Santa Elena frente al narcotrafico, lo que pocos quieren hablar cuando la droga avanza, los jóvenes y las familias pagan el precio

UNA GRIETA DIFÍCIL DE CERRAR...
No alcanza con secuestrar droga y detener sospechosos. La verdadera batalla es evitar que nuestros jóvenes terminen destruidos por las adicciones y que sus familias tengan que luchar solas para recuperarlos.

Hay realidades que una ciudad no puede seguir mirando de reojo. Santa Elena no está al margen de una problemática que golpea a numerosas comunidades, el avance del narcotráfico, el narcomenudeo y el consumo problemático de sustancias.

Los hechos policiales registrados en nuestra ciudad durante los últimos tiempos obligan a reflexionar.

En enero de 2026, un operativo en el barrio Villa Urquiza terminó con dos hombres detenidos y el secuestro de cocaína, marihuana, dinero y otros elementos vinculados a una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

En febrero, otro procedimiento permitió encontrar ocho plantas de cannabis en una vivienda del barrio Hipódromo. Y otra muchos casos que ocuparían renglones. No se trata de exagerar ni de sembrar miedo. Se trata de reconocer una realidad que merece atención, prevención y respuestas concretas.

¿Qué sucede después de cada allanamiento?

La Policía puede secuestrar sustancias, detener personas y poner las actuaciones a disposición de la Justicia. Todo eso es necesario. Pero ¿qué estamos haciendo para evitar que otros jóvenes ingresen al mundo de las drogas?

Detrás de cada consumo problemático puede haber una historia de sufrimiento, una familia desesperada, un adolescente que perdió el rumbo o un joven que no encuentra una salida a sus problemas.

Cuando la adicción avanza, las consecuencias no quedan encerradas en una estadística policial. Llegan a la mesa familiar, a la escuela, al trabajo, a las amistades y a la convivencia en los barrios.

SI UN JOVEN NECESITA INTERNARSE, EL DOLOR ALCANZA A TODA LA FAMILIA

Hay madres y padres que viven con miedo. Familias que intentan ayudar, que hablan, que buscan respuestas y que, muchas veces, no saben adónde acudir. Algunas llegan a una situación límite y deben considerar la internación de un hijo para que reciba tratamiento y acompañamiento profesional.

Una internación por consumo problemático no debería ser motivo de vergüenza ni de condena social. Debe entenderse como una situación que requiere atención, contención y un abordaje adecuado.

Pero tampoco podemos naturalizar que tantos jóvenes lleguen a ese punto sin que antes hayan existido oportunidades suficientes de prevención, escucha y asistencia.

La recuperación no es sencilla. Puede demandar tiempo, acompañamiento psicológico, atención médica, apoyo familiar y continuidad después del tratamiento. Además, el regreso a la vida cotidiana puede resultar difícil cuando faltan oportunidades educativas, laborales y espacios de integración.

Un joven que lucha contra una adicción necesita tratamiento, no desprecio. Necesita oportunidades, no que la sociedad lo dé por perdido.

Y su familia también necesita ayuda. No alcanza con decirle a una madre que cuide a su hijo o pedirle a un padre que encuentre una solución. Hay situaciones que superan las posibilidades económicas y emocionales de un hogar.

EL NEGOCIO DE UNOS POCOS PUEDE DESTRUIR LA VIDA DE MUCHOS

El narcotráfico no debe confundirse con la persona que padece una adicción. Son realidades relacionadas, pero diferentes.

Quien organiza la venta de drogas busca un negocio. Quien desarrolla una dependencia puede terminar perdiendo su salud, sus vínculos, sus proyectos y su libertad para decidir.

Por eso, combatir el narcotráfico exige investigar las redes de comercialización, reunir pruebas, actuar con respaldo judicial y perseguir a quienes resulten responsables. Pero también exige evitar que toda la respuesta se limite al procedimiento policial del día.

Si se detiene a una persona y no se desarticulan las redes que sostienen el negocio, el problema puede continuar. Si se atiende a un joven, pero después no tiene acompañamiento ni oportunidades para reconstruir su vida, su recuperación puede quedar seriamente comprometida.

La respuesta debe incluir prevención en las escuelas, orientación para las familias, acceso a tratamientos, equipos profesionales capacitados y dispositivos de acompañamiento para quienes egresan de una internación.

¿QUÉ PAPEL DEBEN CUMPLIR EL ESTADO Y LA COMUNIDAD?

Las autoridades municipales, provinciales y nacionales tienen responsabilidades diferentes, pero complementarias. La Justicia y las fuerzas de seguridad deben investigar los delitos. Los organismos sanitarios deben garantizar atención. Las instituciones educativas, deportivas y sociales pueden colaborar en la prevención y la detección temprana.

También hace falta información pública: ¿qué recursos de atención existen para los jóvenes de Santa Elena?, ¿adónde puede acudir una familia cuando descubre un consumo problemático?, ¿qué acompañamiento recibe quien necesita internarse?, ¿qué sucede cuando vuelve a su casa?

Son preguntas legítimas. No buscan señalar culpables sin pruebas, sino exigir respuestas sobre una problemática que afecta a toda la comunidad.

Entre Ríos cuenta, además, con experiencias de acompañamiento. En marzo de 2026, una publicación de UNO Entre Ríos informó que Casa Lázaro trabaja desde hace años en la contención de personas con consumos problemáticos en Paraná y que también desarrolla su labor en Santa Elena. Esa experiencia demuestra la importancia de los espacios de recuperación y acompañamiento, aunque no reemplaza la necesidad de conocer qué cobertura y recursos están efectivamente disponibles para cada familia.

SANTA ELENA NO PUEDE RESIGNARSE

Nuestros jóvenes no son una generación perdida. Pero tampoco podemos abandonarlos a su suerte mientras discutimos quién tiene la culpa o esperamos que cada nuevo operativo resuelva por sí solo el problema.

Hace falta decisión política, coordinación institucional y compromiso comunitario. Hace falta hablar de las drogas sin tabúes, pero también sin estigmatizar a quienes necesitan ayuda. Hace falta escuchar a las familias antes de que la situación se vuelva desesperante.

Y, sobre todo, hace falta comprender que la prevención no comienza cuando aparece la droga en un allanamiento. Comienza mucho antes, cuando un joven encuentra alguien que lo escucha, cuando puede acceder a un tratamiento, cuando tiene oportunidades para estudiar y trabajar y cuando sabe que, si atraviesa una crisis, no está solo.

Una ciudad no puede conformarse con contar detenidos y kilos de droga secuestrados. También debe preguntarse cuántos jóvenes logró proteger, cuántas familias recibieron ayuda y cuántas personas pudieron recuperar su vida.

Porque detrás de cada dosis hay un riesgo. Detrás de cada adicción puede haber una familia sufriendo. Y detrás de cada joven que consigue recuperarse existe una oportunidad que merece ser defendida.

Santa Elena necesita seguridad, sí. Pero también necesita prevención, salud, contención y futuro.

Porque combatir el narcotráfico es indispensable. Impedir que nuestros jóvenes sean sus próximas víctimas es una obligación de toda la sociedad.

Fuente: diariolapaz.com.ar