Tres cámaras empresarias criticaron el fallo que absolvió a dirigentes de Camioneros por un bloqueo sindical

La UIA, la Cámara de Comercio y Camarco expresaron su preocupación por la decisión de un tribunal de San Nicolás. Las entidades sostuvieron que el derecho a huelga no puede justificar el bloqueo de una empresa y reclamaron que se revise la sentencia.

Los presidentes de las seis principales cámaras empresarias y la presidenta de Cicyp Bettina Bulgheroni tras una reunión con el Nuncio Apostólico.

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Tres de las principales cámaras empresarias cuestionaron el fallo judicial que absolvió al dirigente de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y a otros seis acusados por el conflicto con la distribuidora Rey Distribución, de San Pedro.

La Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de Comercio (CAC) y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) advirtieron sobre el impacto de la resolución en la seguridad jurídica, el derecho al trabajo y las condiciones para invertir.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás absolvió a los siete acusados tras un juicio en el que se investigaron denuncias por presuntas amenazas, extorsión y bloqueos contra la empresa. 

La fiscalía había pedido diez años de prisión para Cabaleyro. 

Los jueces consideraron que no se pudieron acreditar los hechos denunciados y que tampoco se probó que los acusados hubieran impedido el funcionamiento de la distribuidora en febrero de 2021.

En un comunicado, la UIA manifestó su “profunda preocupación” y sostuvo que la sentencia representa “un preocupante retroceso en materia de seguridad jurídica y respeto por los derechos de quienes producen y trabajan en la Argentina”. Si bien reafirmó su respeto por los derechos constitucionales de los trabajadores y la libertad sindical, la entidad planteó que “ningún derecho puede ejercerse mediante la vulneración de los derechos de otros”.

Maximiliano Cabaleyro, el dirigente camionero que fue absuelto.

Maximiliano Cabaleyro, el dirigente camionero que fue absuelto.

En esa línea, la central fabril consideró que el derecho a reclamar no puede confundirse con la decisión de impedir que una empresa opere o que sus trabajadores ingresen libremente a sus puestos. También reclamó que las instancias judiciales correspondientes revisen los alcances de la sentencia.

La CAC adoptó un tono más duro. Expresó su “más honda consternación” ante la absolución y afirmó que la decisión implica un aval a prácticas contrarias a la ley. “La impunidad es siempre lamentable”, señaló la entidad, que reconoció el derecho de huelga consagrado en la Constitución, pero rechazó que ese principio ampare acciones violentas o coercitivas.

La cámara mercantil también advirtió sobre las consecuencias económicas de este tipo de decisiones. Según sostuvo, los fallos que considera un aval a la violencia en los ámbitos de trabajo “no solo erosionan los pilares de la convivencia ciudadana, sino que también desalientan la inversión y minan las posibilidades de progreso económico y social”.

Por su parte, Camarco expresó su “profunda preocupación” y remarcó que ningún reclamo puede justificar que se impida el funcionamiento de una actividad productiva ni que se vulnere el derecho al trabajo. 

“Avalar estas prácticas representa un grave retroceso para la seguridad jurídica, pilar esencial para la inversión, el empleo formal y el desarrollo del país”, afirmó la entidad de la construcción.

Fuente: https://www.clarin.com/