Deuda, previsión social, transporte y transparencia: radiografía del Ministerio de Economía de la provincia

El Ministerio de Economía de Entre Ríos destinó al menos 439.875 dólares en honorarios legales por la última colocación de deuda provincial, sin que se conozca cuánto cobraron los tres bancos colocadores internacionales que manejaron la operación. El fondo nacional que financia el incentivo docente se derrumbó 87 por ciento en un año y luego directamente dejó de figurar en los registros oficiales. Una medida cautelar por más de 500 millones de dólares para recomponer los excedentes de Salto Grande sigue redactada, pero sin ser presentada aún ante la Corte Suprema, casi dos años después de iniciado el reclamo. La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) admite 420.000 millones de pesos entre deuda impaga y exenciones fiscales, y se niega a poner un solo nombre propio sobre esa cifra. La última cuota del convenio con ANSES -74.000 millones de pesos que la Provincia exhibe como un logro de gestión- se acreditó con dos meses de atraso, cinco días antes de que el Ministerio de Economía y Servicios Públicos respondiera a ANÁLISIS este mismo pedido de acceso a la información pública. Estos son los datos más salientes de una respuesta que, entre informes oficiales, planillas del SIAF y miles de páginas de decretos, permite reconstruir en detalle el estado de las cuentas públicas entrerrianas y que se pone a consideración de nuestros lectores.

El Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, junto con la Contaduría General, la Tesorería General, Fiscalía de Estado, la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y la Caja de Jubilaciones y Pensiones, respondieron a un pedido de acceso a la información pública tramitado bajo el Expediente Nº 3.439.186. El siguiente es un relevamiento integral de esa respuesta, con el detalle documento por documento y cifra por cifra. El pedido de acceso a la información pública, presentado en el marco de la Ley Nº 11.191, fue tramitado bajo el Expediente Nº 3.439.186 ante el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, a cargo del Cr. Fabián Boleas. La respuesta se compone de una carta consolidada del Ministerio, fechada el 19 de agosto de 2026, que contesta punto por punto y remite, según el tema, a los organismos con competencia específica, más los informes individuales de cada uno de ellos, firmados por los más altos funcionarios de la Contaduría General, la Tesorería General, Fiscalía de Estado, ATER y Caja de Jubilaciones y Pensiones.

Fabián Boleas, ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos.

La Provincia recibió, entre diciembre de 2024 y agosto de 2026, dos anticipos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, por un total de 74.000 millones de pesos. El primero consistió en 26.000 millones de pesos en trece cuotas mensuales de 2.000 millones cada una, pagadas puntualmente -según la planilla de la Tesorería General- entre el 17 de diciembre de 2024 y el 22 de diciembre de 2025, con estado "completo".

El segundo convenio, por 48.000 millones de pesos, firmado entre el gobernador Rogelio Frigerio y el director ejecutivo de ANSES, Guillermo Héctor Arancibia, había sido pactado en ocho cuotas mensuales de 6.000 millones de pesos entre noviembre de 2025 y junio de 2026, según el propio informe de gestión de la Caja de Jubilaciones. La planilla de la Tesorería General muestra, sin embargo, un cronograma real distinto: cuotas acreditadas el 20 de noviembre y el 22 de diciembre de 2025, luego el 20 y el 29 de enero de 2026 -con apenas nueve días de diferencia entre ambas-, sin cuota alguna en febrero, y con la octava y última cuota acreditada recién el 14 de agosto de 2026, dos meses después del plazo comprometido y cinco días antes de que el Ministerio respondiera este mismo pedido de información. El decreto que dispone la ejecución del convenio también consigna que esos montos podrán incorporarse al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR).

El informe de gestión de la Caja de Jubilaciones presenta estos convenios como resultado de una gestión que "reconstruyó desde cero" la información contable y documental que, según el mismo informe, la administración anterior no había elaborado entre 2017 y 2023: seis años sin reclamos formales a la Nación, sin solicitudes de auditoría, y con los balances de los ejercicios 2020 a 2023 sin firmar, en revisión o directamente sin elaborar. Esa caracterización del período previo se sustenta en un informe producido por la propia gestión actual y no por un organismo de control externo. El informe atribuye a esa gestión, entre otros hitos, la primera solicitud formal de auditoría a ANSES (21 de febrero de 2024), el primer trabajo de campo de auditoría realizado en julio de 2024, la demanda judicial de abril de 2024, la declaración de competencia originaria de la Corte Suprema en septiembre de 2025, y una reducción del déficit previsional de 41,12 puntos en enero de 2024 a 25,01 puntos en noviembre de ese mismo año, sin que el informe, fechado en abril de 2026, incorpore cifras de evolución del déficit correspondientes a 2025 o a los primeros meses de 2026. El documento cita además una declaración de su presidente sobre la resolución de la Corte Suprema: que el tribunal tomara el caso y corriera traslado a las partes resulta positivo, porque los argumentos presentados por la Provincia quedan avalados y son tomados como ciertos.

