El gobernador anunció la reglamentación de la estratégica Ley de Gestión Ambiental de Actividades Económicas
En la 22° Jornada de la Industria de la UIER, el gobernador Rogelio Frigerio anunció la reglamentación de la Ley N° 11.250 o “Ley de Gestión Ambiental de Actividades Económicas”. Se trata de una norma que reorganiza el sistema ambiental aplicado a la actividad económica, unifica criterios, digitaliza trámites y crea un Certificado Único Ambiental trazable.
La medida busca ordenar un régimen disperso y ofrecer previsibilidad al sector productivo, en un momento en que la competitividad aparece como una disputa territorial por inversiones, empleo y tecnología.
“Es prácticamente un nuevo código ambiental para la actividad productiva”, sintetizó Frigerio ante un auditorio atravesado por una preocupación común: cómo competir en un escenario económico exigente, con presión de costos, demanda de seguridad jurídica y necesidad de adaptación tecnológica.
La frase del gobernador condensó el espíritu de la medida.
No se trata solo de una reglamentación administrativa, sino de una arquitectura normativa que busca reemplazar la superposición de expedientes, criterios y autorizaciones por un sistema integral, digital y trazable.
Una jornada atravesada por la competitividad
La 22° Jornada de la Industria se desarrolló bajo el lema “Decisiones de hoy para competir mañana”, una consigna que permitió encuadrar el anuncio ambiental dentro de una discusión más amplia sobre el rumbo productivo provincial.
En ese escenario, Frigerio presentó la reglamentación como una herramienta de competitividad.
Su lectura parte de una premisa política: las provincias no compiten únicamente por ventajas impositivas o infraestructura, sino también por la calidad de sus reglas.
Un trámite ambiental previsible, con plazos, categorías y criterios uniformes, puede convertirse en un factor decisivo para destrabar inversiones. Pero, al mismo tiempo, esa simplificación no puede implicar debilitamiento del control público ni renuncia a la participación ciudadana.
El decreto reglamentario parte de un diagnóstico explícito: Entre Ríos arrastraba una dispersión normativa y una multiplicidad de trámites con objetos similares.
La Ley N° 11.250 fue sancionada para ordenar ese universo y establecer un régimen jurídico común para las actividades económicas desarrolladas en el territorio provincial.
La propia norma fija como objetivos la preservación, conservación, recuperación y mejora del ambiente, pero también introduce criterios de simplificación, modernización, uniformidad administrativa y eficacia procesal.
La ley, sancionada el 6 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 22 de enero, establece el régimen jurídico para la gestión ambiental de actividades económicas en la provincia.
Entre sus ejes figuran el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, la participación ciudadana y la incorporación de herramientas de gestión orientadas a la modernización administrativa.
La reglamentación aprobada, de acuerdo con el texto base, contiene 95 artículos, ocho títulos y tres anexos.
Allí se desarrollan las competencias de la autoridad de aplicación, el procedimiento de evaluación ambiental, los mecanismos de participación ciudadana, los criterios de actuación conjunta entre Provincia y gobiernos locales, el régimen sancionador, las medidas preventivas y precautorias, el nomenclador de categorías ambientales y los contenidos mínimos de estudios e informes ambientales.
El Certificado Único Ambiental, la pieza central
La creación del Certificado Único Ambiental (CUA) aparece como uno de los puntos neurálgicos del nuevo esquema. La herramienta apunta a concentrar en un instrumento común la acreditación ambiental de las actividades económicas, con un formato digital y trazable.
En términos prácticos, el CUA busca reemplazar circuitos fragmentados por una referencia única, capaz de ordenar la información, facilitar el seguimiento de expedientes y reducir márgenes de discrecionalidad administrativa.
El enfoque digital no es accesorio. La ley incorpora el principio de modernización y promueve el uso de tecnologías de la información para simplificar procedimientos y acercar la gestión ambiental al ciudadano.
