Curas con uniforme: 7 Fuerzas, 2 Ministerios y cientos de millones de pesos al año en capellanes en Entre Ríos

En Concepción del Uruguay hay un sacerdote que cobra como subprefecto. No patrulla el río, no revisa cargas en el puerto ni firma actas de infracción, pero cada mes la Prefectura Naval Argentina le liquida un recibo de sueldo idéntico al de cualquier oficial de su jerarquía. La simulación de esa liquidación, correspondiente a julio de 2026, llegó a esta redacción dentro de una respuesta oficial del Ministerio de Seguridad Nacional: 855.896 pesos de sueldo básico, 131.808 por antigüedad, 85.589 por tiempo mínimo y 128.384 por “suplemento zona”, el adicional que la Fuerza paga a quienes revistan en el litoral. Bruto, 1.201.678 pesos. Descuentos, 164.665. Neto de bolsillo, 1.037.012 pesos. Grado: capellán auxiliar. Destino: Prefectura de Zona Bajo Uruguay.

Es uno de los sacerdotes católicos que el Estado nacional mantiene con sueldo en la provincia a través de sus Fuerzas federales, las de Seguridad y las Armadas. Los que se conocen con nombre, grado, destino y haber son cinco. Tres pertenecen a Gendarmería Nacional: Jorge Rafael Fontana, capellán castrense de la Agrupación V “Entre Ríos”, con asiento en Paraná, cobró en julio 1.525.737 pesos brutos; Oscar Dante Marracino Ferrer, capellán auxiliar de la misma agrupación, 1.034.374 pesos; y Oscar Antonio Bourlot, capellán auxiliar del Escuadrón 56 de Gualeguaychú, nacido en enero de 1957 y a punto de cumplir 70 años, 1.370.802 pesos. El cuarto es el ya citado caso de Prefectura Naval en Concepción del Uruguay. El quinto es Norberto Agustín Hertel, capellán auxiliar de la II Brigada Aérea de Paraná desde el 1° de noviembre de 2024, tercero en una sucesión que la Fuerza Aérea reconstruyó sin reparos: Héctor José Rodríguez, al frente de esa capellanía desde 1991 hasta su cese el 1° de enero de 2019, y Luis Hetze, hasta fines de 2024.

Cuántos más hay, no se sabe. El Ejército Argentino, la Fuerza con mayor despliegue en la provincia -once unidades bajo la II Brigada Blindada, de Paraná a Concepción del Uruguay, de Gualeguaychú a Rosario del Tala, más el Destacamento de Crespo-, resolvió que la identidad, el destino y el sueldo de sus capellanes entrerrianos son información reservada por razones de Defensa Nacional. 

La Policía Federal, que tiene 17 capellanes en el país, contestó sobre Entre Ríos con una fórmula que no dice ni sí ni no y expuso un lacónico: “No obran registros ni antecedentes sobre el particular”. La Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Armada, en cambio, informaron que no tienen ninguno en la provincia.

Los datos surgen de dos expedientes de acceso a la información pública tramitados por ANÁLISIS en paralelo y con preguntas casi calcadas. El primero, ante el Ministerio de Defensa, sobre los capellanes castrenses del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. 

El segundo, ante el Ministerio de Seguridad Nacional, sobre los de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y PSA, respondido el 8 de septiembre de 2026 mediante la nota de la Dirección Nacional de Transparencia e Integridad. Ambos pedidos preguntaban lo mismo: cantidad de capellanes destinados en Entre Ríos, sus haberes, altas y bajas de la última década, evolución de la dotación nacional, gasto anual, marco normativo, existencia de asistentes espirituales de otros credos y denuncias o sumarios contra capellanes en los últimos diez años.

Siete Fuerzas contestaron. Seis abrieron sus libros, con matices. Una, la más grande, los cerró.

Lo que suman las planillas

En esas planillas, más que en el texto de las notas, está la dimensión de un gasto que casi nadie mira. En 2025, las cuatro Fuerzas que aceptaron informar cuánto pagaron a sus sacerdotes sumaron alrededor de 2.260 millones de pesos: 1.303 millones Gendarmería, 457 millones la Armada, 440 millones Prefectura y 58 millones la PSA. 

Faltan en esa cuenta la Policía Federal, que se negó a informarlo, y el Ejército, que lo declaró reservado. 