El informe de Fiscalía de Estado describe el mismo conflicto en un registro más cauteloso. La demanda judicial interpuesta el 25 de abril de 2024 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación reclama 154.606.298.614,49 pesos, monto que Fiscalía aclara expresamente que corresponde al valor estimado al momento de promoverse la demanda, calculado por la propia Caja de Jubilaciones, y no a una suma reconocida por sentencia judicial firme. Antes de la demanda principal, el 18 de abril de 2024 la Provincia había promovido ante el Juzgado Federal Nº 2 de Paraná una medida cautelar autónoma contra el DNU Nº 280/2024, que ese juzgado declaró de competencia originaria de la Corte el 24 de abril de 2024. La Corte Suprema -mediante resolución suscripta por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- declaró su competencia originaria el 16 de septiembre de 2025 y dispuso correr traslado de la demanda. La audiencia de conciliación, fijada para el 12 de noviembre de 2025, fue suspendida a raíz de la firma del segundo convenio y los plazos procesales continuaban suspendidos y sin reanudarse al 19 de agosto de 2026, según el propio informe de Fiscalía.

El mismo informe de Fiscalía de Estado detalla un segundo frente judicial contra el Estado Nacional: la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida el 6 de noviembre de 2024 ante la Corte Suprema ("Entre Ríos, Provincia c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad"), por la modificación unilateral del régimen de remuneración de la energía generada en el complejo hidroeléctrico de Salto Grande, en contradicción con el Pacto Intrafederal Eléctrico de 1998. Ampliada el 4 de junio de 2025, la demanda quedó estructurada en tres ejes: la afectación del régimen federal y de la autonomía provincial derivada del incumplimiento del pacto; el perjuicio económico concreto por la disminución de los ingresos de generación hidroeléctrica; y el impacto ambiental y social acumulado por el funcionamiento de la represa, con un reclamo por los períodos no prescriptos entre 2020 y 2024. El monto estimado del reclamo asciende a 724.174.000 dólares estadounidenses, sin perjuicio de intereses.

Fiscalía de Estado había elaborado una medida cautelar innovativa que solicitaría dos cosas: la suspensión de la aplicación de la Resolución Nº 603/2024 de la Secretaría de Energía de la Nación, del 27 de diciembre de 2024, y de cualquier disposición posterior de contenido sustancialmente similar. Y la recomposición preventiva de los excedentes de Salto Grande en un 70 por ciento del objeto económico reclamado en la demanda principal -equivalente a 506.921.800 dólares-, mientras se sustancia el proceso. Sin embargo, al 19 de agosto de 2026, esa cautelar seguía elaborada y sin presentar ante el tribunal, y el informe concluye, en los mismos términos que respecto de la deuda previsional, que no existe sentencia definitiva ni acuerdo indemnizatorio que reconozca, total o parcialmente, el monto reclamado.

La deuda pública: préstamo por préstamo, bono por bono

La planilla "Condiciones de la Deuda" del informe enviado a ANÁLISIS, remitida por la Contaduría General, organiza el endeudamiento provincial en cuatro bloques. El primero incluye un préstamo del FONDEP (para el Fondo de Garantías de Entre Ríos) por 400.000.000 de pesos, firmado en 2021, sin devengamiento de intereses, con vencimiento en 2031. 

Y catorce préstamos del ex Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), suscriptos entre 2016 y 2021 para los programas de Rehabilitación y Mejoramiento Vial de la Ruta 11 y de Obras Hídricas y de Saneamiento, ajustados por el índice de costo de la construcción (ICC), con vencimientos escalonados entre 2026 y 2032, cuyo monto conjunto asciende a 28.617.204.704,50 pesos, de los cuales 26.290.734.835,50 pesos corresponden a una sola operación.