El texto actualizado de la Ley N° 11.250 incorpora expresamente la simplificación administrativa, la modernización, la participación y la sostenibilidad como criterios rectores de interpretación y aplicación. En esa línea, la trazabilidad del certificado puede ser leída como una respuesta a una doble demanda: por un lado, la necesidad empresaria de previsibilidad; por el otro, la exigencia social de transparencia.
Ambiente, producción y licencia social
La reforma ambiental se inscribe en una tensión conocida para cualquier provincia con vocación productiva: cómo acelerar inversiones y habilitaciones sin convertir la protección ambiental en una formalidad vacía.
En el discurso oficial, el nuevo régimen procura resolver esa tensión mediante reglas claras, categorización de riesgos y mecanismos de evaluación proporcionales a la incidencia ambiental de cada actividad.
La clave estará en la implementación: un sistema más rápido solo será virtuoso si conserva capacidad técnica, control efectivo y sanciones aplicables.
El decreto reglamentario también incorpora criterios de participación ciudadana previos a la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental. Ese punto resulta central porque la discusión ambiental ya no se agota en la relación bilateral entre empresa y Estado.
Las comunidades locales, organizaciones sociales, universidades, productores, municipios y vecinos forman parte de una conversación pública cada vez más intensa sobre el uso del territorio, los bienes naturales y los impactos acumulativos de las actividades económicas.
Una autoridad de aplicación con más responsabilidades
El Poder Ejecutivo designó a la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación de la Ley N° 11.250 y de su reglamentación.
La definición institucional es significativa: ubica la gestión ambiental dentro de una cartera vinculada al desarrollo económico, una decisión que expresa la intención oficial de integrar ambiente y producción en una misma lógica de gobierno.
Esa integración, sin embargo, también plantea un desafío: la autoridad ambiental deberá demostrar autonomía técnica, capacidad fiscalizadora y solvencia para resolver conflictos entre objetivos productivos y estándares de protección.
La reglamentación prevé además competencias para coordinar acciones con gobiernos locales, especialmente en tareas de fiscalización y control. Ese aspecto puede tener alto impacto territorial.
Entre Ríos es una provincia con diversidad productiva, ciudades intermedias, parques industriales, áreas rurales, corredores biológicos y zonas sensibles.
Sin articulación municipal, el mejor diseño normativo corre el riesgo de quedarse en la oficina central; con coordinación efectiva, en cambio, puede convertirse en una red de gestión ambiental más cercana al territorio.
La nueva regulación ambiental opera, así, como una señal doble.
Hacia el sector privado, promete previsibilidad, unificación de criterios, digitalización y reducción de trámites superpuestos.
Hacia la ciudadanía, afirma la continuidad de principios constitucionales y legales:
prevención, precaución, sustentabilidad, participación, información pública y recomposición del daño ambiental. La credibilidad del nuevo régimen dependerá de que esas dos promesas no se neutralicen entre sí.
La prueba de la implementación
El anuncio de Frigerio abre una etapa que será menos discursiva y más administrativa. La norma ya existe; ahora deberá traducirse en ventanillas digitales operativas, criterios técnicos conocidos, personal capacitado, plazos razonables, fiscalización efectiva y capacidad de respuesta ante incidentes ambientales.
El Certificado Único Ambiental será tan útil como confiable sea el sistema que lo respalde.
Para el gobierno provincial, la reglamentación ofrece la posibilidad de exhibir una reforma estructural en un área donde suelen convivir demoras, incertidumbre técnica y conflictos territoriales.
Para la industria, representa una oportunidad de planificar con reglas más claras. Para la sociedad, implica una exigencia: que la modernización no sea solo velocidad, sino también transparencia, control y participación real.
En la Jornada de la Industria, Frigerio eligió presentar la nueva Ley de Gestión Ambiental como una pieza de competitividad.
La apuesta política es evidente: construir una provincia capaz de atraer inversiones sin resignar estándares ambientales. El desafío, en adelante, será convertir ese “nuevo código ambiental para la actividad productiva” en una práctica cotidiana que ordene, controle y dé confianza.
Decreto de reglamentación
Anexo de la Reglamentación
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