Con los diecisiete capellanes de la Federal y la dotación que cabe suponer en el Ejército, el gasto real del Estado nacional en clero uniformado se ubica cómodamente por encima de los tres mil millones de pesos anuales.

Gendarmería fue la Fuerza que más abrió. Entregó la nómina completa de sus tres capellanes entrerrianos, con documento y fecha de nacimiento, el haber bruto de julio de cada uno y, en una segunda planilla, los “totales anuales brutos de las remuneraciones liquidadas a favor del personal del clero” para todo el país desde que rige la reglamentación vigente. 

La serie empieza en 2019 con 35.475.351 pesos. Sigue con 51,2 millones en 2020, 72,7 millones en 2021, 160,2 millones en 2022 y 402,3 millones en 2023. En 2024 salta a 1.054.891.025 pesos y en 2025 alcanza los 1.303.571.563. Hasta la fecha de la respuesta, 2026 ya lleva 917.350.057 pesos liquidados al clero de la Fuerza.

Lo que Gendarmería no dice es cuántos sacerdotes hay detrás de esa cifra. El pedido preguntaba por la dotación nacional y su evolución desde 2015, y la fuerza respondió únicamente por Entre Ríos: “Actualmente la provincia de Entre Ríos posee 3 capellanes en actividad dependientes de Gendarmería Nacional”. 

Con los sueldos que la propia fuerza informó para sus capellanes entrerrianos -entre uno y 1,5 millones de pesos mensuales, más aguinaldo-, los 1.303 millones de 2025 sugieren una plantilla nacional del orden de los setenta sacerdotes. Es una estimación, no un dato: el dato es justamente lo que faltó.

Prefectura respondió con tres anexos. 

El primero es la simulación de haberes del capellán de Concepción del Uruguay. Los otros dos son planillas mes a mes del “gasto anual en haberes del capellán” para todo el país, desde enero de 2015 hasta julio de 2026: 3,16 millones de pesos en 2015; 5,88 millones en 2016; 7,73 millones en 2017; 10,15 millones en 2018; 15 millones en 2019; 17,9 millones en 2020; 29,6 millones en 2021; 66,1 millones en 2022; 151,5 millones en 2023; 316,9 millones en 2024; 440.708.339 pesos en 2025. En los primeros siete meses de 2026, con el medio aguinaldo de junio incluido, la fuerza ya liquidó 315.928.350 pesos. Solo julio costó 46.126.054.

Ese último número es el que no cierra. Prefectura informa que “la cantidad actual de capellanes en actividad a nivel nacional asciende a 14”. Cuarenta y seis millones de pesos repartidos entre catorce sacerdotes equivalen a más de 3,3 millones por cabeza en un solo mes, casi el triple de lo que cobra el capellán auxiliar de Concepción del Uruguay según la simulación que la misma fuerza adjuntó. O buena parte de esos catorce revistan con jerarquías bastante superiores a la de subprefecto, o son más de catorce, o la planilla incluye conceptos que la nota no explica. 

La frase que sigue en la respuesta tampoco ayuda: “en los últimos diez años y su evolución anual desde el año 2015 hasta la actualidad asciende a 9”. Nueve qué, no lo dice.

La Armada, que no tiene capellanes en Entre Ríos, entregó sin reparos lo que le pedían sobre el resto: un plantel nacional que osciló entre quince y veinte sacerdotes desde 2015, y una serie de gasto en haberes de la Capellanía Mayor que pasó de poco más de 4,4 millones de pesos en 2015 a casi 457 millones en 2025, con los viáticos y pasajes de los últimos años discriminados aparte. 

Detalló el marco normativo -el Reglamento Conjunto de los Capellanes de las Fuerzas Armadas y el Estatuto del Obispado Castrense- y precisó que no registra asistentes espirituales de credos distintos del católico.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria, la fuerza más joven, muestra con más claridad el efecto de la reglamentación de 2019: cero capellanes entre 2015 y 2018; dos en 2019, cuando se aprobó el Reglamento de Capellanes de las Fuerzas de Seguridad; dos en 2020 y 2021; tres en 2022; cuatro en 2023; y tres desde 2024. 