El segundo bloque corresponde a organismos multilaterales de crédito, todos en dólares estadounidenses:

--el BID 2573 OC-AR (Programa de Servicios Agrícolas Provinciales III, 44.931.069,94 dólares, firmado en 2010/2013, vencimiento 2036).

--el BID 4688/OC-RG (50.000.000 de dólares, firmado en 2019).

--el BID 3806/OC-AR (Programa de Servicios Agrícolas Provinciales IV, 13.297.956,70 dólares, 2019).

--el BID 1914/OC-AR (100.000.000 de dólares, 2008, vencimiento 2033).

--el BID 1956/OC, subsidiario, para el PROSAP Ruta Provincial y caminos (52.317.942,88 dólares, 2010, vencimiento 2033).

--el BID 4822, para el Programa de Desarrollo e Integración de la Región Salto Grande (80.000.000 de dólares, 2020).

--el BIRF 7597, subsidiario, para electrificación rural (17.623.431,40 dólares, 2011/2015, vencimiento 2038).

--el BIRF 7833, para infraestructura vial (73.000.000 de dólares, 2012/2015, vencimiento 2038).

--y la CAF, por el Programa de Camino y Desarrollo Productivo (40.000.000 de dólares, firmado en 2024, vencimiento 2039). El total de este bloque asciende a 471.170.400,92 dólares.

El tercer bloque agrupa los préstamos con entidades bancarias y financieras locales. La planilla muestra una sucesión de operaciones con el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. (NBERSA): un préstamo sindicado de 70.000 millones de pesos (2024, vencimiento original agosto de 2025), otro de 40.000 millones de pesos (2024, vencimiento marzo de 2026) y un préstamo puente de 40.000 millones de pesos (2024, vencimiento junio de 2024), los tres consignados como cancelados anticipadamente o refinanciados -por un total de 150.000 millones de pesos- y reemplazados por una nueva "Refinanciación Sindicado" de 70.000 millones de pesos, firmada en 2025, con vencimiento en marzo de 2026 también marcado como cancelación anticipada. A esto se suma un fideicomiso financiero con el IAPV por 60.000.000 de pesos (2012, vencimiento julio de 2026) y un préstamo del Banco Nación por 52.000.000.000 de pesos, tomado en 2025, con vencimiento en 2028.

El cuarto bloque corresponde a los títulos públicos:

--los bonos de conversión emitidos para ANSES en 2022 y 2023 (3.602.133.522 y 2.110.278.689 pesos, total 5.712.412.211 pesos).

--los títulos de la deuda pública ER25 emitidos en dólares en 2017 (350.000.000, 150.000.000 y 17.500.000 dólares, con una capitalización de 2021, total 517.500.000 dólares).

--los títulos ER25 en pesos, emitidos en 2025 en dos series más una adicional (42.645.000.000, 32.465.000.000 y 42.959.939.856 pesos, total 118.069.939.856 pesos, con vencimientos en julio de 2026 y enero de 2027).

--y los nuevos títulos ER2026, emitidos en 2026 bajo la Ley Nº 11.209 por 300.000.000 de dólares, con vencimiento en marzo de 2033. Sumando toda la deuda en moneda extranjera -organismos multilaterales, ER25 en dólares y ER2026-, donde el total asciende a 1.288.670.400,92 dólares.

--La deuda en pesos -FONDEP, FFFIR, bancos locales vigentes, bonos ANSES y ER25 en pesos- suma 274.859.556.771,50 pesos, sin contar los 150.000 millones de pesos en préstamos de NBERSA que la propia planilla marca como ya extinguidos, mezclados sin una marca clara con el resto del detalle.

Además del stock de deuda de mediano y largo plazo, la carta del Ministerio informó que la Provincia recibió en 2026 dos adelantos financieros de coparticipación por un total de 370.000.000.000 de pesos, de los cuales se habían cancelado cuotas por 82.500.000.000 de pesos al momento de la respuesta.

La emisión ER2026: recompra de bonos y honorarios de asesores

La Resolución Nº RESMI-2026-47-E-GER-MESP detalla la operatoria de liquidación de los "Títulos de la Deuda Pública ER 2026", instrumentada bajo la Ley Nº 11.209, que declaró prioritaria la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial y autorizó al Poder Ejecutivo a tomar deuda de hasta 500 millones de dólares para restituir al Tesoro lo erogado en servicios de deuda durante 2025, con garantía sobre la coparticipación federal. Y el Decreto Nº DTO-2025-3678-E-GER-GOB, que creó el programa. La operación incluyó la recompra de los bonos con vencimiento en 2028, cuya oferta venció el 27 de febrero de 2026: se recompró un valor nominal de 179.900.689,95 dólares, más 1.071.908,14 dólares de intereses devengados, arrojando un total de 180.972.598,09 dólares.

