La Asamblea de Salud Mental rechaza la modificación de la ley nacional: “Lejos de resolver, la empeora”

La Ley de Salud Mental volvió al centro del debate en Entre Ríos, donde organizaciones, profesionales y usuarios rechazaron la reforma impulsada por el Gobierno nacional por considerar que implica un retroceso en derechos.

La Ley de Salud Mental volvió a generar fuerte controversia en Entre Ríos, luego de que la Asamblea de Salud Mental de la provincia manifestara su rechazo al proyecto de modificación impulsado por el Gobierno nacional. 

La discusión se dio en la Facultad de Trabajo Social de Paraná, donde referentes del sector expusieron sus críticas y alertaron sobre un posible “retroceso” en materia de derechos.

Durante el encuentro, la integrante de la asamblea Paula Kratje explicó el posicionamiento colectivo frente a la iniciativa oficial. 

“La Asamblea de Salud Mental de Entre Ríos pudo obtener la adhesión de muchísimas otras organizaciones, tanto sociales como de usuarios, familiares, derechos humanos e instituciones académicas”, señaló.

La profesional remarcó además que el objetivo del espacio es sostener un frente común frente a lo que consideran una amenaza al modelo de atención vigente. “Entendemos que hay mucho puesto en juego en este momento y mucho puesto en riesgo para pensar qué salud queremos para la provincia y para la Argentina”, afirmó.

Un debate que atraviesa el modelo de atención

Kratje recordó que la actual normativa fue sancionada en 2010 y reglamentada en 2013, y destacó que su implementación permitió avanzar en un cambio de paradigma. Según explicó, el eje central de la ley vigente es la atención comunitaria y la reducción del modelo basado exclusivamente en la internación.

En ese sentido, cuestionó que el proyecto de reforma elimine dispositivos fundamentales previstos en la norma actual. “Nuestra ley plantea dispositivos con base en la comunidad que tienen que ver con vivienda, derecho al trabajo y vida independiente. La modificación lejos de resolver, la empeora”, sostuvo, al tiempo que advirtió que la propuesta oficial “los elimina o debilita”.

También señaló que la discusión no se limita a lo normativo, sino a su implementación concreta. “La dificultad no está en la letra de la ley, sino en cómo implementarla con formación y presupuesto”, expresó, al referirse a las falencias estructurales del sistema de salud mental.

Críticas al enfoque del proyecto oficial

La referente de la asamblea sostuvo que la reforma propuesta implica un retroceso en relación con los avances logrados en la última década. “No queremos decir que es una reforma, sino justamente un retroceso”, afirmó.

En su análisis, advirtió además sobre el debilitamiento del abordaje interdisciplinario. “Se elimina que las estrategias psicofarmacológicas estén enmarcadas en un abordaje interdisciplinario”, explicó, y cuestionó la orientación general del proyecto al señalar que reduce garantías para la atención integral.

Kratje también remarcó que la ley vigente fue clave para superar prácticas históricas de institucionalización prolongada. “Vino a reparar una historia de violencia institucional y a proponer un modelo de atención con base en la comunidad”, subrayó.

El reclamo por el presupuesto en salud mental

Por su parte, Matías Passi, también integrante de la Asamblea de Salud Mental de Entre Ríos, hizo foco en la situación presupuestaria del sector y en la brecha entre lo que establece la ley y lo que efectivamente se ejecuta.

“El presupuesto que prevé la Ley Nacional de Salud Mental es el 10% del presupuesto total de salud destinado a salud mental. Ese presupuesto nunca ha superado el 2%”, explicó. Además, señaló que la mayor parte de esos recursos se concentra en hospitales monovalentes.

En ese sentido, advirtió que el modelo actual sigue sin priorizar la creación de dispositivos comunitarios. “El mayor recurso está puesto sobre los hospitales con internación y no en la necesidad de crear dispositivos sustitutivos en el territorio”, afirmó.

El debate continúa abierto en la provincia, donde organizaciones sociales, profesionales y académicos mantienen su postura de rechazo al proyecto y reclaman una implementación plena de la normativa vigente.

Fuente: elonce.com