lectura de la sentencia.

El momento del adelanto del veredicto

La exposición del juez Crespo se extendió durante aproximadamente dos horas y media. No fue una lectura fría ni meramente formal. El magistrado comenzó con una extensa introducción que repasó el proceso del debate oral, las pruebas incorporadas al expediente y los testimonios escuchados durante las audiencias.

En la sala estaban presentes el fiscal Eduardo Santos y los abogados de la querella particular, Leandro Rosatti y Mario Arcusin. Por la defensa técnica participaron Leandro Monje y Félix Pérez, mientras que el abogado Leopoldo Lambruschini no estuvo presente en la jornada. El propio Ruiz Orrico tampoco asistió, amparado en su derecho legal de no estar presente.

La decisión del tribunal situó la pena en un punto alto dentro de la escala prevista por la ley: el mínimo era de tres años y el máximo de seis. La condena fijada -cinco años y ocho meses- deberá cumplirse una vez que la sentencia quede firme, en una unidad penal del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

Hasta entonces, el magistrado resolvió mantener y prorrogar las medidas cautelares que aseguran la sujeción del acusado al proceso, entre ellas la obligación de informar sus desplazamientos fuera del Departamento Uruguay y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

También rechazó el pedido de detención inmediata solicitado por el Ministerio Público Fiscal y la querella, al considerar que no correspondía en esta instancia.

La memoria de aquella madrugada

El caso que hoy tiene un adelanto de veredicto remite a una madrugada que todavía pesa en la memoria colectiva de la provincia. 

El 20 de junio de 2024, alrededor de las 4:30, el automóvil que conducía Ruiz Orrico -un Volkswagen Passat oficial perteneciente al gobierno provincial. invadió el carril contrario e impactó contra el Chevrolet Corsa en el que viajaban los cuatro jóvenes.

La investigación determinó que el conductor tenía alcohol en sangre por encima del límite permitido. Ese dato, sumado a la multiplicidad de víctimas fatales, constituyó el agravante central de la figura penal aplicada.

El impacto no sólo truncó cuatro vidas jóvenes; también atravesó a familias enteras y a comunidades pequeñas donde todos se conocen.

Brian Izaguirre era árbitro de fútbol y un joven profundamente vinculado al deporte. Su hermano Lucas era padre y trabajador del frigorífico. Leonardo Almada sostenía a su familia y era padre de tres hijos. Axel Rossi, con apenas 23 años, era recordado por su carácter afectuoso y su cercanía con quienes lo rodeaban.

Durante el juicio, esos nombres dejaron de ser simples referencias en un expediente judicial para recuperar su dimensión humana.

El juez Darío Crespo leyó el adelanto de la sentencia

La sala del dolor compartido

Mientras el juez Crespo avanzaba en su exposición, los familiares escuchaban en un silencio que pesaba tanto como las palabras que se pronunciaban desde el estrado. No era un silencio vacío: estaba cargado de recuerdos, de nombres, de imágenes que cada uno llevaba consigo desde aquella madrugada que cambió sus vidas para siempre.

De vez en cuando se percibía el sonido contenido de un llanto. Alguna madre, pañuelo en mano, sostenía la mirada fija hacia el frente, como si en esa dirección pudiera encontrar una respuesta que el tiempo todavía no había dado. 

Otras llevaban la mano al rostro, buscando sostenerse en medio de la tensión que se acumulaba en el aire. Había quienes sollozaban en silencio, moviendo levemente los hombros, como si el cuerpo intentara liberarse -aunque fuera por un instante- del peso de tanta angustia acumulada.

El dolor no se expresaba en gritos ni en reproches. Se manifestaba en gestos mínimos: una respiración profunda que intentaba recuperar el equilibrio, una mirada que se perdía hacia el suelo, un abrazo que llegaba en el momento justo. Eran señales discretas de una pena compartida, de ese tipo de sufrimiento que no necesita palabras para ser comprendido.

Entre los bancos de la sala se veían padres, hermanos, amigos. Algunos se tomaban de las manos. Otros se inclinaban apenas para susurrar una frase de aliento o para preguntar en voz baja si el otro estaba bien. Se contenían unos a otros con una delicadeza silenciosa, como si supieran que cada gesto -aunque mínimo en su ademán- era una forma de sostener al que estaba al lado.

En varios pasajes de su exposición, el magistrado hizo referencia explícita a los testimonios de las familias. Recordó sus palabras, sus historias, la manera en que cada uno había descrito a los jóvenes que ya no están. Reconoció la dimensión profundamente humana del proceso y la magnitud irreparable del daño causado.

También tuvo palabras que, sin relativizar la responsabilidad penal, buscaron comprender la complejidad humana que rodea a una tragedia de estas características. Fue un intento, medido y prudente, de recordar que detrás de los expedientes judiciales siempre hay vidas atravesadas por el dolor.

La intervención del juez Crespo estuvo marcada por ese delicado equilibrio entre el rigor jurídico y la sensibilidad humana. Un esfuerzo por demostrar que la justicia, cuando se pronuncia sobre tragedias tan profundas, no sólo habla en nombre de la ley, sino también en nombre de la memoria de quienes ya no pueden hacerlo.

Una sentencia que trasciende el expediente

La sentencia completa, con todos sus fundamentos, será dada a conocer el 17 de marzo. Allí se conocerán en detalle los razonamientos jurídicos que llevaron al tribunal a fijar esa pena específica.

Pero el impacto del fallo ya trasciende el expediente. En una provincia donde la siniestralidad vial constituye una problemática persistente, el caso interpeló no sólo a la justicia penal sino también a la sociedad en su conjunto.

El hecho de que el conductor fuera un alto funcionario del gobierno provincial y que utilizara un vehículo oficial agregó una dimensión institucional al debate público.

La pregunta que atravesó el juicio fue sencilla y profunda a la vez: cómo responde el Estado cuando una imprudencia al volante provoca una tragedia de esta magnitud.

El instante que quebró el silencio

Cuando finalmente llegó el momento del adelanto de veredicto, la sala pareció detenerse.

El juez Crespo pronunció con claridad la decisión: Ruiz Orrico deberá cumplir la pena de 5 años y 8 meses de prisión efectiva, además de 9 años de inhabilitación para conducir.

Durante un segundo todo quedó suspendido. Y entonces ocurrió algo poco habitual en un tribunal: la sala estalló en un aplauso cerrado.

No fue un gesto de celebración. Fue, más bien, una expresión de reconocimiento y de alivio. Un modo de señalar que la respuesta judicial había sido escuchada como una forma de reparación institucional.

Muchas familias permanecieron en la Sala por algunos minutos. No había euforia. Tampoco celebración. Había abrazos largos, silenciosos. Algunos miraban hacia el estrado vacío, como si intentaran comprender que todo aquello -extensas audiencias, testimonios y pericias- había desembocado finalmente en una decisión judicial.

En ese instante, las lágrimas aparecieron sin contención. Nélida Lorena Dubini, María de los Ángeles Benítez, Roberto Gustavo Rossi, María Cornelia Jaime y Ramón Donato Almada no ocultaron su emoción. Sus rostros reflejaban algo difícil de nombrar: tristeza por lo irremediable, pero también un cierto alivio por haber sido escuchados.

Fuente: analisisdigital.com.ar