Los bancos colocadores internacionales fueron BBVA Securities Inc., BofA Securities Inc. y Santander US Capital Markets LLC, contratados tanto para el Contrato de Compra como para la Carta Mandato y el Acuerdo de Contratación de Organizadores; a nivel local, Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos S.A. y Banco Santander Argentina S.A. Global Bondholder Services Corporation actuó como agente de depósito e información, y Corporation Service Company como agente de recepción de notificaciones. Entre los honorarios explícitamente detallados en la resolución figuran 174.500 dólares para el estudio DLA Piper, como asesor jurídico en ambas jurisdicciones; 45.375 dólares para Bruchou & Funes de Rioja y 120.000 dólares para Allen Overy Shearman Sterling US LLP, ambos en representación de los colocadores; y 100.000 dólares para el Nuevo Banco de Entre Ríos, como asesor financiero integral, a descontar al concretarse la transacción (un total de 439.875 dólares), sin que se especifique el monto cobrado por los tres bancos colocadores internacionales ni por los colocadores locales. Ni tampoco el honorario del banco fiduciario (Trust Tee US Bank) ni el de las calificadoras de riesgo Moody's y Standard & Poor's, mencionados en la resolución sin cifra asociada. El Decreto Nº DTO-2026-467-E-GER-GOB aprobó la correspondiente ampliación presupuestaria para instrumentar estos pagos.

El Ministerio había informado, en su carta de respuesta, que el costo total de la emisión ER2026 ascendió al 0,54 por ciento del valor emitido, frente al 0,40 por ciento de la emisión ER25 del año anterior, cuyos gastos y honorarios de organización, estructuración y colocación no fueron detallados por no contarse con ese registro específico según el propio Ministerio.

ATER: recaudación, moratorias, deuda y exenciones, tributo por tributo

El Informe Nº 087 de ATER detalla la recaudación tributaria provincial discriminada por tributo para los ejercicios 2023 a 2026 (este último hasta julio inclusive):

El Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el de mayor peso, pasó de 159.209.042.325 pesos en 2023 a 468.382.395.627 pesos en 2024; a 674.751.209.165 pesos en 2025 y a 475.205.044.047 pesos entre enero y julio de 2026.

El Impuesto Inmobiliario Urbano y Suburbano pasó de 10.993.368.863 a 26.742.043.908, 59.727.726.874 y 58.831.713.122 pesos en los mismos períodos.

El Inmobiliario Rural, de 7.809.989.329 a 25.351.725.477, 51.784.915.769 y 39.937.234.709 pesos.

El Impuesto a los Automotores, de 15.969.440.866 a 44.532.906.850, 101.683.609.793 y 85.358.595.637 pesos-

El Impuesto de Sellos, de 15.935.031.134 a 49.433.309.897, 84.660.231.472 y 58.623.696.731 pesos.

El total recaudado fue de 212.466.439.010 pesos en 2023, 621.113.136.626 en 2024, 988.569.055.632 en 2025 y 735.601.901.625 en el tramo relevado de 2026, una cifra que, anualizada, el propio informe proyecta en aproximadamente 1,261 billones de pesos para el ejercicio completo.

Sobre los regímenes de regularización fiscal, el informe distingue las moratorias por decreto -con quita de intereses y multas- del régimen permanente de la Resolución Nº 24/2017 ATER, sin quitas:

Entre las primeras, el Decreto Nº 1313/23 regularizó 8.010.185.740 pesos en 2023 (recaudado: 7.846.815.283).

El Decreto Nº 388/24 regularizó 11.400.661.233 pesos en 2024 (recaudado: 10.362.520.949).

El Decreto Nº 1843/25 regularizó 40.263.433.067 pesos en 2025 (recaudado: 34.991.263.345).

El régimen permanente, por su parte, recaudó 4.711.097.875,62 pesos en 2023, 11.290.650.633,32 en 2024 y 22.510.237.383,36 en 2025.