El gasto acompaña la curva: 770.717 pesos en 2019, 2,19 millones en 2020, 3,21 millones en 2021, 7,44 millones en 2022, 21 millones en 2023, 48,4 millones en 2024, 58.481.762 pesos en 2025 y 42,5 millones hasta julio de 2026.

La Federal cuenta, pero no paga

La Policía Federal tiene la dotación de capellanes que más creció. Su planilla muestra nueve sacerdotes en 2016, diez entre 2017 y 2019, catorce en 2020 y 2021, quince en 2022, dieciséis entre 2023 y 2025 y diecisiete en 2026. Casi el doble en una década. 

La fuerza adjuntó además su escala salarial vigente, fijada por la Resolución 630/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional: en julio, un capellán cobra 1.247.725 pesos mensuales; un capellán principal, 1.397.721; y el capellán general, 1.835.886. Desde agosto, esas cifras suben a 1.271.432, 1.424.278 y 1.870.768.

Pero cuando el pedido le preguntó cuánto gastó en total en sus capellanes desde 2015, la Federal respondió que “no es posible responder a este punto en virtud de que la información no se sistematiza tal cual como es solicitada”. Es la única de las siete fuerzas que se negó a informar el gasto sin invocar siquiera una excepción legal: la Ley 27.275 no contempla la falta de sistematización como causal, la información existe en cada liquidación de haberes y las otras fuerzas la produjeron sin dificultad a partir del mismo pedido. 

Tampoco respondió si tiene o no capellanes en Entre Ríos. Con diecisiete sacerdotes en el país, “no obran registros” sobre la provincia no es una respuesta; es una manera de no darla.

Lo que el Ejército declaró reservado

El Ejército fue más lejos. Sobre seis de los puntos del pedido -nómina y destino de sus capellanes en Entre Ríos, movimientos de personal, vacantes, asignaciones presupuestarias, marco normativo y presencia de otros cultos- respondió que no era posible proporcionar los datos, invocando en cada caso la excepción del artículo 8, inciso a, de la Ley 27.275, que protege la información clasificada como reservada por razones de Defensa. Solo confirmó que no existen denuncias ni sumarios contra capellanes entrerrianos en la última década y aportó la escala de equivalencias entre los grados de capellán y los grados militares. 

La negativa quedó formalizada el 28 de agosto de 2026, firmada por el titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa.

El sustento jurídico de esa negativa es el dictamen 402/26 de la Dirección General de Personal y Bienestar del Ejército. Su argumento central: que revelar altas y bajas de personal permitiría inferir “capacidades y vulnerabilidades” de la fuerza, y que el reglamento interno RFP-70-05 clasifica esos datos como reservados. 

El problema es que el dictamen no fue escrito para este pedido. Está fechado el 19 de mayo de 2026, más de dos meses antes de que ANÁLISIS presentara su solicitud, y fue elaborado para responder a un requerimiento de otra persona sobre la cantidad total de efectivos del Ejército. 

El Ejército tomó un dictamen pensado para blindar la dotación completa de la fuerza y lo aplicó, sin adaptarlo, a un puñado de sacerdotes que celebran misa en los cuarteles.

La comparación con las otras dos fuerzas del mismo ministerio desarma el argumento. La Fuerza Aérea, consultada en el mismo expediente y con las mismas preguntas, entregó la nómina de sus capellanes con nombre y apellido, grado, unidad y provincia, y reconstruyó las altas y bajas de una década. 

La Armada dio su dotación año por año y su gasto mes a mes. Ninguna de las dos consideró que esa información revelara capacidades o vulnerabilidades. 

El único resguardo que planteó la Fuerza Aérea fue la protección de datos personales del artículo 8, inciso i, una excepción distinta y mucho más acotada. Y del otro lado de la calle, en el Ministerio de Seguridad Nacional, Gendarmería entregó documentos, fechas de nacimiento y recibos de sueldo de sus tres capellanes entrerrianos sin que nadie invocara la seguridad nacional.

Las Fuerzas de Seguridad citan una misma norma como fuente de todo el sistema: la Resolución 153/2019 del entonces Ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial del 8 de marzo de 2019, que aprobó el Reglamento de los Capellanes de las Fuerzas de Seguridad y fijó jerarquías, haberes y régimen de designación para los sacerdotes de Gendarmería, Prefectura, Federal y PSA. Es la razón por la que las series de gasto de Gendarmería y de la Aeroportuaria empiezan justamente ese año. 