La deuda tributaria en gestión de cobro, actualizada al 14 de julio de 2026, asciende a 386.612.160.200,81 pesos:

165.697.525.032,96 pesos del Impuesto Inmobiliario.

145.893.498.445,26 del Impuesto a los Automotores.

40.465.047.620,26 de Ingresos Brutos.

29.882.221.479,04 adicionales de Ingresos Brutos por Convenio Multilateral.

2.558.137.517,67 de Sellos.

1.727.922.310,39 de Profesiones Liberales.

261.231.787,06 del Fondo de Integración de Asistencia Social.

83.758.071,92 de Tasas Retributivas de Servicios.

39.852.445,61 de Transmisión Gratuita de Bienes.

2.965.490,64 de Derecho de Extracción de Minerales.

Los diez contribuyentes con mayores saldos concentran, en conjunto, 21.756.361.788,61 pesos, sin que ATER los individualice, invocando el secreto fiscal del artículo 129 del Código Fiscal y la protección de datos personales de la Ley Nº 25.326.

Las exenciones fiscales del ejercicio 2026 totalizan 34.112.895.072,89 pesos, desagregadas por tributo:

25.040.936.219,66 pesos en Ingresos Brutos, encabezadas por la actividad agropecuaria, con 7.258.567.156,60 pesos, y las asociaciones, con 7.031.318.553,36 pesos.

3.776.183.591,83 pesos en Sellos -principalmente por constitución de prendas (1.012.298.031,24 pesos) y contratos de obra pública con el Estado (835.251.186,86 pesos).

3.368.889.887,02 pesos en el Impuesto Inmobiliario, encabezados por inmuebles del Estado nacional, provincial y municipal (1.006.218.172,78 pesos) y por la única propiedad de jubilados o pensionados (221.176.183,77 pesos).

1.926.885.374,38 pesos en el Impuesto a los Automotores -con los vehículos híbridos o eléctricos como categoría principal (1.021.741.814,90 pesos combinando las exenciones del 100, 50 y 20 por ciento) y el transporte de carga en segundo lugar (249.713.797,22 pesos).

En ningún caso se identifica a los beneficiarios individuales, con el mismo fundamento legal invocado para los mayores deudores.

El Régimen de Incentivo para las Nuevas Inversiones (RINI) cuenta con veintisiete beneficiarios -tres como "Nuevo Emprendimiento" y veinticuatro como "Ampliación de un Emprendimiento Existente"-, con diecisiete solicitudes en trámite y un costo fiscal 2026 de 94.176.856,24 pesos.

El Régimen de Desarrollo y Promoción Industrial cuenta con cuatro contribuyentes beneficiarios y cinco solicitudes pendientes.

Transferencias discrecionales: el reparto entre municipios y entidades privadas

El archivo "Detalle transferencias discrecionales, aportes no reintegrables y subsidios", extraído del SIAF, registra 634 operaciones pagadas entre 2023 y 2026 por un total de 21.038.136.870 pesos, distribuidos entre 165 beneficiarios, entre municipios, comunas, cooperativas y entidades privadas. El mayor beneficiario individual es la Municipalidad de Concordia, con 3.873.069.966,71 pesos, seguida por las municipalidades de Gualeguaychú (525.000.000), Federación (475.975.088,93), Federal (275.052.297,56), Rosario del Tala (232.480.697), Gualeguay (215.000.000), Villaguay (145.323.097,56), San José de Feliciano (101.052.297,56), Enrique Carbó (97.000.000), Villa Paranacito (93.000.000), Sauce Luna (87.578.747,50), Santa Ana (84.242.457,60) y San Salvador (83.026.148,78).

Entre las entidades privadas y cooperativas, los mayores montos correspondieron a Transporte San José S.A. (284.094.619,35 pesos), la Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios de Concordia (274.745.104,74 pesos), ERSA Urbano S.A. (258.430.225,67 pesos), la Cooperativa de Trabajo Nuevo Expreso (185.156.574,42 pesos) y Turismo Palmares S.R.L. (163.299.129,47 pesos), mayormente vinculadas al transporte público de pasajeros. El listado incluye también trece operaciones a favor de ENERSA, por 132.876.776,06 pesos, correspondientes en su totalidad a compensaciones del Fondo de Compensación Tarifaria y no a aportes de capital, dato compatible con lo informado por la Contaduría General, que no registra aportes del Tesoro a empresas públicas en el período. El cruce de los 165 beneficiarios del listado con nombres actualmente bajo investigación periodística en la provincia -vinculados a causas de opacidad inmobiliaria y fideicomisos- no arrojó coincidencias directas en este archivo específico.