Las Fuerzas Armadas, por su parte, se rigen por el Reglamento Conjunto de los Capellanes aprobado por la Resolución 909/1998 del Ministerio de Defensa y por el Estatuto del Obispado Castrense.

Una aclaración es necesaria para leer estas cifras. El salto nominal entre 2019 y 2025 es enorme en todas las Fuerzas: Gendarmería multiplicó por 37 su gasto en clero, Prefectura por 29, la PSA por 76, la Armada por más de cien desde 2015. Pero la mayor parte de ese salto es la inflación acumulada en esos años, que multiplicó los precios en proporciones de ese mismo orden. Medido a valores constantes, el gasto de Prefectura y de la Armada se mantuvo aproximadamente estable; el de la PSA creció en términos reales porque pasó de dos a tres capellanes; el de Gendarmería no puede evaluarse porque la fuerza no informó cuántos sacerdotes paga. Lo que sí creció sin discusión es la dotación: la Federal sumó ocho capellanes en diez años y la PSA creó una capellanía donde no existía.

Lo que ninguna Fuerza sabe

Hay tres preguntas que las fuerzas respondieron de manera casi idéntica, y esa coincidencia es en sí misma un resultado. La primera es la de los movimientos: altas, bajas, traslados y retiros de capellanes con destino en Entre Ríos durante la última década. 

Solo la Fuerza Aérea los reconstruyó. 

Gendarmería: “No se registran antecedentes relacionados con lo requerido”. 

Policía Federal: “No obran registros ni antecedentes sobre el particular”. 

Prefectura: “No obran en los registros correspondientes al detalle requerido”. 

El Ejército: reservado. Que en diez años no se haya producido una sola alta, baja o traslado de sacerdote en Gendarmería y Prefectura es difícil de creer, sobre todo cuando uno de sus capellanes está por cumplir setenta años y la dotación nacional de la Federal y de la PSA cambió casi todos los años. 

Más verosímil es que los registros existan y que nadie los haya buscado.

La segunda es la de las denuncias y los sumarios. La PSA y el Ejército negaron de manera expresa su existencia. Gendarmería, Prefectura y la Federal recurrieron a la fórmula de que no obran antecedentes. No es lo mismo decir que no hubo sumarios que decir que no se encontraron. La diferencia, en un tema en el que la Iglesia argentina arrastra una historia conocida, no es menor.

La tercera es la más reveladora. Ambos pedidos preguntaban por la cantidad de capellanes o asistentes espirituales de credos distintos del católico. 

Gendarmería y Prefectura respondieron con el mismo párrafo, palabra por palabra: “se informa que no obran antecedentes y/o registros”. 

La Federal, con su fórmula habitual. La Armada, que no registra ninguno. La Fuerza Aérea, tampoco. El Ejército, que es reservado. Ninguna de las siete fuerzas del Estado nacional tiene, ni tuvo, un solo pastor evangélico, un rabino, un imán o un asistente espiritual de otra confesión en su plantel. 

Cada uno de los pesos que la Nación destina a la asistencia espiritual de soldados, marinos, aviadores, gendarmes, prefectos, policías federales y agentes aeroportuarios -los 2.260 millones de 2025 que cuatro fuerzas admitieron, más lo que la Federal no quiso decir y el Ejército no dejó ver- va a sacerdotes de un solo culto, en un país donde las encuestas de creencias muestran desde hace años que una parte creciente de la población, y de las propias fuerzas, no lo profesa.

Mismo Estado, misma Ley 27.275, mismos sacerdotes con grado y sueldo. Seis fuerzas, repartidas en dos ministerios, entregaron nóminas, recibos de haberes, series de gasto de diez años y escalas salariales con número de resolución. 

Una consideró que la identidad, el destino y el sueldo de un capellán es información que compromete la defensa nacional. 

Lo que Gendarmería, Prefectura, la Fuerza Aérea y la Armada demostraron con sus respuestas es que nada de eso es reservado: es información que existe, que se produce todos los meses en una oficina de liquidación de haberes y que se puede entregar en una planilla en cuestión de días. Que el Ejército haya elegido no hacerlo ya no es un problema de la ley. Es una decisión.

Fuente: analisisdigital.com.ar