En tanto, la Contaduría General había señalado, entre los fondos nacionales de asignación específica afectados por su eliminación o reducción, al Fondo Compensador del Transporte, al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y al Fondo de Fortalecimiento Fiscal.

El archivo "Fondos Nacionales" cuantifica ese impacto: el FONID, que en 2023 se ejecutó en 11.903.547.270,03 pesos en línea con lo presupuestado, cayó en 2024 a apenas 1.478.173.208,89 pesos -el 6,72 por ciento de un crédito vigente de 21.985.146.000 pesos, una caída del 87,58 por ciento respecto del año anterior- y no vuelve a figurar en los registros de 2025 ni de 2026.

El Fondo de Compensación al Transporte Público Urbano del Interior del País tuvo un derrumbe todavía más marcado: de una ejecución del 100 por ciento en 2023 (3.247.959.901,61 pesos) cayó a apenas el 0,62 por ciento en 2024 (14.692.972,20 pesos sobre un crédito vigente de 2.351.603.258,55 pesos), y tampoco vuelve a aparecer después. 

Sobre el tercer fondo mencionado, el de Fortalecimiento Fiscal, la propia Contaduría General admite, en una nota de aclaración incluida en el mismo archivo, no contar con información para ninguno de los ejercicios solicitados. 

Una partida distinta, el "Aporte Nación para Sistema Integrado de Transporte Automotor" (SISTAU), gestionado desde 2026 por la Secretaría de Transporte dentro del propio Ministerio de Economía y Servicios Públicos, mantuvo una ejecución alta en 2023, 2024 y 2025 (entre 86 y 98 por ciento), aunque cayó a apenas 8,34 por ciento en el tramo relevado de 2026, dato a leer con cautela por tratarse de un ejercicio en curso.

Modificaciones presupuestarias y contrataciones

El Ministerio de Economía entrerriano había informado que el crédito vigente terminó un 56,6 por ciento por encima del presupuesto original en 2023, que ese desvío alcanzó el 79,8 por ciento en 2024 -sobre un presupuesto que, según el propio Ministerio, había sido "elaborado y aprobado por la gestión anterior"-, para luego reducirse al 22,1 por ciento en 2025 y a apenas el 0,5 por ciento en 2026. Como respaldo remitió a ANÁLISIS cuatro archivos en PDF, uno por año, que en conjunto superan las 3.300 páginas y registran 5.805 actos de modificación presupuestaria: 1.934 en 2023, 1.667 en 2024, 1.617 en 2025 y 587 en el tramo de 2026 hasta el 13 de julio.

Entre el 83 y el 92 por ciento de esos actos, según el año, corresponden a redistribuciones de partidas sin efecto neto sobre el total del presupuesto; el resto se reparte entre ajustes técnicos de apertura analítica y ampliaciones de crédito propiamente dichas, entre las que se destacan un refuerzo de 9.820.000.000 de pesos para la Dirección Provincial de Vialidad en 2023 (Decreto Nº 2269/2023); uno de 9.089.042.000 de pesos para el IAPV en 2024 (Decreto Nº 2442/2024); uno de 9.400.000.000 de pesos para el entonces Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios en 2025 (Decreto Nº 1376/2025), y uno de 6.232.479.751,68 pesos para la Dirección Provincial de Vialidad en 2026, por incorporación de remanentes de 2025 (Decreto Nº 1656/2026).

Sobre las contrataciones centralizadas, la carta del Ministerio precisó que la Unidad Central de Contrataciones tramita únicamente licitaciones públicas y privadas, con las excepciones del artículo 9° del Decreto Nº 795/96 MEOSP, y detalló la nómina completa de resoluciones y decretos que amparan cada licitación privada y pública de los ejercicios 2023 a 2026, sin acompañar, sin embargo, los montos ni los proveedores adjudicados de cada una en el propio expediente.

Sobre el gasto en personal, la dotación total de agentes, su evolución por poder y jurisdicción, la situación de revista y la masa salarial se resolvieron remitiendo al Portal de Análisis Fiscal del Ministerio; la nómina de autoridades superiores y su remuneración bruta, al Portal de Transparencia y al Portal de Datos Abiertos.

Para el período de la gestión anterior (2019-2023), la Contaduría General informó no haber encontrado publicada, en los actuales canales de transparencia, la nómina de autoridades equivalente, y remitió, para ese período, a la consulta directa de los Boletines Oficiales.

Sobre otros puntos del pedido de ANÁLISIS, la Contaduría General informó que no existen registros de fondos fiduciarios ni cuentas especiales integrados con fondos públicos en el Sistema Integrado de Administración Financiera; que no se verificaron enajenaciones, ventas ni cesiones de inmuebles del Estado provincial en el período consultado; y que no existen registros de aportes del Tesoro provincial a empresas públicas, aclarando que IOSPER -hoy OSER- no reviste el carácter de empresa pública sino de organismo del Estado, y que las transferencias que recibe corresponden a aportes personales y contribuciones patronales, no a aportes de capital.

Declaraciones juradas patrimoniales: 584 registros sin nómina total de obligados

El "Listado de DDJJ" remitido por la Contaduría General, con DNI, nombre y organismo de cada agente, contiene 584 registros correspondientes a declaraciones juradas patrimoniales (Ley Nº 3.886) incorporadas al sistema entre el último trimestre de 2023 y el tercer trimestre de 2026. El 46,7 por ciento de esos registros -273 de 584- se concentra en el primer trimestre de 2024, coincidiendo con el recambio de autoridades de diciembre de 2023, para luego descender abruptamente en los trimestres siguientes: 68 en el segundo trimestre de 2024, apenas 4 en cada uno de los dos últimos trimestres de ese año, 71 en total durante 2025 con un pico de 63 en el segundo trimestre, y 159 en lo que va de 2026, con 109 concentrados en el tercer trimestre.

La Policía de Entre Ríos concentra el 27,2 por ciento de las presentaciones registradas, seguida por el Consejo General de Educación, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. El listado no incluye, sin embargo, una nómina total de agentes obligados a presentar por jurisdicción, lo que -tal como había anticipado la propia Contaduría General- impide establecer el grado de cumplimiento real de la obligación.

Tomada en su totalidad, la respuesta del expediente a lo solicitado por este medio periodístico combina al menos tres modalidades distintas. Una parte se resuelve remitiendo a información ya publicada en portales oficiales -presupuesto general, ejecución trimestral, coparticipación diaria, stock de deuda, nómina y masa salarial, escala salarial de funcionarios-, sin que se acompañe la información sistematizada dentro del propio expediente. Otra parte se resuelve con la entrega de archivos de datos extraídos directamente del SIAF, sin procesamiento adicional, al amparo del artículo 5° de la Ley Nº 11.191, que -según cita la propia Contaduría General- permite entregar la información "tal como obra registrada en los sistemas", sin mediar clasificación adicional. Bajo esta modalidad se recibieron los archivos de transferencias discrecionales, fondos nacionales, condiciones de la deuda y modificaciones presupuestarias, estos últimos con más de 3.300 páginas en conjunto.

Y una tercera parte consiste en reservas fundadas: ATER declina identificar a los mayores deudores tributarios y a los beneficiarios de exenciones invocando secreto fiscal y protección de datos personales, mientras que la Contaduría General informa no contar con registros de fondos fiduciarios, cuentas especiales, aportes del Tesoro a empresas públicas ni enajenaciones de inmuebles en el período consultado.

A esto se suma, en al menos un caso -el Fondo de Fortalecimiento Fiscal-, el reconocimiento explícito de que la información simplemente no existe en el sistema para los años requeridos.

El resultado es una respuesta extensa en volumen de páginas y archivos (más de 3.300 solo en modificaciones presupuestarias, a las que se suman las 1.582 páginas de resoluciones de emisión de títulos y los cientos de registros de transferencias, deuda y declaraciones juradas), pero desigual en el grado de elaboración: partes centrales del pedido se resolvieron con datos primarios sin procesar, que exigieron un trabajo propio de sistematización para volverse legibles, mientras que otras partes se resolvieron con una remisión a información que ya era pública antes del pedido. No obstante, sirvió para contar con una especie de radiografía del Ministerio de Economía de la provincia, donde siempre ha sido muy difícil -históricamente- romper barreras y acceder a la totalidad de la información. Un segundo pedido de informes, quizás ayude a entender más en detalle algunas cuestiones no del todo aclaradas.

Fuente: analisisdigital.com.ar